Este miércoles, acorralado, el Gobierno provincial, detrás de la figura de Carolina Meiriño comunicó las acciones realizadas por el escandaloso caso. La secretaria coordinadora de Gabinete, acompañada por el ministro de Salud, Sergio Rodríguez (quién echó al denunciante); el secretario de Asuntos Estratégicos, Marcos Resico y el secretario general de la Gobernación, Julio Ferro, informó las acciones impulsadas por el Gobierno del Chaco desde el momento en que se tomó conocimiento del caso de una falsa profesional médica que habría desempeñado funciones en establecimientos sanitarios de la provincia.
Lidia Ojeda atendió a 1.232 pacientes entre mayo de 2025 y abril de 2026
El Gobierno salió a despegarse del escándalo de la “falsa médica” y apuntó contra el uso político del caso. El gobernador más allá de una respuesta liviana a los medios no encabezó ninguna conferencia de prensa para referirse específicamente sobre este escándalo sanitario.
No obstante, sus funcionarios, con un fuerte tono político, aseguraron que actuó “desde el primer momento”, se constituyó como querellante, aunque buscaron diferenciarse de “épocas donde se tapaba la verdad”.
Sin embargo, el caso expone fallas estructurales en los controles sanitarios del Estado.
El Gobierno del Chaco decidió tomar la ofensiva política y judicial en medio del escándalo por la falsa médica que habría atendido a más de mil pacientes en Quitilipi utilizando una matrícula ajena. En una conferencia encabezada por la secretaria coordinadora de Gabinete, Carolina Meiriño, junto al ministro de Salud, Sergio Rodríguez, el Ejecutivo provincial detalló las actuaciones realizadas desde abril y aseguró que “no se ocultará información”.
El mensaje oficial buscó instalar dos ejes: mostrar rapidez en la reacción institucional y, al mismo tiempo, diferenciarse de gestiones anteriores. “Nuestro Gobierno informa la verdad y la transparencia en cada situación que atravesamos, a diferencia de épocas anteriores donde la información se tapaba”, afirmó Meiriño, en una frase con fuerte carga política.
La cronología difundida por el Ejecutivo indica que el 15 de abril el director del hospital de Quitilipi (quién seguía en el cargo hasta estos últimos días en que todo se complicó) alertó sobre la presencia de una mujer identificada como Lidia Mabel Ojeda realizando guardias médicas con una matrícula profesional que luego se comprobó pertenecía a otro médico.
No obstante el caso de tomó conocimiento por la denuncia del Director de zona sanitaria Orlando Di Nubila, a quién el Gobierno terminó echando. Dato que en la conferencia se pasó por alto.
Según explicó el Gobierno, la denuncia fue impulsada en simultáneo por autoridades del hospital, del Ministerio de Salud y de la Región Sanitaria II. Posteriormente, se activaron actuaciones administrativas, denuncias penales y un operativo de búsqueda que terminó con la detención de la acusada en la provincia de Buenos Aires.
Un discurso defensivo ante una crisis institucional
Aunque el Gobierno intentó mostrar coordinación y rapidez, el caso deja al descubierto una pregunta inevitable: ¿cómo una persona sin título habilitante logró atender pacientes durante meses dentro del sistema sanitario provincial?
La propia información oficial reconoce que Ojeda realizaba guardias “de manera esporádica”, lo que abre interrogantes sobre los mecanismos de control interno, la validación de matrículas y la supervisión de personal en hospitales públicos.
El dato que más impactó en las últimas horas surgió de la investigación judicial: la mujer habría atendido a 1.232 pacientes entre mayo de 2025 y abril de 2026 en Quitilipi. La cifra transformó el caso en uno de los escándalos sanitarios más graves de los últimos años en la provincia.
En ese contexto, el Ejecutivo decidió separar preventivamente de sus cargos al director de la Región Sanitaria II y al director del hospital de Quitilipi (Alfredo Acuña). Sin embargo, la medida también puede interpretarse como un reconocimiento implícito de que existieron fallas internas que permitieron la permanencia de la falsa profesional dentro del sistema.
Alfredo Acuña fue separado de su cargo recientemente.
El Gobierno se constituye como querellante
Uno de los anuncios centrales fue la confirmación de que la Provincia se presentará como querellante en la causa judicial. Desde el Ejecutivo remarcaron que el objetivo es “llegar a la verdad real” y garantizar que los responsables respondan ante la Justicia.
La causa avanza bajo intervención de la Fiscalía de Investigación Penal Nº 3 de Presidencia Roque Sáenz Peña. La acusada enfrenta imputaciones por presunta usurpación de título, ejercicio ilegal de la medicina y otros delitos que podrían agravarse conforme avance la investigación.
El hospital de Quitilipi de donde es oriundo Zdero y dónde recibe su familia es donde trabajaba la falsa médica que atendió a 1.232 pacientes entre mayo de 2025 y abril de 2026.
Entre el impacto político y la preocupación social
El caso generó una fuerte conmoción social en Quitilipi y en toda la provincia, no solo por la gravedad institucional sino también por la angustia de cientos de pacientes que ahora desconocen quién los atendió realmente y bajo qué condiciones.
Mientras el Gobierno busca instalar la idea de transparencia y reacción inmediata, sectores opositores cuestionan la falta de controles previos y advierten que el problema no se limita a una sola persona, sino a debilidades históricas del sistema sanitario.La investigación judicial ahora intentará determinar si hubo complicidades, negligencias o fallas administrativas que facilitaron que una falsa médica pudiera desempeñarse dentro de hospitales públicos durante tanto tiempo sin ser detectada.
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