El concejal del Partido Justicialista de Sáenz Peña, Leonardo Arrudi, entrevistado por «La otra campana», el programa clásico radial que se emite todos los domingos por LT7 Radio Corrientes y LT25 Radio Guaraní con la conducción de Gustavo Ojeda en compañía de Facundo Sagardoy, cuestionó con dureza el funcionamiento institucional del Ejecutivo municipal.
El edil confirmó que las decisiones vinculadas a las inversiones financieras realizadas con fondos públicos, hoy bajo objeto de análisis en el marco de la causa judicial que investiga el destino de más de $1.800 millones, fueron ejecutadas sin la autorización del Concejo Deliberante.
Arrudi remarcó que el cuerpo legislativo fue omitido deliberadamente en operaciones que requerían aval parlamentario y estaban sujetas a restricciones legales específicas.
Además, enfatizó que la administración municipal encabezada por el intendente Bruno Cipolini avanzó en inversiones «en tramos no garantizados» dentro de la Bolsa de Comercio del Chaco, pese a que la legislación vigente solo habilita a los municipios a operar bajo mecanismos financieros garantizados.
El dirigente justicialista remarcó que uno de los aspectos más graves del caso fue el desplazamiento del Concejo Deliberante de las decisiones económicas centrales. «No tenía la autorización del Concejo», expresó en relación con las operaciones financieras realizadas por el Ejecutivo municipal, subrayando que la exclusión institucional formó parte de un esquema de administración concentrada y sin controles efectivos.
Aseguró que desde el bloque opositor se impulsaron pedidos de informes y solicitudes de acceso a la información pública para conocer los detalles de las inversiones, aunque señaló que no obtuvieron respuestas oficiales. Según explicó, las solicitudes fueron realizadas tanto dentro del ámbito legislativo como en carácter de ciudadanos, ante la falta de precisiones sobre el destino de los recursos públicos comprometidos.
El concejal también vinculó el funcionamiento político del Concejo con las condiciones que permitieron el desarrollo de las operaciones investigadas.
En ese sentido, afirmó que el oficialismo cuenta con una «mayoría absoluta» que le permite aprobar iniciativas sin obstáculos internos, situación que, según sostuvo, debilitó los mecanismos de control sobre el Ejecutivo municipal.
EL FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO Y LA ACUSACIÓN DE «ESCRIBANÍA»
Arrudi describió al Concejo Deliberante de Sáenz Peña como un órgano que perdió capacidad de contrapeso institucional frente al Ejecutivo. «El Concejo Deliberante, lejos de asumir sus funciones de control y de custodio de los bienes de todos los saenzpeñenses, se ha transformado hace mucho tiempo en una escribanía», declaró durante la entrevista.
El edil explicó que la composición actual del cuerpo legislativo favorece ampliamente al oficialismo. Señaló que el bloque opositor está integrado por tres concejales frente a seis representantes alineados con el intendente, lo que, a su criterio, permitió la consolidación de un esquema político sin límites internos para la toma de decisiones administrativas y financieras.
Dentro de ese contexto, Arrudi sostuvo que las inversiones cuestionadas fueron posibles por «un desmanejo que ya hace mucho tiempo se viene advirtiendo». Según afirmó, desde su asunción en diciembre de 2023 el bloque opositor venía señalando irregularidades en la utilización de recursos municipales y cuestionando la forma en que el Ejecutivo administraba los bienes públicos.
La investigación judicial se centra en operaciones financieras realizadas mediante la Bolsa de Comercio del Chaco, donde, de acuerdo con las declaraciones del concejal, se adquirieron cheques no garantizados emitidos por particulares y empresas privadas.
Por otra parte, mencionó específicamente a la firma Estancia Real SRL y a una persona identificada como Médula como parte de las operatorias investigadas.
El dirigente peronista consideró que el esquema institucional vigente facilitó la concreción de decisiones sin discusión parlamentaria previa. «El intendente hace y deshace como quiere por el uso de esta mayoría absoluta», afirmó, al cuestionar el nivel de concentración política en el gobierno local y la ausencia de controles efectivos sobre el manejo financiero del municipio.
Acusaciones penales
En relación con el avance de la causa, Arrudi confirmó que el secretario de Gobierno en uso de licencia, Diego Landriscina, fue citado a declaración indagatoria. Según explicó, la denuncia impulsada por concejales opositores y el diputado provincial Santiago Pérez Pons incluye acusaciones por malversación de fondos públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público, negocios incompatibles con la función y malversación por sustracción.
El concejal sostuvo que las responsabilidades penales no se limitan únicamente al funcionario citado, sino que también alcanzan al intendente Bruno Cipolini y a la secretaria de Economía, identificada como la contadora Quintana. En ese sentido, afirmó que continúan reclamando judicialmente nuevas imputaciones vinculadas a la operatoria financiera.
Arrudi señaló además que la propia declaración de la secretaria de Economía aportó elementos relevantes para la investigación.
Según indicó, de allí surgió la frase «levantaba el teléfono y decía adónde debía ir la plata», expresión que, de acuerdo con su interpretación, reflejaría un mecanismo de decisiones informales sobre recursos públicos sin procedimientos administrativos regulares.
«Vemos la impunidad de cómo se manejan sin ningún tipo de papeleo», expresó el concejal al referirse al supuesto circuito de administración financiera denunciado. También afirmó que el manejo de millones de pesos se realizaba al margen de formalidades administrativas que deberían regir en el funcionamiento estatal.
Otro de los puntos señalados por Arrudi fue la doble función que, según denunció, cumplía Diego Landricina dentro del esquema financiero municipal.
El edil afirmó que el funcionario actuaba como operador de la cuenta comitente del municipio y, al mismo tiempo, percibía comisiones derivadas de las inversiones realizadas. Según sostuvo, en uno de los últimos movimientos habría cobrado alrededor de $15 millones.
Convenios cuestionados
Arrudi cuestionó también los convenios posteriores celebrados por el municipio con la Bolsa de Comercio y con Estancia Real SRL. Según indicó, ambos acuerdos fueron aprobados por el Concejo Deliberante con el acompañamiento de la mayoría oficialista y, a su entender, responden a una estrategia orientada a disminuir el impacto judicial de las denuncias.
El concejal explicó que el acuerdo con Estancia Real contempla un esquema de pagos en cuotas para cubrir aproximadamente $800 millones. Indicó que el cronograma prevé un desembolso inicial reducido y un pago final considerable previsto para el próximo año electoral, situación que consideró perjudicial para el erario público municipal.
Según Arrudi, las empresas involucradas poseen capacidad económica suficiente para afrontar obligaciones en plazos más breves. Por ello, cuestionó que el municipio haya aceptado condiciones de financiamiento extensas y con tasas que, a su criterio, resultan desfavorables frente al contexto inflacionario argentino.
Las inversiones investigadas, afirmó, fueron realizadas en «tramos no garantizados», algo que definió como expresamente prohibido para los municipios.
En ese sentido, insistió en que la operatoria no solo careció de autorización legislativa, sino que además se habría ejecutado en contradicción con los marcos normativos vigentes para la administración pública.
El dirigente opositor vinculó directamente estas decisiones financieras con la pérdida de recursos que, según sostuvo, debían destinarse a obras y servicios esenciales. «Los saenzpeñenses teníamos alrededor de 1.800 millones líquidos dispuestos para poner en la gestión diaria del municipio», señaló al referirse al impacto económico de las operaciones cuestionadas.
Fuerte impacto político en la localidad
Arrudi sostuvo que la pérdida de fondos públicos ocurre en una ciudad con múltiples déficits estructurales y sociales. Mencionó problemas vinculados a salarios municipales bajos, infraestructura urbana deteriorada, inundaciones frecuentes, deficiencias en iluminación y dificultades de acceso para servicios de emergencia en distintos barrios.
En ese contexto, afirmó que los recursos comprometidos podrían haber sido destinados a obra pública y mejoras urbanas. Recordó que el diputado Santiago Pérez Pons había señalado que con ese dinero «pudo haberse hecho ruta, pudo haberse hecho calle, pudo haberse dado trabajo en cuanto a obra pública».
El concejal también cuestionó la conformación política del gabinete municipal. Afirmó que el intendente Bruno Cipolini «decidió que el gabinete lo conformen sus amigos de la secundaria y sus amigos de la universidad», y consideró que esa estructura de vínculos personales favoreció un funcionamiento interno sin controles administrativos rigurosos.
Asimismo, sostuvo que el intendente «no podía desconocer estas situaciones» y aseguró que las decisiones financieras investigadas contaban con conocimiento interno dentro del gabinete municipal. Según explicó, la declaración de la contadora Quintana indicaría que distintos funcionarios conocían el funcionamiento de las inversiones realizadas.
Además, concluyó que la situación expuesta en la causa judicial refleja un modelo de administración pública caracterizado por la concentración de decisiones, la ausencia de controles legislativos y el uso discrecional de recursos municipales. Desde su perspectiva, la omisión del Concejo Deliberante en operaciones financieras de alto riesgo constituye uno de los ejes centrales del caso que actualmente investiga la Justicia.