El Gobierno ya puso en vigencia el Decreto 306/2026 que modifica la reglamentación de la Ley Nacional de Armas. La norma introduce cambios en el acceso, la portación, la clasificación de materiales y los procedimientos administrativos, con foco en flexibilizar requisitos y actualizar criterios de control.
El punto central del decreto es un cambio de enfoque: el acceso y la portación de armas no podrán estar sujetos a limitaciones «desproporcionadas». En la práctica, esto abre la puerta a criterios más amplios para habilitar usuarios, en contraste con el esquema previo, más restrictivo.
Al mismo tiempo, el decreto amplía la categoría de «uso civil condicional». Allí quedan comprendidas armas portátiles que no encajan en otras clasificaciones y también accesorios como silenciadores y miras nocturnas, lo que implica que podrán ser utilizados bajo condiciones específicas y con autorización estatal.
Otro cambio concreto aparece en los trámites. Se agiliza el registro de armas heredadas: los herederos ya no necesitarán una declaratoria judicial previa para inscribirlas, sino que podrán hacerlo con documentación que acredite el vínculo familiar. La medida apunta a reducir tiempos burocráticos y mantener la trazabilidad del armamento.
La actualización también reordena las categorías de armas y municiones. Por un lado, se redefine el listado de materiales de uso prohibido, donde se incluyen dispositivos para convertir armas semiautomáticas en automáticas, armas camufladas como objetos cotidianos y distintos tipos de munición con capacidad de causar mayor daño, como las perforantes, explosivas o incendiarias. La prohibición abarca no solo el uso, sino también la tenencia, transporte, importación y comercialización.
El texto oficial también incorpora modificaciones previas dispuestas en 2025, vinculadas a la modernización de los registros y a los procedimientos para personal de fuerzas armadas, policiales y de seguridad.