El Gobierno argentino, encabezado por Javier Milei, resolvió declarar persona no grata al principal diplomático de Irán en el país, Mohsen Soltani Tehrani, quien se desempeñaba como encargado de negocios ad interim.
La medida implica su expulsión del territorio nacional en un plazo máximo de 48 horas, en una decisión que representa un fuerte gesto político en el plano internacional.
La disposición fue comunicada oficialmente por el canciller Pablo Quirno, quien invocó el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas para formalizar la medida.
Este instrumento jurídico habilita a los Estados a declarar persona no grata a representantes diplomáticos sin necesidad de justificar la decisión, consolidando así un mecanismo reconocido en el derecho internacional.
Desde la Cancillería se informó que Soltani Tehrani fue notificado de la resolución y deberá abandonar el país dentro del plazo establecido. El diplomático era el principal representante del régimen iraní en la Argentina desde diciembre de 2021, cuando sus credenciales fueron aceptadas durante la presidencia de Alberto Fernández.
La medida se produce en un contexto de creciente tensión internacional en Medio Oriente y evidencia un endurecimiento de la política exterior argentina hacia Irán.
En términos diplomáticos, la expulsión del máximo representante implica una ruptura significativa en los canales de diálogo bilateral, en un escenario global caracterizado por conflictos y reposicionamientos estratégicos.
ESCALADA DE TENSIONES Y MARCO INTERNACIONAL
La decisión del Gobierno argentino se vincula con la reciente reacción de Irán ante la determinación de la Argentina de declarar como organización terrorista al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.
Esta medida generó una respuesta inmediata por parte del régimen iraní, que cuestionó con dureza la postura adoptada por el país sudamericano.
En un comunicado difundido a través de su embajada en Uruguay, el gobierno iraní expresó: “Esta medida no solo perjudica seriamente las relaciones bilaterales entre Argentina e Irán, sino que también establece un precedente peligroso en las relaciones internacionales y genera responsabilidad internacional para el gobierno argentino”.
La declaración anticipó el tono de confrontación que luego se profundizó con la expulsión del diplomático.Posteriormente, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní se calificó la decisión argentina como una “acción ilegal” y una “declaración inapropiada”.
En el mismo mensaje, se sostuvo: “Esta decisión, que parece haberse tomado bajo la influencia del régimen ocupante y genocida sionista y de Estados Unidos, constituye una continuación del enfoque erróneo del gobierno argentino».El régimen iraní también consideró la medida como un “error estratégico y un insulto injustificable al pueblo iraní”.
Además, advirtió que tanto el presidente Javier Milei como el canciller Pablo Quirno “se convirtieron en cómplices de los crímenes cometidos y quedaron del lado equivocado de la historia” al alinearse con los ataques de Estados Unidos e Israel.
MEDIDAS INTERNAS Y ANTECEDENTES JUDICIALES
En paralelo, el Gobierno argentino avanzó con la incorporación del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento. Esta inclusión implica su declaración formal como organización terrorista dentro del país y habilita la aplicación de medidas restrictivas.
Entre las consecuencias inmediatas de esta decisión se encuentra el congelamiento administrativo de bienes, dinero y activos de la entidad, así como la prohibición de operar en el sistema financiero nacional.
Asimismo, toda actividad vinculada a esta organización deberá ser reportada a la Unidad de Información Financiera, lo que establece un esquema de monitoreo y control permanente.
El Gobierno fundamentó estas acciones al señalar que “las investigaciones judiciales y los trabajos de inteligencia” determinaron que los atentados ocurridos en la Argentina fueron “planificados, financiados y ejecutados con participación directa del régimen iraní y de operativos de la Guardia Revolucionaria”.
En ese marco, también se mencionó a Ahmad Vahidi, acusado por el atentado a la sede de la mutual judía en 1994 y recientemente designado como comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria. Su figura continúa siendo un punto de conflicto en las relaciones entre ambos países.