El Senador nacional y exgobernador, presidente del Partido Justicialista del Chaco, entrevistado en LA OTRA CAMPANA, cuestionó con dureza al oficialismo advirtiendo sobre un profundo deterioro de la calidad institucional y el avance de prácticas autoritarias en detrimento de la libertad de expresión. Enfatizó el deber de profundizar la reorganización del peronismo hacia 2027 para remover el modelo económico en el gobierno. Además, criticó el funcionamiento del Poder Judicial, denunció el debilitamiento del federalismo y alertó que la Argentina atraviesa un esquema “centralista, extractivista y excluyente” que perjudica a las provincias y a las economías regionales.
El senador nacional, ex gobernador y presidente del Partido Justicialista, Jorge Milton Capitanich, fue entrevistado en «La otra campana», el programa clásico radial que se emite todos los domingos por LT7 Radio Corrientes y LT25 Radio Guaraní con la conducción de Gustavo Ojeda en compañía de Facundo Sagardoy.
Así transcurrió parte del diálogo.
- Vamos a dialogar con Jorge Milton Capitanich, senador de la Nación. Se viene el 7 de junio, Día del Periodista. «Coqui» presentó un proyecto muy importante sobre libertad de expresión, a raíz de un colega nuestro detenido que simplemente preguntó en una localidad del interior del Chaco ¿cuándo llega a mi pueblo el agua?
- ¿Cómo te va? Un gran gusto saludarte y un gran abrazo para ustedes y para toda la audiencia.
- Y acá está Facundo, el hombre fuerte de La Voz del Chaco. Bueno, y que ha hecho una buena investigación sobre algo que nos duele a todos.
- En primer lugar, lo que quiero transmitir es que, con respecto al tema de producción de agua, la provincia del Chaco tuvo un plan estratégico de ejecución de 22 acueductos, de los cuales 18 finalizaron, con una extensión de la red de agua potable de una manera extraordinaria. Inclusive, nosotros hicimos la estación de bombeo en la zona norte, porque inicialmente se había hecho el acueducto tanto a Margarita Belén como a Colonia Benítez. La verdad es que pueden existir problemas de carácter provisorio, pero no tiene que ver con la infraestructura de obra, que está perfectamente funcionando. Eso tiene que ver con problemas de bombeo y provisión, pero no por falta de la infraestructura existente. La segunda cuestión es que la verdad es que es muy grave, no solamente para la libertad de expresión, sino también para el funcionamiento de las libertades públicas en la República Argentina y en la provincia del Chaco, en virtud del sistema republicano, democrático y también, obviamente, del Estado de derecho. La verdad es que cuando un periodista formula una pregunta a cualquier funcionario, más aún teniendo en cuenta que es elegido por la voluntad popular, merece no solamente la condena y el repudio de un acto que es de claro sesgo autoritario, sino que esto se inscribe también en muchas otras cuestiones sobre las que el gobierno de la provincia tiene que dar explicaciones. Por ejemplo, una falsa médica con más de 1.262 atenciones certificadas durante esta gestión, sin supervisión y con un mecanismo opaco de transferencias, pagos y registros; o como un sistema de involucramiento de policías en temas de narcotráfico, gatillo fácil y múltiples cuestiones que tienen que ver con actos de corrupción severos tanto en la provincia como en el municipio de Resistencia. Entonces, yo creo que es absolutamente necesaria no solamente la solidaridad, en este caso con Fernando, sino también garantizar que la libertad de expresión y la libertad de opinión son garantías de carácter constitucional absolutamente insoslayables y que no deben ser avasalladas por nadie ni por ningún funcionario público. Entonces, me parece que no solamente hace falta solidaridad, sino también respeto a la Constitución y la ley y, naturalmente, un ejercicio de responsabilidad por parte del sistema político en su conjunto.
- Este caso, senador, conmocionó a toda la región, y el país. Dentro del Chaco se lo veía venir, la estigmatización al ejercicio de la profesión y del oficio del periodismo en el discurso público traía este hecho a la orden del día. Y finalmente ocurrió. Algo que sucede también es la cuestión de la aparente lejanía institucional, lo que deja mucho que hablar sobre la calidad institucional. Usted presentó, rápido de reflejos, este proyecto que fue prácticamente el único que apareció ante esta situación conmocionante para todo el sector de la comunicación, que piensa: ¿En dónde estamos parados para poder hacer del día a día una mejor democracia?
- Sí, por supuesto, porque aparte yo también lo transmití el otro día, en oportunidad del requerimiento del juez Carlos Mahiques para la prolongación de cinco años más, teniendo en cuenta que tiene 75 años, en la Sala VII de la Cámara de Casación Penal. La verdad es que lo que yo vengo advirtiendo es que hay un deterioro significativo de la calidad institucional y también una tendencia, un registro autoritario, tanto en el gobierno de Milei como en el gobierno de Zdero. Y este registro autoritario es un problema serio. A mí me parece muy importante remarcar esto porque, por ejemplo, en ese caso, la designación fue realizada luego de una resolución de la Corte Suprema de Justicia invalidando 70 traslados de jueces en otras categorías. Precisamente, este juez estaba exactamente en el mismo esquema, sin concurso previo. La verdad es que puede ser una luminaria del derecho, pero no necesariamente hay que infringir lo que la Constitución establece como límite máximo de cinco años, que debe ser cumplido a rajatabla, sin ningún tipo de mecanismo para prolongar efectivamente su duración. A su vez, tenemos una Corte Suprema de Justicia de tres miembros, cuando debería ser de no menos de cinco, y el último juez designado mediante el decreto 222 del año 2005 fue Lorenzetti, en el año 2004. Eso quiere decir que hace 22 años no tenemos un sistema transparente, porque la designación de Rosenkrantz y Rosatti fue amañada en virtud de la designación en comisión, violando efectivamente los postulados del artículo 99, inciso 4, y un régimen transparente de selección, que después fue convalidado por el Senado, pero que tenía un vicio de origen. Entonces, cuando tenemos problemas de vicios de origen, de legalidad o eventualmente de legitimidad, definitivamente tenemos un problema serio, en donde es necesario discutir una Corte Suprema de Justicia de por lo menos nueve miembros, a los efectos de que la incidencia de poderes fácticos o grupos de presión y corporativos sea diluida por el número y, naturalmente, por garantías expresas. La segunda cuestión que me parece importante es el Ministerio Público Fiscal, en una transición de un sistema inquisitorio a un sistema acusatorio, con la titularidad de los fiscales en la acción penal en manos de un jefe de fiscales con mandato interino durante nueve años; o que el defensor del pueblo no se pueda elegir desde hace 17 años; o que también tengamos una convalidación del Consejo de la Magistratura en virtud de un procedimiento como la Ley 26.080, que fue declarada inconstitucional en diciembre de 2021. Se dieron 120 días para la aprobación del Congreso. Efectivamente, eso se produjo el 16 de abril del año 2022 y, a partir de ahí, el presidente de la Corte asumió el Consejo de la Magistratura, restituyendo la ley anterior, su composición y, a su vez, las tres decisiones estratégicas, como la selección de los jueces, con un mecanismo marcado de manipulación en los sistemas de exámenes, porque muchas veces las entrevistas alteran de manera sustancial los mecanismos de referencia o de puntaje de los jueces. Entonces, alguien que estaba en el puesto 27 o 14 pasa a ser primero o a integrar una terna donde no estaba en los mecanismos previos o preexistentes de evaluación. Entonces, lo que yo digo es que nosotros tenemos que ser fieles defensores de la democracia, de la República y de las instituciones. Que las instituciones funcionen bien, que esto sea un sistema transparente para que exista, por parte de todas las personas físicas y jurídicas, un Estado de derecho que garantice seguridad jurídica, porque si no garantizamos seguridad jurídica, efectivamente las inversiones no van a venir. 4.768 millones de dólares se fueron de la Argentina en los últimos 26 meses, en el gobierno liberal libertario que teóricamente dice promover la atracción de inversiones, mientras que los gobiernos que ellos repudian, como por ejemplo el de Cristina, trajeron 30.000 millones de dólares de inversión extranjera directa. Entonces, ¿cómo se explica que, por un lado, hubo 30.000 millones de dólares de inversión extranjera directa y, por el otro, en el gobierno más libertario hubo casi 5.000 millones de salida? Hay que explicar esto en el rasgo autoritario o también en el debilitamiento de las instituciones. Así que yo creo que…
- Así es, senador. Pero le interrumpo para recordarle una histórica frase: «La verdad es la única realidad». Y quiero recordar dos cuestiones que me van a llevar a una pregunta concreta. Usted habló del tema de la Justicia y de los jueces. Durante la última reforma de la Constitución Nacional, en el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral, el entonces diputado nacional constituyente José Rodolfo Martínez Llano logró destrabar el acuerdo, si se quiere, entre Duhalde y Alfonsín, en lo que se conoció como el Pacto de Olivos, respecto del tema de los jueces y la edad jubilatoria, esos 75 años a los que usted recién hacía referencia. Porque, en verdad, lo que se pretendía allí era también un intercambio de intereses y el nombre de algunos jueces para acomodar las piezas de ese entonces. Y Martínez Llano, con su participación, ante la sorpresa del propio Carlos Corach, ministro del Interior de Menem, y del mismo Eduardo Duhalde, que presidía la convención, logró zanjar esa diferencia en salvaguarda de la democracia y de la Justicia en nuestro país. De esa manera, el entonces prestigioso miembro de la Corte Suprema, el doctor Carlos Fayt, pudo continuar sin que le «cortaran la cabeza», por así decirlo. Pero lo que quiero preguntarle concretamente hoy, porque luego tendremos una participación periodística con el actual intendente de Formosa, Jorge Jofré, y después dialogaremos con Martínez Llano al final del programa, es si usted, que es un hombre fuerte en el Chaco y en la región, un dirigente importante en el Senado, coincide con Facundo y conmigo en el análisis periodístico que hacemos sobre la reorganización real, efectiva y definitiva del Partido Justicialista como fuerza opositora. Porque todo esto que usted denuncia ocurre también, en cierta manera, porque frente a la administración de Javier Milei la ciudadanía no ve una alternativa ni un partido de oposición importante como el justicialismo organizando sus piezas para cambiar este modelo. Es decir, hay también una responsabilidad institucional y partidaria de todos los justicialistas, especialmente de los dirigentes importantes del movimiento, como es su caso, de reorganizar el partido para los futuros desafíos electorales. De lo contrario —y esto hay que reconocerlo— Milei va a seguir ganando.
- A ver, primero, Milei no puede ganar una elección sobre la base de un ajuste interminable. Yo lo decía el otro día: prácticamente 25.000 pymes han cerrado en la República Argentina y se proyecta llegar a 30.000 en el transcurso del año. Segundo, cerca de 315.000 empleos formales se han destruido y podrían llegar a 350.000 en el año. Pero, además, cerca de 561.000 cotizantes del sistema de seguridad social han dejado de aportar, desde trabajadoras de casas particulares hasta monotributistas, porque efectivamente no pueden pagar. En tercer lugar, hay empresas emblemáticas como FATE, con 905 empleos, pero todas las firmas asociadas a FATE representan cerca de 3.000 empleos directos. Son trabajadores de industrias que cierran y que constituyen cadenas de valor y sistemas de acumulación de capital absolutamente intensivos, en un esquema de acumulación profundamente desigual. Hay claramente apreciación cambiaria, desindustrialización acelerada y deterioro de la infraestructura logística. Se han quitado 1.000 millones de dólares de financiamiento provenientes del impuesto a los combustibles que no llegan a las provincias. No hay obra pública, no hay construcción de viviendas, no hay albañiles ni otros trabajadores de la construcción —104 gremios vinculados a la actividad— que tengan trabajo. Entonces, lo que está ocurriendo en la Argentina es que ganan dinero quienes se dedican a la timba financiera y quienes están vinculados a la minería estratégica dentro de un modelo extractivista donde no hay redes de proveedores locales ni cadenas de valor integradas a procesos productivos que generen un efecto multiplicador del empleo. Tampoco existe un entramado productivo de base industrial que recupere el ejercicio soberano de la política económica. Por eso digo que, con este modelo, Milei no puede ganar una elección de ninguna manera sin la complicidad de muchos actores que representan al espacio opositor. Ese es un punto. El segundo es que nosotros constituimos un polo en la política argentina que necesita, por lo menos, tres fases sucesivas que vengo remarcando siempre. Primero, tenemos que organizarnos en la defensa efectiva de los intereses ciudadanos. Acompañamos a los trabajadores del INTI, del INTA, de Vialidad Nacional y del SENASA; acompañamos las demandas vinculadas a la emergencia en discapacidad y al problema del financiamiento universitario. Es decir, estamos acompañando los temas estructurales clave y a los sectores más sensibles de la Argentina. Ahora bien, tenemos que unirnos todos: senadores, diputados, legisladores provinciales, gobernadores; todo nuestro espacio debe estar unido defendiendo esos intereses. La segunda cuestión es que necesitamos un acuerdo programático. Si no somos capaces de expresar ante la ciudadanía un plan concreto, será muy difícil. Nosotros estamos de acuerdo con una regla fiscal que tienda al equilibrio, pero combatiendo la evasión fiscal, la elusión fiscal, los gastos tributarios indebidos y garantizando una buena administración fiscal. Segundo, no podemos convivir con la inflación; tenemos que garantizar estabilidad monetaria. Tercero, no podemos tener un tipo de cambio no competitivo. Debemos acompasar tipo de cambio, tasa de interés y tasa de inflación en una estrategia integrada al mundo y con buena administración. Cuarto, necesitamos instituciones que funcionen con independencia, autonomía y metas claras. También debemos tener una política industrial, una política de empleo, políticas para las economías regionales y una política científica y tecnológica, áreas que este gobierno se ha encargado de destruir. Además, debemos recuperar una estrategia para que la eliminación de la restricción externa y energética no termine destruyendo la logística integrada, que es clave para generar un efecto multiplicador en el empleo. Pero también hay que construir acuerdos políticos sostenibles en el tiempo. Por eso creo que debemos trabajar intensamente en los próximos cuatro meses. Y, por último, me parece central establecer un método transparente de selección de candidatos. Estamos trabajando en una reforma política consensuada porque no podemos seguir oscilando entre PASO sí o PASO no, financiamiento público sí o no, boleta única sí o no, o un código electoral que funcione de cualquier manera. Creo que estamos dando un debate en el Congreso para garantizar un proceso de selección de candidatos transparente. Y no me cabe la menor duda de que, si logramos una selección transparente junto con un acuerdo programático, podremos ensanchar nuestras bases y ganar en 2027 en la mayoría de las provincias, en la mayoría de los municipios y también en la Nación Argentina.
«No se puede gobernar
sin conocer el territorio»
El exgobernador y presidente del Partido Justicialista sostuvo que el liderazgo que debe construir el peronismo hacia 2027 tiene que asentarse sobre un acuerdo programático capaz de resolver problemas estructurales de la Argentina, como la restricción energética, la falta de competitividad y el deterioro logístico del país. En ese sentido, planteó la necesidad de impulsar cadenas de valor integradas, fortalecer proveedores locales y abandonar un modelo meramente extractivista que, según afirmó, beneficia solamente a sectores concentrados de la economía. También insistió en la importancia de un programa económico sólido que garantice crecimiento sostenido, baja inflación y pleno empleo.
Capitanich remarcó además que el país necesita una inversión de entre 250.000 y 500.000 millones de dólares en los próximos 25 años para desarrollar infraestructura estratégica, incluyendo corredores bioceánicos, la hidrovía Paraná-Paraguay, redes ferroviarias, carreteras y sistemas multimodales de transporte. A la vez, reclamó una política industrial orientada a la agregación de valor, mayores inversiones en ciencia y tecnología y un esquema de desarrollo que integre a las economías regionales, desde la producción agroindustrial hasta los servicios basados en el conocimiento, el turismo y la innovación tecnológica.
Finalmente, cuestionó con dureza el modelo económico y político del presidente Javier Milei, al que calificó de «tecnocrático y totalitario», y advirtió que podría «balcanizar» el país y destruir sus cimientos productivos y sociales. También sostuvo que la dirigencia política debe recuperar cercanía con el territorio y con las necesidades concretas de la ciudadanía. «El que no conoce a las personas no conoce sus problemas, y quien no conoce sus problemas tampoco puede aportar soluciones», afirmó.
«El federalismo está muerto»
- No quisiera despedirlo de esta entrevista sin dejar una reflexión sobre el federalismo, algo que usted tiene siempre como bandera. Hay gobernadores de distintos espacios que vienen reclamando mayor viabilidad financiera y, mientras tanto, lo que se derrama es incertidumbre. ¿Existe hoy una crisis del federalismo argentino, senador?
- Sí, totalmente. En tanto y en cuanto, en nombre del federalismo, se pacta con el centralismo para conceder facultades extraordinarias que permitan gobernar por decreto de necesidad y urgencia y también mediante facultades delegadas, el federalismo está muerto. Esa es la verdad de la historia. Algunos pactan por un yacimiento de litio, otros por uno de oro y plata, otros por uno de cobre, otros por gas y petróleo, y otros por un puerto para comercializar combustibles líquidos. Pero si todos los gobernadores, en vez de defender un federalismo para el desarrollo autónomo, independiente y soberano del país, terminan pactando por intereses minoritarios, entonces el federalismo muere. Creo que ese es un tema clave. Milei, a través del Decreto 70/23 de diciembre de 2023 y, a su vez, mediante la Ley 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, impulsó 603 artículos que permitieron 92 decretos delegados, tanto en la delegación clásica como en la facultad delegada prevista en el artículo 76 de la Constitución Nacional. Además, hubo 84 decretos de necesidad y urgencia en el marco del artículo 99, inciso 3, de la Constitución. ¿Y sabe qué ocurre? Se pasa por alto el fallo Peralta, el fallo Verrocchi de la Corte Suprema; se pasa por encima de todo porque, en definitiva, en el nuevo Congreso hay una corriente de aduladores que, en nombre y representación de las provincias, también pactan con el Gobierno reformas que lesionan y denostan los intereses patrióticos. Por eso creo que hoy el federalismo grita, y ese es un grito de libertad auténtica, porque lo que pretenden es someternos a una nueva forma de esclavitud. Aquí se está generando un modelo dual, centralista, extractivista y excluyente. Y la voz del federalismo es nuestra voz. Es la única que hoy se alza para proteger a nuestro pueblo y a los desposeídos de la tierra.