El secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Chaco, Raúl Abraham, manifestó su preocupación por la profunda crisis que atraviesa el sistema de transporte público de pasajeros en el Área Metropolitana del Gran Resistencia (AMGR) y reclamó una intervención urgente del Estado provincial para garantizar la continuidad del servicio, preservar las fuentes laborales y evitar el colapso de las empresas que operan en el sector.
El dirigente sindical sostuvo que la situación se agravó en los últimos meses como consecuencia de las dificultades económicas que enfrentan las empresas, la reducción de subsidios y la falta de respuestas por parte de las autoridades provinciales a los planteos formulados por el gremio.
En diálogo con Radio Libertad, Abraham confirmó que la UTA elevó recientemente una nota al gobierno provincial solicitando la apertura de una mesa de diálogo que permita encontrar soluciones consensuadas entre el Estado, las empresas y los trabajadores.
Según explicó, la preocupación del sindicato no se limita únicamente a la situación salarial de los choferes, sino que abarca la supervivencia misma del sistema de transporte público en el Gran Resistencia.
«Es lamentable lo que está pasando, pero no solamente acá en Resistencia o en el Chaco; prácticamente en todo el interior del país. Inclusive hoy está ocurriendo también en Buenos Aires. Todo esto tiene que ver con las políticas referidas al transporte», sostuvo.
El dirigente remarcó que el gobierno provincial tiene responsabilidades directas por su condición de poder concedente y cuestionó la falta de respuestas a los reclamos formulados por el sindicato.
«Nosotros enviamos una nota el 25 de marzo y no tuvimos ninguna respuesta. Ahora, el pasado 3, enviamos otra nota que ustedes conocen y tampoco tuvimos una respuesta hasta la fecha», señaló.
aguinaldos y salarios
Uno de los puntos que más inquieta al gremio es la situación financiera de las empresas de transporte ante la proximidad del pago del medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año.
Abraham reveló que algunas firmas ya manifestaron dificultades para afrontar los salarios mensuales y que el cumplimiento del Sueldo Anual Complementario (Sac) aparece como una obligación cada vez más difícil de sostener.
«Ese es otro de los problemas. Ya están manifestando que no van a poder hacer efectivo el aguinaldo y están hablando de distintas alternativas que nosotros no vamos a aceptar», afirmó.
El dirigente sindical indicó que la crisis económica también impidió la aplicación de los acuerdos salariales alcanzados a nivel nacional entre la UTA y las cámaras empresarias del sector.
«En Buenos Aires se logró un aumento para los trabajadores, pero la realidad de la provincia no permite aplicarlo justamente por todas las dificultades que estamos atravesando», explicó.
Para Abraham, el escenario actual obliga a discutir soluciones estructurales que permitan sostener la actividad y garantizar la continuidad de las empresas.
empresas en crisis
El secretario general de la UTA sostuvo que varias compañías atraviesan procesos de crisis económica que ponen en riesgo la prestación del servicio.
Mencionó especialmente los casos de TSM y San Fernando, dos de las empresas más importantes del sistema metropolitano.
«Tenemos empresas que prácticamente tienden a desaparecer. TSM está con concurso de acreedores y ahora también la empresa San Fernando ingresó en un procedimiento preventivo de crisis», manifestó.
En ese contexto, advirtió que existe un riesgo concreto de que el sistema de transporte entre en una etapa de deterioro aún mayor.
«Tenemos miedo de que caiga el sistema. Nosotros pretendemos salvarlo y para eso hemos relegado un montón de cosas», aseguró.
Abraham recordó que los trabajadores aceptaron distintas medidas extraordinarias para intentar sostener la actividad, incluyendo suspensiones y la postergación de reclamos salariales.
«Hemos aceptado reducciones salariales, no pedir aumentos que ya se aplican en Buenos Aires y otras provincias. Los trabajadores están sufriendo suspensiones que primero eran de 15 días y después pasaron a 30», detalló.
Sin embargo, aclaró que esa situación no podrá sostenerse indefinidamente.
«Dijimos basta. Vamos a esperar que finalice este mes y a partir de junio la historia va a cambiar porque vamos a reclamar todo lo que sea necesario», advirtió.
Reclamos por la
falta de diálogo
Otro de los cuestionamientos planteados por el dirigente estuvo dirigido a la relación entre el sindicato y las autoridades provinciales responsables del área de transporte.
Abraham lamentó la ausencia de canales de diálogo permanentes y sostuvo que el conflicto se profundizó a medida que disminuyó la comunicación entre las partes. «No pedimos una solución mágica, pero por lo menos sentarse a dialogar entre todas las partes para ver cómo salvamos el sistema», expresó.
El sindicalista recordó que durante los primeros meses de la actual gestión existían contactos frecuentes con los funcionarios del área, aunque esa dinámica se interrumpió posteriormente.
En relación con el actual subsecretario de Transporte, José Picaluk, indicó que hasta el momento no pudieron avanzar en reuniones de trabajo. «La verdad es que no. Solamente tuvimos una comunicación telefónica cuando estábamos iniciando un paro y después nunca más», afirmó.
Abraham explicó que había solicitado la posibilidad de coordinar encuentros para analizar la situación del sector, pero que hasta ahora no obtuvo respuestas favorables.
Asimismo, recordó diferencias surgidas durante reuniones anteriores con funcionarios y empresarios del transporte. «Cuando comenzó la gestión nos reuníamos y tratábamos de encontrar soluciones. Después hubo reuniones donde yo me opuse a determinadas cuestiones y desde entonces prácticamente se cortó el diálogo», relató.
El impacto sobre
los usuarios
Más allá de las dificultades que enfrentan trabajadores y empresas, Abraham puso especial énfasis en las consecuencias que la crisis tiene para los usuarios del transporte público.
Según indicó, el deterioro económico del sistema repercute directamente en la calidad del servicio, la frecuencia de los recorridos y los tiempos de espera. «No solamente hablamos de los trabajadores que pagan las consecuencias. También está el usuario», sostuvo.
El dirigente aseguró que el precio actual del boleto resulta inaccesible para numerosos sectores de la población y consideró que la ausencia de políticas de subsidios afecta directamente la demanda. «Hoy no pueden hacer uso del transporte por el costo real que tiene el boleto. Es una cosa inalcanzable para mucha gente», afirmó.
A su entender, una mayor participación estatal permitiría garantizar tarifas más accesibles y exigir mejores condiciones de prestación. «Si hubiera un boleto accesible y participación del Estado, tendríamos un servicio controlado para que se cumplan las frecuencias y los horarios», señaló.
demoras y frecuencias
Entre las principales quejas expuestas por el titular de la UTA figura el funcionamiento actual del servicio urbano e interurbano en el área metropolitana.
Abraham sostuvo que las frecuencias se encuentran lejos de los estándares que existían años atrás y aseguró que los pasajeros enfrentan diariamente largas esperas. «Hoy tenemos un pésimo servicio donde los usuarios no saben a qué hora pasa el colectivo», expresó.
En ese sentido, cuestionó también la falta de avances en las herramientas tecnológicas destinadas a brindar información en tiempo real sobre los recorridos.
Al ser consultado sobre el funcionamiento de las aplicaciones utilizadas para rastrear las unidades, señaló que no existen novedades concretas sobre los nuevos sistemas anunciados. «No tengo ninguna novedad y creo que va a pasar lo mismo que con la aplicación anterior porque no están trabajando todos los colectivos como corresponde», afirmó.
Para el dirigente, la principal dificultad radica en la reducción de unidades operativas y en el incumplimiento de las frecuencias programadas. «Si todos los coches estuvieran prestando servicio como corresponde, respetando horarios y frecuencias, cualquier sistema funcionaría. Pero hoy los colectivos pasan cada 20 minutos, cada media hora o incluso cada una hora», explicó.
A modo de balance, Abraham reiteró que la situación actual exige medidas urgentes y consensuadas para evitar consecuencias más graves durante los próximos meses.
El dirigente insistió en que la crisis del transporte no puede analizarse únicamente desde la perspectiva empresarial o sindical, sino como un problema social que afecta a miles de usuarios diariamente. «Lo que pretendemos es salvar el sistema», remarcó.