El diputado Santiago Pérez Pons apuntó contra el juez interviniente y advirtió sobre posible encubrimiento en una investigación por millonarias pérdidas con fondos públicos.
«𝐂𝐔𝐀𝐍𝐃𝐎 𝐈𝐍𝐒𝐈𝐒𝐓𝐈𝐌𝐎𝐒 𝐂𝐎𝐍 𝐋𝐀𝐒 𝐈𝐌𝐏𝐔𝐓𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍𝐄𝐒, 𝐀𝐏𝐀𝐑𝐄𝐂𝐄𝐍 𝐋𝐎𝐒 𝐀𝐌𝐈𝐆𝐎𝐒. Por algunos medios verán estas noticias. Les adelanto, MIENTE BRUNITO», parte del posteo del diputado Pérez Pons en sus redes sociales.
La causa que investiga presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos en Presidencia Roque Sáenz Peña sumó un nuevo capítulo de alto voltaje político y judicial. El diputado provincial Santiago Pérez Pons denunció maniobras para frenar el avance del expediente contra el intendente Bruno Cipolini y cuestionó la imparcialidad del juez que interviene en el caso.
El origen del conflicto: inversiones de riesgo con dinero público
La investigación se inició a partir de una denuncia penal presentada por Pérez Pons contra Cipolini, la secretaria de Economía Alejandra Quintana y el secretario de Gobierno Diego Landriscina.
Según la acusación, el Ejecutivo municipal habría destinado fondos públicos a instrumentos financieros de alto riesgo dentro del Mercado Argentino de Valores, a través de la Bolsa de Comercio del Chaco, sin autorización del Concejo ni respaldo presupuestario.
El punto más delicado es que esas operaciones se habrían realizado en segmentos “no garantizados”, lo que implica asumir directamente el riesgo de incumplimiento por parte de empresas privadas.
De acuerdo a la denuncia, parte de los cheques emitidos en esas operatorias fueron rechazados al momento del cobro, generando un presunto perjuicio económico.
Pérdidas millonarias y un municipio en rojo
Las estimaciones incluidas en la causa hablan de pérdidas cercanas a los 2.500 millones de pesos para el municipio, dentro de un esquema que habría generado hasta 12.000 millones en pérdidas en el mercado.
El planteo judicial también advierte que parte de los fondos invertidos podría haber tenido destino específico, como servicios públicos, programas sociales u obras.
El contexto financiero agrava el escenario:
los propios presupuestos municipales proyectan déficits superiores a los 9.200 millones de pesos en 2025 y más de 19.000 millones en 2026.
“¿Cómo puede un municipio con déficit estructural destinar fondos a inversiones especulativas de alto riesgo?”, cuestionó Pérez Pons.
Denuncian falta de imparcialidad del juez
El conflicto escaló en las últimas horas cuando el legislador denunció que el juez de la causa fue recusado por su espacio debido a supuestos vínculos personales y políticos con el intendente.
Según afirmó, el magistrado:
- Tendría relación directa con el entorno de Cipolini
- Mantendría vínculos indirectos a través de su pareja con el Ejecutivo municipal
“El juez no tiene imparcialidad. Quieren tapar los delitos de sus amigos”, sostuvo el diputado.
Apartamiento y apelaciones en marcha
Pérez Pons también cuestionó la decisión judicial de apartarlo como querellante en la causa, medida que ya fue apelada.
En paralelo, la recusación del magistrado deberá ser analizada por instancias superiores.
“La medida está apelada, vamos a seguir siendo parte del proceso”, aseguró.
Posibles delitos bajo investigación
La Justicia busca determinar si existieron delitos como:
- Malversación de caudales públicos
- Incumplimiento de deberes de funcionario público
- Negociaciones incompatibles con la función pública
Además, se ordenaron medidas para reconstruir el circuito del dinero y analizar si hubo un perjuicio concreto para el Estado municipal.
La respuesta del municipio
Desde el entorno del intendente Cipolini sostienen que las operaciones se realizaron dentro del marco legal y que el propio municipio también habría sido afectado por la operatoria, por lo que analizan acciones para recuperar fondos.
Por su parte, desde la Bolsa de Comercio del Chaco indicaron que se trató de inversiones en segmentos de mayor riesgo, donde los inversores asumen eventuales pérdidas a cambio de una mayor rentabilidad.
Un caso que impacta en la política local
El expediente no solo pone bajo la lupa la gestión municipal, sino que también abre interrogantes sobre el funcionamiento del sistema judicial en la provincia.
Con acusaciones cruzadas, apelaciones en curso y un clima de creciente tensión, la causa se perfila como uno de los casos políticos y judiciales más relevantes en Sáenz Peña.
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