La Intergremial Judicial del Chaco completó ayer una jornada de paro sin asistencia a los lugares de trabajo, con la que cerró dos días de medidas de fuerza contra el proyecto de ley 2141/26.
El jueves, los trabajadores habían realizado un paro con retiro y concentraciones frente a las torres civiles de Resistencia y dependencias judiciales del interior.
En diálogo con LA VOZ DEL CHACO, el secretario general de la Unión de Trabajadores Judiciales del Chaco (Utjch), Walter Bernard, calificó de «contundente» el acatamiento en los tribunales de toda la provincia y sostuvo que el ánimo del personal era de «bastante molestia» ante la posibilidad de modificar el sistema salarial vigente.
El reclamo central de los gremios es el rechazo y archivo de la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo ante la Legislatura.
Bernard afirmó que el proyecto pretende crear un adicional para magistrados y funcionarios sin trasladarlo proporcionalmente al resto del personal, al que quedaría «desenganchado» del cargo que se toma como referencia para calcular sus remuneraciones.
«Por cada $100 que percibe un ministro del Superior Tribunal de Justicia (STJ), el personal judicial cobra un porcentaje», explicó Bernard al describir el régimen de porcentualidad establecido por la Ley 468-A.
Según planteó, la creación de un concepto salarial que no se incorpore a ese cálculo afectaría la relación entre las remuneraciones de los distintos cargos. También advirtió que, a juicio del sindicato, una modificación de ese tipo podría dar lugar a nuevas demandas judiciales.
El dirigente vinculó el proyecto con las actuaciones de un tribunal ad hoc en el expediente conocido como Alonso de Martina. Cuestionó las resoluciones posteriores dictadas en esa causa y sostuvo que la Legislatura debe investigar tanto su intervención como los actos que dieron origen a la iniciativa.
La Intergremial ya presentó ante la Cámara planteos de inconstitucionalidad e inconvencionalidad, según indicó Bernard. Se trata de objeciones formuladas por los gremios, sobre las que pidió una respuesta institucional.
Audiencias pendiente
Bernard señaló que solicitaron reuniones a la presidencia de la Cámara de Diputados y a todos los bloques.
Hasta el momento, fueron recibidos por legisladores de la oposición y por dos integrantes del oficialismo. «Estamos exigiendo el diálogo con los otros diputados del bloque oficial antes de que se expidan públicamente», manifestó.
El secretario general expresó su preocupación por las declaraciones de legisladores que se pronunciaron sobre el proyecto sin haber escuchado, según afirmó, la posición de los trabajadores.
Para la Intergremial, el tratamiento de la iniciativa requiere examinar sus consecuencias sobre todo el escalafón judicial.
Asimismo, Bernard estimó que el Poder Judicial cuenta con unos 4.200 integrantes, de los cuales alrededor de 850 son magistrados y funcionarios.
Otro punto del reclamo es la reglamentación y aplicación del artículo 9 de la Ley 3424-A. De acuerdo con el planteo gremial, esa disposición contempla el cálculo y la incorporación gradual, para todos los trabajadores judiciales, de la diferencia entre la remuneración del cargo testigo de juez de Cámara del Chaco y la media nacional.
Bernard también cuestionó que el proyecto se presentara después de una mesa técnica salarial de la que, según recordó, participaron representantes del Superior Tribunal de Justicia (STJ), la Asociación de Magistrados, los gremios y el Poder Ejecutivo.
A su entender, avanzar con una modificación del régimen mediante una ley sin resolver previamente las objeciones de los trabajadores debilitaría ese ámbito de discusión.
Descuentos y continuidad
El conflicto sumó tensión por la decisión del STJ de descontar los haberes correspondientes a las jornadas de paro.
Bernard criticó esa respuesta y afirmó que los gremios no habían mantenido un diálogo efectivo con la conducción del Poder Judicial sobre el fondo del reclamo. El Superior Tribunal había dispuesto descuentos ante las medidas anunciadas para el jueves y el viernes.
«Estamos denunciando un problema institucional grave», sostuvo el dirigente. Desde su perspectiva, el desacuerdo excede la discusión de un adicional salarial porque involucra decisiones del Poder Judicial, un proyecto del Ejecutivo y su tratamiento en la Legislatura.
Rechazó, además, que se responsabilice a los trabajadores por la interrupción de la actividad durante las medidas de fuerza.
Tras las dos jornadas de protesta, Bernard anticipó que la Intergremial intentará reunirse nuevamente la próxima semana con diputados del oficialismo y representantes del gobierno provincial. «Queremos dialogar y discutir este tema de manera seria y razonable. Tiene que servirnos a todos y no a un grupo», expresó.
Por ahora, los gremios mantienen su pedido de archivo del proyecto 2141/26 y de aplicación del régimen salarial que consideran vigente.
El proyecto que puede repetir la historia de los juicios del caso Müller
El dirigente de la Unión de Trabajadores Judiciales del Chaco (Utjch), Wapter Bernad, explicó que el rechazo de los gremios se concentra en lo que denominan un nuevo intento de «desenganche» salarial: la creación de un adicional para magistrados y funcionarios que, según su interpretación del proyecto, no se trasladaría proporcionalmente al resto del personal.
Bernard sostuvo que el antecedente del caso Müller muestra las consecuencias de apartarse del régimen de porcentualidad. «Es lo que está ocurriendo justamente», respondió cuando se le preguntó si la propuesta podía provocar otra serie de demandas judiciales.
La ley de porcentualidad toma la remuneración de los integrantes del Superior Tribunal de Justicia (STJ) como referencia para calcular los sueldos de los demás cargos mediante coeficientes. «Por cada cien pesos que percibe un juez del Superior, el personal judicial cobra un porcentaje», resumió Bernard.
Para el sindicato, otorgar un incremento por fuera de esa relación modificaría en los hechos el sistema salarial que rige en el Poder Judicial.
Un conflicto que comenzó décadas atrás
El caso Müller, citado por Bernard durante la entrevista, permite entender por qué la discusión actual despierta esa preocupación.
La controversia se originó después de la sanción, en 1983, de la ley provincial 2895, conocida como «ley de enganche».
Trabajadores judiciales cuestionaron que distintos aumentos otorgados a los integrantes del Superior Tribunal no se hubieran reflejado en los sueldos del resto del personal conforme a la escala de porcentualidad.
Las demandas se acumularon en una causa encabezada por Gustavo Adolfo Müller. En 1989, un STJ integrado ad hoc hizo lugar al reclamo, declaró vigente el régimen de enganche y ordenó reajustar los salarios desde junio de 1985.
La provincia recurrió esa decisión, pero la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inadmisible su presentación en 1998. El recorrido del expediente y de sus causas vinculadas consta en un dictamen del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
El conflicto continuó. En 1991, una resolución del Superior Tribunal había creado un suplemento mensual que representaba un incremento del 113% para sus jueces.
La falta de traslado de ese concepto al resto de la escala dio lugar a nuevas demandas iniciadas a partir de 1992.
Asimismo, en la causa Müller se declaró posteriormente la nulidad de aquella resolución por ilegitimidad. El expediente atravesó así años de litigios sobre la composición del salario y las diferencias que reclamaban los trabajadores.
El dictamen fiscal registra, además, que los demandantes cuestionaron la forma en que la provincia había cumplido la primera sentencia: señalaron que se liquidó y pagó solo una parte de lo adeudado y que deuda histórica fue abonada mediante títulos públicos.
Ese antecedente permite dimensionar el costo de sostener durante años una disputa salarial, aunque no equivale a afirmar que todos los juicios posteriores tuvieron idéntico resultado o que la totalidad de las sumas reclamadas ya fue pagada.
Para Bernard, el punto en común con el debate presente es la posibilidad de establecer un concepto salarial para los cargos superiores y excluirlo del cálculo de las remuneraciones de los demás trabajadores.
Sostuvo que los fallos anteriores son un antecedente que la Legislatura debería considerar antes de tratar el proyecto 2141/26. «Lo que pretende este proyecto es generar un adicional nuevo y no trasladarlo al resto del personal», afirmó.