La Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados de la Nación presidida por Alberto Bertie Benegas Lynch, iniciará el tratamiento hoy, con una presentación del secretario de Hacienda, Carlos Guberman. El proyecto prevé un crecimiento del PBI del 4%, inflación del 18%, un dólar a $1.847 al cierre de 2027 y un superávit financiero de $246.741 millones. Los recursos totales se estiman en $198.96 billones y los gastos en $198.71 billones.
El oficialismo busca obtener dictamen y debatir la iniciativa en el recinto en noviembre, mientras continúan las diferencias por discapacidad y financiamiento universitario.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda fue convocada para ayer, a las 12, por el diputado libertario Alberto Bertie Benegas Lynch, con el propósito de iniciar el análisis del proyecto que el ministro de Economía, Luis Caputo, remitió a la Cámara baja el 15 de septiembre.
La exposición inicial estará a cargo del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quien presentará los principales lineamientos de la iniciativa y responderá sobre sus previsiones.
La designación se aparta de la práctica habitual de que el ministro de Economía concurra personalmente al Congreso para explicar el proyecto presupuestario.
Durante la administración de Milei, Caputo evitó participar de esas presentaciones y, en las dos oportunidades anteriores, la exposición estuvo a cargo del Presidente, una vez en el recinto y otra mediante una cadena nacional.
La apertura del debate se producirá en una semana de actividad parlamentaria intensa, con iniciativas contrapuestas y una agenda que incluye asuntos institucionales, sociales y económicos.
La oposición convocó a una sesión para el jueves en la que incorporó el rechazo al denominado «mega DNU» de Milei, la prórroga de la ley de emergencia en discapacidad y un proyecto de alivio para las deudas familiares en mora.
Frente a esa convocatoria, el oficialismo considera que los bloques opositores no reunirán el quórum necesario para sesionar, entre otros motivos por el fallo de la Corte Suprema que suspendió la derogación de la Ley de Tierras dispuesta mediante el decreto de necesidad y urgencia.
La Libertad Avanza convocó, a su vez, a una sesión para el 21, con la expectativa de tratar, entre otros asuntos, su propia iniciativa en materia de discapacidad.
La estrategia oficialista consiste en postergar el tratamiento de los temas más conflictivos incluidos en la convocatoria opositora y concentrar la discusión en una agenda que pueda administrar con sus aliados. Para ello, La Libertad Avanza acordó con el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y bloques provinciales una propuesta sobre discapacidad que pretende llevar al Congreso en la siguiente sesión.
Ese entendimiento también repercutirá en el debate presupuestario, dado que las partidas previstas para sostener las medidas acordadas deberán quedar reflejadas en el cálculo de gastos e ingresos de 2027.
PRESTACIONES
Las partidas para discapacidad constituyen uno de los principales puntos de discusión porque están relacionadas con la continuidad de las prestaciones y los beneficios destinados a las personas alcanzadas por las políticas públicas del sector.
La oposición pretende avanzar con la prórroga de la emergencia en discapacidad durante la sesión prevista para el jueves, mientras que el oficialismo busca impulsar una propuesta propia, que presenta como «superador» de la iniciativa opositora.
La diferencia entre ambos enfoques se trasladará al análisis presupuestario, ya que las medidas acordadas por el oficialismo con sus aliados requieren previsiones de financiamiento para el próximo ejercicio.
Por ese motivo, la exposición del secretario de Hacienda deberá abordar las partidas que contempla el proyecto y su relación con las disposiciones incluidas en la iniciativa negociada en Diputados.
El proyecto consensuado entre La Libertad Avanza y los bloques aliados mantiene la actualización de las pensiones no contributivas de acuerdo con la inflación, incorpora un nomenclador universal para las prestaciones y conserva la posibilidad de que los pensionados perciban el beneficio aun cuando tengan un empleo registrado.
Esta última condición estará sujeta a que la remuneración laboral no supere el equivalente a dos salarios mínimos. Los tres componentes forman parte de los aspectos centrales de la propuesta acordada y deberán tener correspondencia con las previsiones presupuestarias que se analizan para 2027.
La inclusión de esos recursos será relevante para determinar cómo se instrumentarán las medidas y qué partidas quedarán disponibles para atender las obligaciones previstas en el área.
Proyecciones económicas
El proyecto de presupuesto 2027 prevé un crecimiento del producto bruto interno del 4% durante el próximo año, una inflación acumulada del 18% a diciembre y un aumento del 25,4% en el salario promedio.
En materia cambiaria, la iniciativa estima que el dólar alcanzará los $1.847 al cierre de diciembre de 2027.
Esas variables integran el escenario macroeconómico elaborado por el Gobierno para calcular los recursos disponibles y los gastos previstos para la Administración Nacional.
Las proyecciones constituyen la base sobre la cual se establecen las estimaciones de recaudación, actividad económica y resultado fiscal que acompañan al proyecto remitido a la Cámara de Diputados.
Para 2027, el cálculo de recursos y gastos de la Administración Nacional presenta una diferencia favorable, de acuerdo con las cifras incluidas en la iniciativa. Sin embargo, el resultado previsto deberá evaluarse en relación con las hipótesis macroeconómicas del proyecto y con las partidas que finalmente sean aprobadas durante el tratamiento legislativo.
En cuanto al comercio exterior, el proyecto estima exportaciones por USD133.984 millones e importaciones por USD118.424 millones, lo que arroja un saldo comercial favorable de USD15.560 millones. La previsión contempla un resultado positivo de la balanza comercial de bienes y servicios superior a los USD15 mil millones.
El documento también proyecta una variación interanual positiva del 3,4% en el consumo privado y del 9,2% en las inversiones.
Esas estimaciones integran el escenario de actividad económica previsto para el próximo ejercicio y forman parte de los parámetros utilizados por el Gobierno para calcular el desempeño de la economía y las cuentas fiscales. El cumplimiento de esas metas dependerá de la evolución de las variables consideradas en el proyecto.
Los recursos totales de la Administración Nacional para 2027 se estiman en $198.96 billones, un incremento del 25,3% respecto de 2026. Los gastos totales, excluidos los intereses pagados entre organismos de la propia Administración Nacional, se calculan en $198.71 billones, lo que representa un aumento del 25,2% en comparación con el ejercicio anterior.
La diferencia entre ambos conceptos arroja un superávit financiero proyectado de $246.741 millones.
Fondos universitarios
El financiamiento de las universidades públicas será el otro eje central de la discusión presupuestaria. Para el jueves está prevista la 5ª Marcha Federal Universitaria en los alrededores del Congreso, con el objetivo de reclamar la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya implementación el Gobierno mantiene suspendida.
La movilización coincidirá con la sesión solicitada por la oposición y se realizará dos días después de la presentación de Guberman ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
El reclamo universitario se concentrará en el cumplimiento de la norma que establece mecanismos de recomposición y actualización de los salarios, además de recursos para el funcionamiento de las instituciones.
La inclusión de esas previsiones en el proyecto presupuestario constituye uno de los principales puntos de desacuerdo entre el Poder Ejecutivo, las universidades y los sectores opositores.
LA DISPUTA JUDICIAL
El Congreso ratificó la Ley de Financiamiento Universitario con mayorías calificadas después del veto presidencial, pero el Poder Ejecutivo suspendió la aplicación de las partidas mediante un decreto, bajo el argumento de que la norma no establece una fuente específica de financiamiento.
Frente a esa decisión, las universidades recurrieron a la Justicia Federal para reclamar que se garantice la aplicación de la ley.
La semana pasada, la Justicia declaró inconstitucional la suspensión dispuesta por el Gobierno, que posteriormente apeló la resolución. El expediente deberá ser analizado ahora por el tribunal de alzada, por lo que la controversia permanece abierta en el ámbito judicial.
La disputa entre los poderes del Estado se desarrolla en paralelo al inicio del tratamiento del presupuesto 2027 y condiciona la discusión sobre los recursos que se asignarán al sistema universitario durante el próximo año.
El proyecto presupuestario del Gobierno mantiene partidas limitadas para las universidades públicas, de acuerdo con el criterio de equilibrio fiscal que defiende la administración de Milei.
Las instituciones universitarias y la oposición reclaman, en cambio, que se incorporen los mecanismos de actualización salarial y los gastos de funcionamiento contemplados en la ley ratificada por el Congreso. La diferencia no se limita al monto de los recursos, sino que también comprende la aplicación de las obligaciones previstas en la normativa vigente.