La presidenta de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Jufejus) y ministra del Superior Tribunal de Justicia (STJ) del Chaco, Emilia Valle, encabezó la apertura de la jornada «Seguros y proceso judicial: cobertura, responsabilidad y nuevos desafíos», realizada el jueves 8 de octubre en el Salón de Usos Múltiples (SUM).
La actividad reunió a representantes del ámbito judicial, organismos reguladores, compañías aseguradoras y entidades profesionales para abordar las relaciones entre la actividad aseguradora y la administración de justicia, con especial atención a las coberturas, las responsabilidades y los desafíos que surgen en los procesos judiciales.
Durante el acto inaugural, Valle estuvo acompañada por Javier Fernández, juez nacional de Primera Instancia en lo Civil y director ejecutivo de la Academia de Intercambios y Estudios Judiciales (AIEJ); Guillermo Plate, superintendente de Seguros de la Nación; y Aldo Álvarez, presidente de la Asociación de Aseguradores Argentinos (Adeaa).
También participaron el presidente del STJ, Enrique Varela; el juez Víctor Del Río; la defensora general, Alicia Alcalá; y la diputada provincial Maida With, quien entregó una declaración de interés.
La convocatoria contó, además, con la presencia de Ricardo Urturi, presidente del Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento, y María Elena Pace, titular de la Entidad de Justicia de Paz y Faltas.
Al iniciar su intervención, la ministra destacó la importancia de promover espacios de intercambio entre los distintos sectores relacionados con la actividad aseguradora y el sistema judicial.
En ese marco, identificó la capacitación como uno de los ejes fundamentales de la política institucional del Poder Judicial del Chaco, junto con la celeridad en la tramitación de los asuntos y el trato digno y sensible hacia las personas que utilizan el servicio de justicia.
Valle también sostuvo que la formación permanente constituye una obligación ética para quienes integran los poderes judiciales y una condición necesaria para el funcionamiento efectivo de la Justicia y el ejercicio profesional.
En su exposición, vinculó esa necesidad con la complejidad de las cuestiones que deben resolver los tribunales y con la importancia de comprender las distintas dimensiones de los asuntos sometidos a consideración judicial.
EL PAPEL DEL SEGURO Y
LOS CRITERIOS JUDICIALES
Al referirse al eje central del encuentro, la ministra señaló que el seguro cumple una función económica y social que excede la relación contractual entre asegurados y aseguradoras. Explicó que esta actividad se relaciona con la previsión, la distribución de riesgos y la respuesta frente a los daños que pueden producirse en la vida en sociedad.
Desde esa perspectiva, sostuvo que los conflictos derivados de la actividad aseguradora requieren una aproximación que contemple tanto las disposiciones normativas y contractuales como las circunstancias concretas en las que se producen los hechos que posteriormente son sometidos a decisión judicial.
En relación con la intervención de los tribunales, Valle advirtió que el conocimiento de las normas y los contratos no resulta suficiente cuando se deben resolver controversias vinculadas con seguros y responsabilidades.
Remarcó la necesidad de comprender la realidad en la que se inscriben esos conflictos y señaló que las decisiones judiciales pueden generar consecuencias que trascienden a las partes directamente involucradas.
Su planteo estuvo dirigido a la importancia de considerar las características de cada situación al momento de administrar justicia, especialmente en asuntos que involucran responsabilidades civiles, daños y obligaciones derivadas de las coberturas aseguradoras.
La ministra también abordó los desafíos relacionados con la transformación digital y sus efectos sobre el funcionamiento de los poderes judiciales. Entre las oportunidades, mencionó las posibilidades de mejorar el acceso a la justicia, la eficiencia y la transparencia, mientras que entre los riesgos identificó la criminalidad digital y la brecha tecnológica.
En ese contexto, remarcó la necesidad de que las instituciones judiciales puedan responder a las demandas de una ciudadanía cuyos hábitos y tiempos difieren de los que todavía caracterizan a buena parte de los procesos judiciales.
La incorporación de herramientas tecnológicas, de acuerdo con su exposición, plantea exigencias que deben ser consideradas en la organización y prestación del servicio.
Durante su discurso, Valle citó una reflexión de Andrés Gil Domínguez para señalar que la legitimidad judicial no depende exclusivamente de la corrección jurídica de las sentencias, sino también de la capacidad de los tribunales para comprender y acompañar las demandas de la sociedad.
Al concluir, sostuvo que el diálogo con los distintos sectores sociales y profesionales no afecta la independencia judicial, sino que permite conocer mejor la realidad en la que se desarrolla la tarea de administrar justicia.
De esta manera, destacó la importancia de mantener instancias de intercambio institucional que contribuyan al conocimiento de las problemáticas abordadas por los tribunales, sin alterar la autonomía que corresponde al ejercicio de la función judicial.
Responsabilidad civil
e Inteligencia Artificial
El tramo final de la jornada estuvo dedicado a los desafíos que plantea la responsabilidad civil en tiempos de Inteligencia Artificial (IA).
El tema fue desarrollado por María Kassor, jueza del Juzgado Civil y Comercial 2 de Resistencia, y Fabián Vítolo, médico especialista en prevención de daños médicos y seguridad del paciente.
La participación de ambos profesionales reunió perspectivas del ámbito judicial y de la medicina para examinar una problemática que involucra la determinación de responsabilidades y la prevención de daños en un contexto de incorporación de nuevas tecnologías.
La actividad se desarrolló tanto en modalidad presencial como virtual y estuvo dirigida a integrantes del ámbito judicial, profesionales del derecho y de la medicina.
El programa incluyó exposiciones sobre la transferencia del riesgo, el seguro en el fuero civil y comercial, la apelación, el litisconsorcio, los efectos de los procesos judiciales sobre el fondo de primas y la masa de asegurados, y la responsabilidad civil frente a los desafíos de la inteligencia artificial.
La convocatoria reunió a representantes institucionales, especialistas y profesionales de distintas disciplinas para abordar aspectos jurídicos, económicos y técnicos relacionados con la actividad aseguradora y su intervención en los procesos judiciales. En conjunto, la jornada «Seguros y proceso judicial: cobertura, responsabilidad y nuevos desafíos» concentró su agenda en la relación entre la actividad aseguradora y el sistema de justicia, desde las funciones de supervisión y solvencia de las compañías hasta el tratamiento de los litigios y las nuevas cuestiones vinculadas con la transformación digital.
Las exposiciones incluyeron la formación permanente de los operadores judiciales, la articulación institucional, las responsabilidades civiles y los efectos económicos de los procesos, con participación de representantes del Poder Judicial, organismos reguladores, entidades aseguradoras y especialistas del derecho y la medicina.