La Provincia envió inspectores para verificar la interrupción del servicio de las líneas 106 A, 106 B y 2. La empresa presentó una nota para rescindir anticipadamente el contrato y crece la incertidumbre entre usuarios y trabajadores.
La suspensión de los ramales A y B de la línea 106 y de la línea 2 por parte de ERSA encendió una nueva alarma en el sistema de transporte público del Gran Resistencia este jueves. Ante la interrupción del servicio, el Gobierno del Chaco inició tareas de fiscalización y evalúa posibles sanciones contra la empresa concesionaria.
El subsecretario de Transporte y Logística de la provincia, José Picaluk, confirmó en declaraciones a Radio Libertad que dispuso el envío inmediato de inspectores luego de tomar conocimiento de la situación. Según indicó, el objetivo es constatar el alcance de la medida y determinar si la firma incumplió con las obligaciones establecidas en la concesión.
«Me enteré por mensajes y mandé inspectores. Está hecho», afirmó el funcionario al referirse a la intervención oficial frente a la suspensión de los recorridos que afectan a miles de usuarios del área metropolitana.
ERSA busca rescindir el contrato antes de tiempo
En paralelo, Picaluk reveló que ERSA presentó una nota formal solicitando la rescisión anticipada del contrato de prestación del servicio.
La empresa habría fijado una fecha para avanzar con su salida, mientras el Gobierno provincial analiza las implicancias legales de la decisión y las herramientas disponibles para responder ante una eventual afectación del transporte público.
«Estoy averiguando legalmente qué se puede hacer: denuncias, multas», sostuvo el subsecretario, quien aseguró que el área trabaja intensamente para esclarecer la situación y definir los pasos a seguir.
La presentación de la empresa abre un escenario de incertidumbre sobre la continuidad de los recorridos y el futuro de la concesión, en un contexto marcado por dificultades económicas y conflictos operativos en el sector.
Preocupación por los usuarios y los puestos de trabajo
La medida también generó inquietud entre los trabajadores de ERSA. Desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Chaco, el secretario general Raúl Abraham señaló que el gremio tomó conocimiento de la situación durante la noche del miércoles a través de empleados de la firma.
Según explicó, personal del taller habría recibido instrucciones para retirar cartelería y acondicionar unidades vinculadas a los servicios suspendidos, lo que despertó sospechas sobre un posible traslado de colectivos fuera de la provincia.
Desde el sindicato remarcaron que la prioridad es garantizar la continuidad laboral de los choferes y evitar una salida abrupta de la empresa que deje sin transporte a miles de vecinos.
Abraham recordó que existían conversaciones para desarrollar una transición ordenada que permitiera reorganizar el servicio sin afectar ni a los trabajadores ni a los usuarios.
El Gobierno busca determinar responsabilidades
Mientras continúan las inspecciones, la Provincia intenta establecer si la suspensión de los ramales fue comunicada de acuerdo con los procedimientos exigidos por la normativa vigente y si ERSA cumplió con las obligaciones contractuales correspondientes.
La situación mantiene en alerta a los organismos de control, a los trabajadores del sector y a los miles de pasajeros que dependen diariamente de estos recorridos para trasladarse entre Resistencia, Barranqueras y Fontana.
Con la presentación de la empresa sobre la mesa y la posibilidad de sanciones en estudio, el conflicto suma un nuevo capítulo en medio de la crisis que atraviesa el transporte público chaqueño.
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