Eufórico ante el impacto político generado tras la cadena nacional por Malvinas, el Gobierno pretende estirar el efecto lo más posible. O al menos hasta este miércoles, que es cuando la oposición buscará sesionar para tratar unos 50 proyectos vinculados al endeudamiento de las familias. Mientras baraja la posibilidad de presentar el proyecto sobre “soberanía” ese mismo día, de modo de eclipsar la avanzada opositora, el Gobierno comenzó a operar sobre los gobernadores de Santa Fe, Salta y Tucumán para voltear la sesión por endeudamiento.
“No creo que aprueben la ley, y si la aprueban no van a poder sostener nunca un veto”, se desentendió un operador libertario mientras, en la Cámara de Diputados, los jefes de la oposición habían comenzado a sondear las voluntades para el quórum de la sesión de mañana. Frente a la problemática del endeudamiento familiar, los voceros de La Libertad Avanza repiten la línea trazada por Javier Milei: es un problema entre privados sobre el que el Estado sólo puede intervenir de manera indirecta, dándole “credibilidad” al modelo económico y apostando a la baja de la inflación.
En conversaciones con aliados, sin embargo, funcionarios del Gobierno comenzaron a prometer medidas. Si no para los endeudados, que superan los 20,9 millones y ya arrastran casi 6 millones que no están pudiendo pagar las deudas, al menos para atender la emergencia en discapacidad. La ley que la oposición le impuso a Milei el año pasado, superando el veto presidencial e instalando la actualizaciones de los nomencladores de las prestaciones, vence a fin de año, y la oposición está buscando prorrogarla un año más.
En las provincias advierten que, cuando la Nación no se hace cargo, los reclamos políticos recaen sobre los gobiernos locales, que arrastran desde hace dos años las consecuencias de la caída de la recaudación. Un reclamo que apunta fundamentalmente a la presión sobre los hospitales y clínicas provinciales, pero también sobre al incremento de la morosidad: muchos de los gobernadores que hoy se resisten a las iniciativas opositoras para reestructurar las deudas vienen impulsando, hace algunas semanas, respuestas locales a los problemas de morosidad familiar.
Es el caso, por ejemplo, del mendocino Alfredo Cornejo, que presentó ayer una ley de alivio financiero en la Legislatura provincial. Pero también del chubutense Nacho Torres o del cordobés Martín Llaryora.
En la oposición observan con alarma los movimientos de los gobernadores que, hace dos semanas, comprometieron su apoyo en la última sesión de Diputados. Es el caso de Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta), quienes acompañaron la avanzada opositora de hace un par de semanas, durante la sesión que aprobó la reforma de la carta orgánica del Banco Central, y que ahora están en duda. “El Gobierno está presionando”, advierten en las filas opositoras.
En el oficialismo se mueven con cautela. Puertas adentro, Martín Menem y Diego Santilli dialogan con los aliados, buscando desactivar una sesión que echaría por tierra la centralidad conseguida tras la cadena nacional de Milei por la causa Malvinas. Para afuera, en cambio, se muestran confiados: aunque la oposición consiga el número para la sesión del miércoles, solo logrará avanzar con el emplazamiento de las comisiones. De ahí a la aprobación de las leyes hay un largo trecho y, a diferencia de lo que ocurrió el año pasado, el Gobierno tiene el número para sostener cualquier veto presidencial.
Un problema, diferentes universos
La oposición enfrenta dos desafíos. Por un lado, evitar el boicot del Gobierno y convencer a los gobernadores aliados a Milei de alinearse detrás de la nueva bandera opositora: la de la crisis del endeudamiento familiar. Pero más allá de las negociaciones políticas y de un juego de mayorías que amenaza con chocarse con un veto infranqueable, la oposición primero necesita definir prioridades. El diagnóstico es el mismo –la caída de los ingresos y la eliminación de los controles en la asignación de créditos duplicaron la mora en dos años–, pero las propuestas de alivio financiero varían según el universo al que se quiere beneficiar.
En total, hay unos 50 proyectos de ley presentados por la oposición. Algunos dialogan con los 20 millones de endeudados y plantean marcos regulatorios que pongan límites a las prácticas abusivas y a las tasas liberadas. Otros apuntan específicamente al universo de 6 millones de morosos, fijando regímenes de reestructuración de las deudas y la eliminación de intereses punitorios. Otros, mientras tanto, buscan mecanismos de intermediación con los acreedores informales, que ya no son ni bancos ni fintech, sino prestamistas de última instancia.
La mayoría de las iniciativas establecen diferentes mecanismos de reestructuración de las deudas. Algunos, como el de la peronista Kelly Olmos, proponen que quienes tengan deudas de consumo de hasta tres Canastas Básicas Totales –más de $1,5 millones– podrían ingresar obligatoriamente a un régimen de regularización que establece condonaciones del 100% de los intereses punitorios, planes de pago de hasta 36 cuotas y la suspensión de los embargos hasta que se cumpla el plan.
Otros, como uno presentado por Natalia Zaracho e Itai Hagman (Patria Grande), proponen crear un fondo que compre y reorganice las deudas de personas con ingresos que no superen los seis salarios mínimos ($2,3 millones) ni tengan un vehículo o propiedad a su nombre. La iniciativa establece que se fijará un plan de pagos con cuotas que no podrá superar el 30% de los ingresos de la persona adeudada.
Otros proyectos apuntan fundamentalmente a endurecer las reglas para bancos, tarjetas y fintech. En el caso de las billeteras virtuales y fintech, que ofrecieron créditos a tasas que duplicaron los créditos bancarios, los proyectos apuntan a fijar límites y regulaciones. En el caso del proyecto del radical Pablo Juliano, se exigen evaluaciones previas sobre la capacidad real de pago del usuario y obliga a las aplicaciones a precisar de manera clara cuáles serán las comisiones y el costo financiero total del préstamo otorgado.
La mayoría de las iniciativas coinciden, además, en regular las prácticas de cobranza para impedir el hostigamiento abusivo a los deudores.
En un mar de propuestas, que afecta a universos distintos, la oposición tendrá por delante el desafío de presentar una propuesta unificada que no genere costo fiscal. El objetivo es evitar que Milei pueda acusarlos de “degenerados fiscales” y dificultarle, así, la posibilidad de justificar un eventual veto presidencial.