El Gobierno del Chaco dispuso la cesantía de un agente que se desempeñaba como responsable institucional del Centro de Contención para Personas en Situación de Calle Mírame III, de Resistencia, tras un sumario administrativo que investigó una serie de irregularidades ocurridas dentro del dispositivo.
La medida fue establecida mediante el Decreto 2214/2026, fechado el 18 de septiembre. Según el documento, la investigación había comenzado en mayo de 2022 luego de que las autoridades detectaran anomalías vinculadas tanto con el estado del edificio como con el funcionamiento interno del centro.
Entre las primeras situaciones advertidas figuraban canillas e inodoros deteriorados, un baño para personas con discapacidad que permanecía cerrado con llave, filtraciones de agua en los dormitorios, desagües pluviales obstruidos y paredes afectadas por la humedad.
Las autoridades señalaron además que el inmueble había sido remodelado menos de un año antes y que esas irregularidades no aparecían asentadas en el libro de novedades, publicó el portal Data Chaco.
El expediente también puso bajo la lupa el funcionamiento del Economato, encargado del manejo de las mercaderías destinadas al establecimiento.
Según consta en el decreto, en abril de 2022 se detectó que no se registraban correctamente las mercaderías recibidas. Ante esa situación se habilitó un nuevo cuaderno de control, pero el entonces responsable del dispositivo se habría negado a recibirlo y realizar las anotaciones correspondientes.
Días después se le requirió transparentar la utilización de los fondos destinados a las raciones y entregar las llaves del Economato. De acuerdo con el sumario, las solicitudes no fueron cumplidas de manera íntegra: se entregó solamente una copia de las llaves y posteriormente hubo una negativa a completar lo requerido.
La normativa vigente establecía, además, que la persona encargada del Economato debía ser distinta del responsable institucional del dispositivo, precisamente para separar las funciones de conducción y administración de los recursos.
Durante la investigación también se incorporó una exposición policial por una presunta retención indebida de fondos públicos provenientes de vueltos entregados por proveedores. El decreto menciona esa presentación dentro de las actuaciones administrativas, sin consignar en el documento analizado el resultado de una eventual investigación penal.
Inexplicable accionar
Uno de los puntos más sensibles del expediente estuvo relacionado con la atención de quienes acudían al centro buscando alojamiento.
Un informe de marzo de 2022 registró que operadores de una guardia se negaron a permitir el ingreso de tres personas en situación de calle. En ese momento intentaron comunicarse tres veces con el responsable institucional, pero no obtuvieron respuestas.
El expediente incorporó además otro episodio similar ocurrido un día antes, cuando otras tres personas tampoco pudieron alojarse en el lugar. Según el documento, algunas de ellas manifestaron que no era la primera vez que atravesaban esa situación y señalaron las dificultades que implicaba ser derivadas a otro dispositivo alejado de sus lugares de trabajo informal.
La evaluación realizada por una profesional de Trabajo Social sostuvo que esos episodios habían provocado una revictimización de personas en condiciones de vulnerabilidad y describió la existencia de actitudes de rechazo incompatibles con la función que debía cumplir el centro.
Denuncias de hostigamiento
y un «equipo paralelo»
La investigación administrativa también detectó la existencia de un denominado «equipo técnico paralelo», que no contaba con autorización formal y que, según los informes incorporados al expediente, ejercía hostigamiento sobre residentes del dispositivo.
El decreto señala además que el equipo técnico oficial fue desalojado de manera violenta de su oficina y que se produjo la desaparición de informes confidenciales pertenecientes a legajos personales de los usuarios.
Al evaluar las pruebas reunidas, la administración provincial consideró acreditados el mal desempeño en las funciones de conducción, negligencia grave y omisión de deberes. También atribuyó al entonces responsable haber permitido el funcionamiento de ese equipo paralelo, obstaculizado la tarea del personal técnico formal y contribuido al descontrol en el manejo del Economato.
Entre los cargos que el decreto considera suficientemente acreditados aparecen además el maltrato y hostigamiento indirecto hacia residentes, la deficiente custodia de bienes e infraestructura estatal, la desobediencia de las vías jerárquicas, la retención de llaves del Economato y la obstaculización del ingreso de mercaderías.
Como agravante, el Ejecutivo tuvo en cuenta la experiencia previa del agente dentro de la administración pública y la existencia de una sanción anterior vinculada, también, con el trato indebido hacia residentes vulnerables.
CESANTIA Y NUEVOS CONTROLES
Tras analizar el expediente, la Dirección de Sumarios recomendó aplicar la cesantía al responsable institucional. En el mismo informe se habían propuesto sanciones de suspensión para otras dos agentes que fueron investigadas en el marco del procedimiento.
Finalmente, el Ejecutivo dispuso la cesantía del principal investigado al considerar que había incumplido obligaciones relacionadas con la conducción del establecimiento, la obediencia jerárquica, el resguardo del patrimonio público y el deber de garantizar un trato digno, cortés y ecuánime.
El decreto también ordenó adoptar medidas para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse. Entre ellas, recomendó digitalizar en tiempo real el stock del Economato, realizar inventarios mensuales, programar inspecciones periódicas del edificio, delimitar las funciones y espacios de los equipos técnicos y crear un canal seguro de denuncias.
También planteó implementar un registro automatizado de los ingresos nocturnos al centro, con el objetivo de mejorar el control y proteger tanto a las personas alojadas como a los trabajadores del dispositivo.