La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones confirmó los procesamientos de R.G.D. y M.E.C. por la comercialización de medicamentos oncológicos adulterados que llegaron a la provincia del Chaco, específicamente al hospital Perrando de Resistencia.
El tribunal, integrado por los jueces Eduardo Farah, Roberto Boico y Martín Irurzun, rechazó los recursos presentados por las defensas y ratificó los embargos por cinco millones de pesos para cada uno de los imputados.
EL DOCUMENTO
La resolución, a la que tuvo acceso el portal judicial Litigio, fue firmada el pasado 2, confirmó el fallo de primera instancia del juez Sebastián Ramos y dejó firme el procesamiento sin prisión preventiva para ambos imputados por el delito previsto en el artículo 201 del Código Penal.
La causa continúa su curso en el Juzgado Federal 9 de la Capital Federal, mientras organismos de control de todo el mundo siguen de cerca el negocio ilegal de la falsificación de medicamentos oncológicos de alto costo.
MEDICAMENTS CAROS
La causa investiga la llegada de unidades falsificadas de Keytruda (pembrolizumab), el fármaco de inmunoterapia contra el cáncer más vendido del mundo.
De acuerdo con una investigación publicada en abril de 2026 por Infobae y el Consorcio Internacional de Investigación Periodística (ICIJ), una dosis de 200 miligramos de Keytruda cuesta USD12 mil en Estados Unidos.
En la Argentina, su precio de farmacia alcanza los $20 millones (unos USD13 mil) por cada unidad de dos viales, por lo que solo se accede a través del Estado, obras sociales o prepagas.
Ese altísimo valor crea una «brecha peligrosa» que abre oportunidades para los falsificadores, tal como ocurrió en el Chaco, que los habría adquirido a los laboratorios Psicofarm SA y TM SRL.
LA INVESTIGACIÓN
Todo comenzó a mediados de julio de 2019, cuando personal del Departamento de Farmacia de la Dirección de Fiscalización Sanitaria del Ministerio de Salud de la provincia se presentó en el centro de alta complejidad de Resistencia, sede del Banco de Drogas Oncológicas.
Allí, al verificar la existencia de medicamentos rotulados como Keytruda, se incautaron 24 unidades que no contaban con etiqueta de trazabilidad o cuyos precintos de seguridad se encontraban violentados. Posteriormente, el laboratorio MSD Argentina confirmó que se trataba de productos falsificados.
La Anmat emitió entonces una alerta oficial prohibiendo «el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional» de cualquier unidad de Keytruda que presentara esas características.
La máxima autoridad regulatoria informó que las unidades apócrifas mostraban precintos violados, cinta adhesiva transparente sobre estos o sellados con pegamento, y viales con inscripciones distintas a las originales.
LA COMPETENCIA
La causa judicial derivó inicialmente en una falta de mérito para los directivos de las droguerías involucradas, pero el juez federal Sebastián Ramos –titular del Juzgado Criminal Correccional Federal 9 de Buenos Aires- resolvió enviar el expediente a la Justicia chaqueña.
Sin embargo, la disputa por la competencia llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), que el 9 de abril pasado resolvió que el caso siga siendo tramitado en la órbita federal, precisamente en el juzgado a cargo del magistrado Ramos.
De esta manera, la investigación que expuso el grave riesgo al que fueron expuestos pacientes oncológicos del Chaco continuará su curso en la Capital Federal, bajo la órbita del juzgado que entiende en delitos complejos como el tráfico de medicamentos adulterados.
EL CONTEXTO GLOBAL
El caso chaqueño no es un hecho aislado. La investigación global del ICIJ reveló cómo el altísimo precio de Keytruda genera enormes desigualdades en el acceso y crea oportunidades para que falsificadores hagan negocios con la demanda de costosos medicamentos oncológicos.
En México, por caso, un paciente con cáncer renal sufrió graves efectos secundarios –temblores, parálisis y aumento descontrolado de azúcar en sangre– tras recibir dosis adulteradas del mismo fármaco.
En la Argentina, el mercado local del pembrolizumab experimentó un cambio radical con el desarrollo del primer biosimilar nacional, el Pembrox del laboratorio Elea (Grupo Sigman).
Este desarrollo forzó una fuerte baja de precios: MSD debió reducir su costo un 49% y el Estado nacional pasó de adquirir 280 dosis por año a casi 4 mil en 2025. La Argentina es el único país del mundo donde un laboratorio local produjo un biosimilar igualmente efectivo contra este tipo de cáncer.
LOS PROCEDIMIENTOS
En cuanto a los imputados, la Cámara Federal consideró acreditado que los medicamentos «no se encontraban registrados en el Sistema Nacional de Trazabilidad» y que no existían facturas que respaldaran su adquisición.
«Ello revela el propósito de eliminar el eslabón de la cadena donde se desviaron, permitiendo la distribución de un producto del que se desconocen sus condiciones de conservación», enfatizó la resolución.
La Sala sostuvo que «hay motivos para presumir» que las firmas involucradas comercializaron los fármacos «sin cuidar las formas de resguardo y con claro desapego no solo al marco regulatorio, sino, especialmente, al potencial daño a la salud».
El tribunal también rechazó el argumento de uno de los defensores, que había vendido su participación en la sociedad antes de los hechos, al considerar determinantes los intercambios de WhatsApp en los que se discutían las inspecciones de la Anmat.
Sobre el embargo de $5 millones, la Cámara lo consideró proporcionado a la naturaleza lucrativa de los hechos.