En los primeros cuatro meses de 2026 se registraron en la Argentina 90 femicidios, lo que equivale a una muerte violenta por razones de género cada 32 horas. El dato surge del último informe del Observatorio Nacional Mujeres, Disidencias, Derechos de Mumala, que además contabilizó 356 intentos de femicidio en el mismo período.
El relevamiento, que abarca desde el 1 de enero hasta el 30 de abril, volvió a encender las alarmas sobre la persistencia de la violencia extrema y la falta de políticas eficaces para prevenirla.
El informe fue presentado en un contexto que las organizaciones calificaron como crítico, atravesado por discursos negacionistas y una reducción en las herramientas estatales de prevención y asistencia.
Desde Mumala advirtieron que los números «demuestran hechos reales, vidas interrumpidas por la violencia extrema y por un Estado que no garantiza protección efectiva ni abordajes a tiempo» .
De acuerdo con el registro, del total de casos, 67 correspondieron a femicidios directos, 4 a femicidios vinculados, 3 a trans/travesticidios, 11 a crímenes en contextos de narcotráfico o economías delictivas y 5 a suicidios feminicidas. A estas cifras se suman además otras muertes violentas en investigación y delitos asociados a la violencia de género.
Uno de los datos más alarmantes es la cantidad de intentos de femicidio: 356 en apenas cuatro meses, lo que implica casi cuatro tentativas por cada asesinato consumado. Este indicador expone la magnitud de la violencia y la frecuencia con la que las mujeres y disidencias quedan al borde de perder la vida.
El hogar, el lugar más peligroso
El informe confirmó una tendencia sostenida en los últimos años: el lugar más inseguro para las víctimas sigue siendo su propio hogar. El 67% de los femicidios ocurrió en la vivienda de la víctima o en el domicilio compartido con el agresor, mientras que solo el 14% tuvo lugar en la vía pública.
En cuanto al vínculo con el victimario, el 50% de los casos fue cometido por parejas o ex parejas, lo que vuelve a poner en evidencia la centralidad de la violencia en relaciones afectivas.
A esto se suman un 13% de crímenes perpetrados por familiares y un 11% vinculados a bandas delictivas o sicarios .
La edad promedio de las víctimas fue de 38 años, aunque el informe destacó que también hubo 8 niñas y adolescentes asesinadas y 8 adultas mayores. «La violencia de género atraviesa todas las edades y condiciones sociales», señalaron desde el Observatorio.
niveles de violencia
Respecto a la modalidad de los crímenes, el uso de armas de fuego encabezó la lista con el 28% de los casos, seguido por armas blancas con el 26%. También se registraron femicidios por asfixia (12%), golpes (10%) y otras formas de extrema violencia, como torturas o caídas provocadas.
Además, en el 14% de los casos se detectaron mecanismos para ocultar o deshacerse del cuerpo de la víctima, entre ellos descuartizamientos, enterramientos o abandono en basurales y cursos de agua, lo que evidencia un nivel de violencia extrema y planificación posterior al crimen.
Otro aspecto relevante es que el 17% de los femicidas se suicidó tras cometer el hecho, mientras que un 8% lo intentó. A su vez, el 29% se dio a la fuga inicialmente, y una parte de ellos permanecía prófuga al momento del relevamiento .
Falta de denuncias y respuestas
Uno de los puntos más críticos señalados por el informe es la baja proporción de denuncias previas. Solo el 10% de las víctimas había denunciado a su agresor antes del femicidio. Este dato, lejos de confirmar discursos sobre denuncias falsas, muestra lo contrario: la mayoría de las mujeres no llega a denunciar.
«Faltan denuncias, no sobran», sostuvieron desde Mumala al cuestionar los discursos que minimizan la violencia de género. En los casos en que sí hubo denuncia, el 75% contaba con medidas de restricción o perimetrales, lo que también pone en discusión la eficacia de estos mecanismos de protección .
En este sentido, desde la organización afirmaron que «la ausencia de políticas públicas genera condiciones de desprotección» y reclamaron la restitución urgente de programas y recursos destinados a la prevención y asistencia.
Impacto en
las infancias
El informe también visibilizó el impacto de los femicidios en las familias, especialmente en niños, niñas y adolescentes. En lo que va del año, 61 menores quedaron sin madre como consecuencia de estos crímenes .
Desde Mumala denunciaron además el incumplimiento de la Ley 27.452, conocida como Ley Brisa, que establece una reparación económica para hijos e hijas de víctimas de femicidio. Según señalaron, muchos de estos niños y adolescentes no acceden a este derecho.
Distribución territorial
En el análisis por provincias, Buenos Aires concentró la mayor cantidad de casos con 35 femicidios, seguida por Santa Fe con 15 y Santiago del Estero con 6. En el caso del Chaco, el informe registró 2 femicidios en el período analizado .
En términos de tasas, las provincias con mayores niveles fueron Santiago del Estero, San Luis, Catamarca y Santa Fe. A nivel nacional, la tasa de femicidios se ubicó en 0,4 cada 100 mil mujeres.
crimen organizado
El informe incorporó un apartado específico sobre los femicidios en contextos de narcotráfico y economías delictivas, que representaron el 12% del total. En estos casos, el 89% de los agresores fueron identificados como sicarios o integrantes de bandas criminales, y en el 78% se utilizaron armas de fuego.
Desde el Observatorio advirtieron que este fenómeno viene en aumento y afecta especialmente a mujeres en situaciones de vulnerabilidad o vinculadas indirectamente a entornos delictivos.
Casos que conmocionaron
El documento también incluyó casos emblemáticos que reflejan la brutalidad de la violencia de género. Uno de ellos fue el de Sophia Civarelli, una joven (22) asesinada en Rosario por su pareja, quien luego se suicidó. «Este feminicidio perpetrado por un activista de discursos de odio no es un hecho aislado», señalaron desde la organización.
Otro caso destacado fue el de Gisele Alejandra Ruocco, cuyo cuerpo fue encontrado enterrado en el patio de la vivienda de su pareja en el conurbano bonaerense. Fue su propio hijo (12), quien la reconoció.
Estos hechos, remarcaron, evidencian no solo la violencia extrema, sino también la impunidad y la falta de prevención.
Reclamo de emergencia
Ante este panorama, Mumala reiteró su pedido de declarar la emergencia nacional en violencias de género. «Exigimos al Estado argentino restablecer de manera urgente las políticas públicas para cumplir con sus obligaciones en prevención, asistencia y acompañamiento», expresaron.
La organización sostuvo que la situación requiere una respuesta integral que incluya recursos económicos, dispositivos de protección efectivos y campañas de prevención sostenidas en el tiempo. El informe concluyó que los feminicidios no son hechos aislados sino la expresión más extrema de una violencia estructural basada en desigualdades de género. «Se trata de relaciones de poder asimétricas que atraviesan todos los ámbitos de la sociedad», indicaron.
A cuatro meses del inicio del año, las cifras ya configuran un escenario preocupante. Lejos de disminuir, la violencia de género se mantiene en niveles altos, mientras crecen las demandas de políticas públicas efectivas.
En ese contexto, el reclamo de «Ni una menos» vuelve a cobrar vigencia, acompañado por una exigencia concreta: respuestas urgentes para frenar una problemática que sigue costando vidas.