El proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo para crear un Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, denominado Súper Rigi, obtuvo dictamen de mayoría en un plenario conjunto de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, e Industria, Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Cámara de Diputados de la Nación. Con este paso legislativo, la iniciativa quedó habilitada para avanzar hacia su tratamiento en el recinto.
La propuesta reunió un total de 61 firmas favorables durante el debate en comisiones, lo que permitió consolidar el dictamen de mayoría y formalizar el avance parlamentario del proyecto. La iniciativa forma parte de la agenda económica impulsada por el Poder Ejecutivo y apunta a establecer un marco específico para la radicación de inversiones de gran escala vinculadas a nuevas actividades productivas.
Según se detalla en el mensaje enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, «la iniciativa pretende crear un régimen integral de incentivos, seguridad jurídica y estabilidad normativa destinado a atraer proyectos de inversión de gran escala dedicados exclusivamente al desarrollo de nuevas actividades económicas».
La iniciativa compone un esquema normativo orientado a brindar previsibilidad a los emprendimientos que se encuadren dentro de los alcances del régimen.
Desde el oficialismo, indican que la creación del Súper Rigi busca «garantizar la prosperidad del país, incrementar las exportaciones, generar empleo de calidad y consolidar el sendero de crecimiento sostenido».
Se trata de objetivos constituyen los ejes centrales sobre los cuales el Gobierno argumenta el deber de implementar el nuevo régimen de promoción para inversiones.
Herramientas para acelerar condiciones de estabilidad
Durante el debate en comisiones, la diputada Daiana Fernández Molero, integrante del bloque PRO, manifestó su respaldo a la iniciativa y destacó la relevancia que, a su criterio, tiene el proyecto en el contexto económico actual del país. En su intervención, valoró el alcance de la propuesta y el objetivo de generar condiciones para la llegada de inversiones de gran magnitud.
«Esta iniciativa nos parece una muy buena ley, especialmente en el contexto de la Argentina y las necesidades que tiene la Argentina», expresó la legisladora, al fundamentar la posición favorable de su bancada durante el tratamiento parlamentario del proyecto.
Fernández Molero sostuvo, además, que tanto el régimen original como la nueva propuesta buscan ofrecer herramientas para acelerar condiciones de estabilidad que, según señaló, podrían demorar en consolidarse de manera estructural. En ese sentido, defendió la necesidad de contar con instrumentos legislativos que permitan aprovechar oportunidades de inversión.
«Lo que nosotros vemos, tanto en el Rigi como en el Súper Rigi, es una forma de adelantar esa normalidad que puede tardar mucho tiempo en llegar y hasta que llegue, las oportunidades van pasando.
Entonces, a las buenas leyes, lo que queremos es, justamente, blindarlas de críticas y hacerlas más fuertes», afirmó durante el encuentro de las comisiones.
Las modificaciones
La legisladora del PRO también informó que parte de las observaciones y propuestas impulsadas por su bloque fueron incorporadas al texto final que obtuvo dictamen de mayoría. Según explicó, esas modificaciones fueron aceptadas durante las negociaciones previas al cierre del despacho.
Entre los cambios incorporados, Fernández Molero destacó «el criterio de nueva actividad y que se haya creado el registro público de proyectos». Ambos puntos fueron mencionados como aportes realizados por el bloque PRO al texto definitivo que será considerado por la Cámara de Diputados.
La incorporación de un criterio vinculado a nuevas actividades económicas y la creación de un registro público de proyectos constituyen algunas de las adecuaciones realizadas durante el trabajo legislativo en comisión. Estas modificaciones quedaron integradas al dictamen de mayoría que acompañó el avance parlamentario de la iniciativa.
Con el cierre de la etapa de análisis en Comisión y la obtención de las firmas necesarias, el proyecto quedó en condiciones reglamentarias para ser incorporado al temario del recinto, donde continuará su tratamiento legislativo en una instancia posterior.
Seguridad jurídica
y equilibrio cambiario
Por su parte, el diputado Eduardo Falcone, representante del MID, manifestó su respaldo al proyecto y destacó algunos de los aspectos que, a su entender, resultan centrales para la promoción de inversiones de gran escala.
El diputado remarcó la iniciativa es fundamental para las condiciones de estabilidad previstas por la iniciativa.
Falcone expresó su acompañamiento al Súper Rigi «por las condiciones de estabilidad jurídica cambiaria y algunos beneficios impositivos por 30 años».
El legislador consideró que estos elementos constituyen herramientas relevantes para generar previsibilidad en proyectos de inversión de largo plazo.
Al fundamentar su posición favorable, el diputado sostuvo que «este país en los últimos 50 o 60 años ha cambiado todas las reglas de juego que perjudican a la seguridad jurídica y a la gente que quiere invertir». Con esa afirmación, explicó los motivos por los cuales considera necesaria la creación de un régimen especial destinado a grandes inversiones.
Equidad sobre el alcance y
sus potenciales beneficiarios
Desde la bancada de Unión por la Patria, el diputado Mario Manrique expresó una posición crítica respecto del contenido del proyecto y anticipó el rechazo de su espacio político a la iniciativa promovida por el Poder Ejecutivo.
«Nuestro rechazo a este proyecto de ley se basa en que más que un proyecto de ley parece un contrato de locación. O un contrato entre particulares, entre grandes corporaciones del mundo tecnológico que quieren comprar una estancia. Y que el patrón de la estancia, como si quiera ir a vivir a otro lado, la quiere vender a precio vil», argumentó durante el debate.
El legislador sostuvo, además, que la propuesta favorece principalmente a grandes grupos empresariales con capacidad de realizar inversiones de gran magnitud. En ese marco, cuestionó el alcance del régimen y sus potenciales beneficiarios.
«Este proyecto beneficia a las grandes corporaciones». «No solo va a beneficiar a las grandes corporaciones del mundo de la tecnología. Todo aquel que tenga necesidad de explotar nuestros recursos naturales y tenga la capacidad de inversión que este proyecto exige seguramente lo va a venir a solicitar», añadió Manrique al exponer la postura de Unión por la Patria.
¿Exclusividad o privilegio?
Desde el Frente de Izquierda, el diputado Nicolás Del Caño manifestó una postura opuesta al proyecto y cuestionó la naturaleza del esquema propuesto. Según señaló, la iniciativa establece beneficios diferenciados para determinados sectores económicos.
«Contradice un poco el discurso de libertad del propio gobierno, porque parece que algunos sectores tendrían más libertad que otros.
En este caso, los grandes capitalistas vinculados quizás a la inteligencia artificial, a las nuevas tecnologías, a los data center», manifestó Del Caño durante el debate parlamentario en Comisión.