El interbloque Frente Chaqueño presentó ayer una denuncia ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) contra el ministro de Salud del Chaco, Sergio Rodríguez, y la subsecretaria Mariela Mercadín por el caso de la denominada «médica trucha» que habría trabajado durante meses dentro del sistema sanitario provincial.
La presentación se realizó en la sede de la FIA, ubicada en Juan B. Justo 66, en Resistencia, mientras que en simultáneo también se impulsó una denuncia penal en Sáenz Peña.
Tras concretar la denuncia, referentes del bloque señalaron que la falsa profesional se desempeñó «por lo menos hace ocho meses» dentro del sistema de salud provincial y aseguraron contar con pruebas que indicarían que distintas áreas tenían conocimiento de la situación.
La presentación incluye documentación que acredita que la falsa médica figuraba en planillas internas de guardia, tenía asignaciones regulares dentro del hospital, percibía pagos -incluso a través de aplicaciones- y firmaba documentación oficial sin que se activara ningún mecanismo de control.
«Esto no pasó en la oscuridad. Estaba en las planillas, en los cronogramas, en los registros. Todos lo sabían o debían saberlo», sostuvieron.
Entre las pruebas aportadas se encuentran registros de guardias, cronogramas mensuales, comprobantes de transferencias, documentación firmada de puño y letra y actuaciones administrativas que evidencian que la situación era visible dentro del sistema sanitario.
Uno de los puntos más graves del caso es que la mujer firmó actas de defunción de más de 10 pacientes durante el período en el que ejerció sin título.
«Hay más de 10 familias que fueron a buscar atención médica y terminaron velando a sus seres queridos. Esto no es un error administrativo: es una falla estructural que tiene consecuencias humanas», remarcaron.
Desde el Frente Chaqueño señalaron que el problema excede a una persona y expone el deterioro del sistema de salud provincial.
«Falló el privado, falló el hospital y falló el Estado. Cuando nadie controla, el sistema se rompe. Y cuando el sistema se rompe, el costo lo pagan las familias», afirmaron.
En ese sentido, la denuncia alcanza al ministro Rodríguez y a funcionarios del área, por su responsabilidad en la falta de controles y supervisión.
Además, el legislador advirtió sobre la gravedad institucional del caso: «Si esto pasó durante tanto tiempo sin que nadie intervenga, la pregunta es inevitable: ¿cuántas situaciones más puede haber en otros hospitales?».
Finalmente, exigieron que la Justicia avance con celeridad y que se determinen responsabilidades políticas.
«No alcanza con mirar para otro lado. Cuando fallan todos los controles, las responsabilidades son de las máximas autoridades. Y alguien tiene que hacerse cargo», concluyeron.
