Luego del conflicto generado por la quita de ingresos a trabajadores del Ministerio de la Producción, este martes la Justicia Laboral hizo lugar al amparo colectivo presentado por el diputado provincial Santiago Pérez Pons junto a los damnificados, y declaró inválida la metodología utilizada por el Gobierno provincial para reducir el Fondo Estímulo Productivo.
La sentencia representa un fuerte revés judicial para la gestión de Leandro Zdero, ya que declaró nula la Resolución Ministerial N.º 71/2026, en particular sus artículos 1 y 2, por carecer de razonabilidad y fundamentación suficiente, y ordenó al Ministerio de la Producción practicar una nueva liquidación del F.E.P. correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril de 2026, así como de los períodos que se devenguen hasta el cumplimiento efectivo de la manda judicial.
El conflicto se originó a partir de la modificación de la base de cálculo del Fondo Estímulo Productivo, mediante la exclusión de conceptos que histórica y legalmente integraban su conformación, lo que provocó una caída abrupta en los ingresos de cientos de trabajadores del área productiva. En algunos casos, profesionales del sector pasaron de percibir cerca de $1.500.000 a alrededor de $600.000 mensuales.
Durante el proceso, el ministro de Producción, Oscar Dudik, debió concurrir a la Legislatura provincial a dar explicaciones ante la magnitud del impacto salarial y el reclamo sostenido de los trabajadores.
La intervención judicial fue determinante. El Juzgado Laboral N.º 3, a cargo del juez Sergio Bosch, no solo cuestionó la metodología aplicada por el Gobierno, sino que además ordenó al Ministerio dictar, en el plazo de 60 días, un nuevo acto administrativo con estricto apego a la Ley N.º 2398-I. También dispuso que se determinen las diferencias entre lo efectivamente abonado y lo que correspondía liquidar conforme a derecho, con intereses por mora.
TRABAJADORES ORGANIZADOS
Pérez Pons remarcó que la resolución judicial es consecuencia directa de la organización de los trabajadores: “Sin la lucha de los trabajadores, este recorte pasaba desapercibido y no se revertía. Hubo una decisión política de avanzar sobre el salario y los derechos de los trabajadores, y el freno a ese atropello vino de los lugares que corresponden en democracia: el reclamo colectivo, la organización del sector y la intervención de la Justicia.”
En ese sentido, cuestionó duramente la política salarial del Gobierno provincial:
“Estamos frente a un Gobierno insensible, que intentó recortar de manera brutal el ingreso de trabajadores que cumplen funciones clave para la producción chaqueña. Si no levantaban la voz, hoy estarían cobrando mucho menos. La Justicia confirmó que no se puede ajustar el salario de los trabajadores mediante decisiones arbitrarias y sin fundamento suficiente.”
Pérez Pons subrayó que el impacto fue especialmente grave en profesionales, técnicos y trabajadores del área productiva, quienes vieron reducidos drásticamente sus ingresos de un mes a otro.
“No estamos hablando de privilegios. Estamos hablando de salarios. De familias chaqueñas. De trabajadores que sostienen áreas fundamentales del Estado y a quienes les sacaron una parte enorme de su ingreso de un día para el otro.”
El legislador remarcó que el fallo deja una señal clara sobre los límites que debe tener cualquier decisión del Poder Ejecutivo:
“Gobernar no es ajustar primero y explicar después. El Gobierno quiso avanzar sobre derechos adquiridos, aplicar una metodología arbitraria y trasladar el costo del ajuste a los trabajadores. La Justicia puso un límite.”
Finalmente, Pérez Pons sostuvo que este fallo marca un precedente institucional y político de enorme importancia:
“Este resultado demuestra que cuando los trabajadores se organizan, cuando la política acompaña y cuando la Justicia actúa, los atropellos se pueden frenar. Con los trabajadores de Producción le ganamos al ajuste del Gobierno.”
El recorrido del conflicto deja en evidencia que la restitución de derechos no fue automática ni voluntaria. Comenzó con la denuncia de recortes salariales a comienzos de 2026, se profundizó con la caída concreta de ingresos en febrero, continuó con asambleas, movilizaciones y la interpelación al ministro en la Legislatura y culminó con una sentencia que obliga al Ministerio de la Producción a recalcular el Fondo Estímulo Productivo conforme a la Ley N.º 2398-I.
La decisión judicial es clara: el Gobierno podía revisar el régimen, pero no podía hacerlo de manera arbitraria, sin fundamentación suficiente y afectando de forma directa ingresos de naturaleza alimentaria. En ese punto, el fallo constituye una victoria de los trabajadores y un límite institucional al ajuste sobre el salario público.