El diagnóstico es directo y no deja margen para matices. «La situación actual de la forestoindustria en el Chaco a marzo de 2026 es de alerta máxima y parálisis operativa agónica terminal», resumió el empresario forestal, quien además integra la Cámara de Exportadores de Carbón Vegetal.
Aunque el sector había logrado cerrar 2025 con números positivos en materia de exportaciones -especialmente en productos como el extracto de quebracho y el carbón vegetal-, el inicio de este año marcó un quiebre abrupto. A las dificultades estructurales se sumaron factores coyunturales que terminaron de desordenar el funcionamiento de la actividad.
Algo similar ocurre desde hace tiempo en el nordeste de Corrientes, donde varios aserraderos atraviesan problemas críticos de competitividad, donde solo logran sobrevivir aquellos que abastecen mercados externos con tablas de pino. Industrias forestales pequeñas o familiares que abastecen en mayor medida el mercado interno ven como la caída de la construcción y la obra pública genera zozobra puertas adentro del aserradero.
En ese sentido, Hernández enumeró una sucesión de golpes que, según su visión, fueron erosionando la viabilidad del negocio chaqueño: «Fueron calificativos de depredadores, luego los precios, luego los puntos de salida para la exportación, los precios, y lo más terrible fue la veda judicial incomprensible, que terminó pulverizando la actividad y ahora, que se repuso el orden por decisión de la misma justicia, nos encontramos con una cadena de pagos rotas, la pérdida de mercados y con una gran incertidumbre».
El impacto no es solo productivo, sino también financiero. La proliferación de cheques rechazados y la falta de liquidez forzaron a muchas operaciones a pasar a modalidad de contado, lo que dejó a numerosos actores fuera del circuito comercial. A esto se suma el peso de haber sostenido estructuras laborales durante semanas sin actividad plena.
«La actividad que mayor mano de obra da en la provincia en forma directa, hoy está en terapia intensiva», graficó Hernández en el mismo reportaje.
En paralelo, los costos siguen presionando sobre la rentabilidad. El aumento de insumos, particularmente el gasoil y los costos asociados a la mano de obra, junto con un tipo de cambio que -según el empresario- no logra mejorar los márgenes, completan un escenario adverso.
También cuestionó el esquema de aportes laborales, al señalar que «se pagan los aportes más caros del mundo sin contraprestación», lo que ubica al sector en desventaja frente a otras provincias.
En el plano productivo, las condiciones climáticas tampoco ayudaron. Las altas temperaturas y las lluvias del verano redujeron temporalmente la actividad, en un contexto que ya venía condicionado por la incertidumbre jurídica.
Durante aproximadamente dos meses, explicó, la actividad quedó sin amparo legal por decisiones judiciales, lo que profundizó la parálisis.
Frente a este escenario, desde el sector reclaman medidas excepcionales. Hernández planteó la necesidad de que el gobierno chaqueño declare la Emergencia Forestal, no como un pedido de asistencia directa, sino como un marco que permita agilizar herramientas para sostener la actividad.
«En la suma de todas estas situaciones extraordinarias, se necesitan medidas extraordinarias», sostuvo, al tiempo que aclaró que el objetivo es «poder darle al sector unas herramientas más ágiles y dinámicas para poder adaptarse y sobrevivir».
El trasfondo social del problema también aparece como una de las principales preocupaciones. Según el empresario, la forestoindustria sostiene a decenas de miles de familias en la provincia, un entramado que comienza a deteriorarse al ritmo de la crisis.
«Toda la contención socioeconómica que sostiene a las más de 35 mil familias, se están degradando y la segunda red que debe contener son las intendencias», advirtió.
