La totalidad de los intendentes peronistas y diputados del interbloque del Frente Chaqueño emitió un comunicado en el que cuestiona con severidad la gestión del gobernador Leandro Zdero, denunciando abandono institucional, trato discriminatorio hacia los municipios opositores y el traslado de responsabilidades sin los recursos necesarios.
El documento expone un diagnóstico crítico de la situación provincial y reclama la apertura de un canal de diálogo que garantice equidad y respeto democrático en la administración de los fondos públicos.
El pronunciamiento, firmado por treinta y seis intendentes e intendentas junto a legisladores provinciales, describe un escenario de deterioro social y económico en el Chaco. Los jefes comunales advierten sobre el impacto de las políticas nacionales y provinciales en la calidad de vida de la población, señalando que la falta de respuestas agrava las condiciones estructurales de la provincia.
El comunicado, sostiene que los municipios enfrentan una creciente presión financiera y operativa debido a la descentralización de responsabilidades sin el correspondiente respaldo presupuestario.
En ese sentido, los intendentes sostienen que la ausencia de políticas coordinadas limita la capacidad de respuesta ante las demandas sociales más urgentes.
Como cierre del documento, los firmantes dirigen un pedido directo al mandatario provincial con la frase: «Convoque a los 70 de la provincia», en alusión a la totalidad de los jefes comunales chaqueños. La solicitud expresa el deber de establecer instancias de diálogo institucional para abordar de manera conjunta los desafíos que enfrenta el territorio.
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA
Los intendentes peronistas detallan en el comunicado una serie de problemáticas que atribuyen a decisiones gubernamentales que, según sostienen, afectan de manera directa a la población. Entre ellas se destaca la situación crítica del sistema sanitario, que atraviesa dificultades estructurales vinculadas a la escasez de insumos esenciales para la atención médica.
El documento advierte que la emergencia social se profundiza debido al aumento de la pobreza y la creciente cantidad de familias que enfrentan dificultades para acceder a alimentos. Esta situación, según los firmantes, exige una intervención estatal integral y coordinada para garantizar condiciones básicas de subsistencia.
Asimismo, se señala que las tarifas eléctricas han experimentado incrementos que, en numerosos casos, superan el 700%, lo que convierte al servicio en un costo inaccesible para amplios sectores de la población. Este aumento, indican, repercute de manera directa en la economía doméstica y en la actividad productiva regional.
En el plano laboral, el comunicado advierte que los trabajadores estatales y docentes registraron una pérdida del poder adquisitivo y una merma en sus derechos laborales.
Esta situación, según los intendentes, repercute negativamente en el funcionamiento del Estado y en la prestación de servicios esenciales.
INFRAESTRUCTURA Y SECTOR PRODUCTIVO
Otro de los puntos centrales del pronunciamiento se refiere al estado de la infraestructura rural, particularmente al abandono de los Consorcios Camineros. Según los firmantes, esta situación ha derivado en el deterioro de la red terciaria de caminos, afectando la conectividad y el desarrollo productivo.
El documento también menciona la falta de respaldo a los Consorcios de Servicios Rurales, cuya inactividad repercute en los pequeños y medianos productores. Esta problemática impacta en la logística agrícola y limita la competitividad de las economías regionales.
Los intendentes subrayan que el abandono de estas estructuras debilita la integración territorial y compromete el abastecimiento interno.
En este contexto, reclaman políticas públicas que garanticen el mantenimiento de la infraestructura y el acompañamiento al sector rural.
Asimismo, advierten que la ausencia de inversión en caminos y servicios rurales incide en la calidad de vida de las comunidades del interior, profundizando las desigualdades territoriales y obstaculizando el desarrollo económico provincial.
Trato discriminatorio
El aspecto más contundente del comunicado se vincula con la denuncia de una distribución inequitativa de los recursos provinciales. Los firmantes sostienen que existe una asignación desigual de aportes no reintegrables en función de la afinidad política de los municipios.
Según los datos consignados en el documento, los municipios alineados con el gobierno provincial concentran el 87,4% de los recursos, mientras que las comunas opositoras reciben apenas el 12,6% restante. Esta situación es considerada por los intendentes como una grave distorsión del principio de equidad.
En este sentido, el texto afirma: «Existe un trato discriminatorio hacia los municipios opositores por parte del gobierno provincial». La declaración expone una crítica directa a la gestión de los fondos públicos y cuestiona su distribución.
Los firmantes sostienen que esta desigualdad atenta contra el federalismo y la autonomía municipal, generando asimetrías que repercuten en la prestación de servicios esenciales y en el desarrollo equilibrado del territorio.
Pacto chaqueño y exigencias institucionales
En otro tramo del comunicado, los intendentes recuerdan la convocatoria realizada por el gobernador al inicio de su mandato para suscribir el denominado Pacto Chaqueño. Según señalan, este compromiso no fue cumplido, lo que generó malestar en los gobiernos locales.
El documento expresa: «Solicitamos al gobernador que cumpla con el Pacto Chaqueño al que nos convocó a días de haber asumido. Los intendentes e intendentas también fuimos elegidos por el pueblo y trabajamos en defensa de nuestras comunidades».
Los jefes comunales destacan la necesidad de establecer acuerdos institucionales que permitan articular políticas públicas con criterios de equidad y cooperación entre la provincia y los municipios. Esta demanda se inscribe en el marco de un reclamo por mayor previsibilidad y diálogo.
Asimismo, el pronunciamiento enfatiza la importancia de garantizar el respeto a la autonomía municipal y de fortalecer los mecanismos de coordinación intergubernamental para afrontar los desafíos sociales y económicos.
Posiciones de amplio alcance
El comunicado cuenta con el respaldo de 36 intendentes e intendentas de distintas localidades chaqueñas, lo que evidencia la amplitud territorial del reclamo y su representación política dentro del peronismo provincial.
Entre los firmantes se encuentran jefes comunales de diversas regiones, incluidos los municipios del sudoeste y del centro provincial, como Corzuela, Hermoso Campo, Gancedo, General Capdevila, Los Frentones y Enrique Urien.
La lista incluye también a intendentes de localidades estratégicas como Barranqueras, Castelli, Machagai, Pampa del Indio, Puerto Bermejo, Puerto Vilelas y Margarita Belén, entre otras, lo que refuerza la dimensión institucional del documento.
Asimismo, figuran representantes de municipios como Las Garcitas, La Leonesa, El Sauzalito, Fuerte Esperanza, Avia Terai, Colonia Benítez, Samuhú, General San Martín, Isla del Cerrito, Presidencia de la Plaza y Capitán Solari, consolidando el alcance provincial del pronunciamiento.
El comunicado concluye con un llamado institucional al gobernador: «Gobernador, tenga un gesto de respeto democrático e institucional y convoque a los 70 de la provincia. Este no es tiempo para funcionarios tribuneros, es tiempo de asumir responsabilidades y de gobernar para todos los chaqueños».