El diputado provincial propone además un blindaje del presupuesto de Salud, $25.000 millones para hospitales y que el Ejecutivo diga en qué municipio va cada obra.
El diputado provincial Santiago Pérez Pons presentó un despacho en el que plantea modificaciones al Presupuesto 2027 que envió el gobierno de Leandro Zdero. Advirtió que el oficialismo dictaminó el proyecto del Ejecutivo “sin cambiarle una coma”, y que su despacho propone ocho reformas con un mismo objetivo: que lo que se vota se ejecute y que los recursos lleguen a quienes el ajuste viene castigando.
“Este gobierno presenta presupuestos para la foto. Infla partidas que después no ejecuta, deja casi la mitad de la obra pública sin destino y pide autorización para endeudarse a corto plazo. Nosotros proponemos reglas claras para que los números se cumplan”, señaló Pérez Pons.
SALARIOS CON CLÁUSULA GATILLO
La primera reforma restituye un mecanismo que el gobernador prometió y después eliminó. El despacho establece una actualización trimestral automática: si la inflación (IPC-NEA) supera los aumentos otorgados, la diferencia se incorpora al sueldo del mes siguiente, sin perjuicio de las paritarias. Se financia con la mayor recaudación, el superávit, la obra sin destino y las vacantes que dejaron los retiros voluntarios.
“Zdero prometió la cláusula gatillo y se la quitó a los docentes. Hoy la inflación del NEA corre por delante de los salarios. Hay recursos para corregirlo, lo que falta es decisión”, afirmó el legislador.
SALUD NO ES VARIABLE DE AJUSTE
El despacho apunta a una práctica que se repite en la gestión de Zdero: inflar el presupuesto de Salud y después ejecutar apenas el 60%. Pérez Pons propone que durante 2027 no se puedan sacar fondos de Salud, y que no se recorten las partidas de medicamentos, insumos médicos y prótesis. También fija metas de ejecución trimestrales (20%, 45%, 70% y 95% al cierre) y obliga a informar a la Legislatura si no se cumplen.
Además, el despacho reasigna $25.000 millones de la obra sin destino del Ministerio de Infraestructura a Salud, para infraestructura y equipamiento de hospitales públicos bajo el régimen de la Ley 3036-G.
OBRA PÚBLICA CON DESTINO
Hoy el 46% del plan de obras no tiene ubicación. El despacho obliga al Ejecutivo a informar en 60 días en qué municipio va cada una. El reparto se haría con criterios objetivos: 50% por población, 30% por necesidades básicas insatisfechas y 20% en partes iguales. Hasta que no lo haga, no podrá comprometer esos fondos.
“Una obra sin destino es un cheque en blanco para repartir según la conveniencia política. Cada intendente y cada chaqueño tiene derecho a saber qué le toca”, sostuvo Pérez Pons.
MENOS DEUDA Y UNA CAJA PÚBLICA QUE NO SEA PARA PRIVADOS
El tope de emisión de letras baja de $300.000 millones a $170.000 millones, para reducir el endeudamiento de corto plazo. Además, el despacho limita el artículo 21: los adelantos de fondos solo podrán destinarse a programas con Nación y con organismos multilaterales de crédito. Se elimina la habilitación para “cualquier persona física o jurídica, pública o privada”.
“Después de tres años diciendo que venían a pagar la deuda de la gestión anterior, presentan un presupuesto con más deuda y con la puerta abierta para prestarle plata pública a privados”, cuestionó.
RETIROS VOLUNTARIOS Y BENEFICIOS FISCALES A LA VISTA
Sobre los retiros voluntarios, el despacho exige un informe de cuántos agentes se retiraron y cuántos cargos se eliminaron. También prohíbe designar personal en esas vacantes, salvo a través de un Plan de Regularización Laboral para temporarios y contratados, con capacitación y criterios de antigüedad y formación. “Que no sean una puerta giratoria para nombrar a los propios”, advirtió.
Por último, el Ejecutivo deberá detallar en 60 días el gasto tributario de cada régimen. El detalle incluye el costo del RINI, la baja de Ingresos Brutos, las deducciones por apadrinamiento de salud (Ley 4254-G) y su impacto en la coparticipación a los municipios. “Si el gobierno resigna recursos, los chaqueños tienen que saber cuánto cuesta y a quién beneficia”, agregó.
“Lo que buscamos es simple: que los números se cumplan, que la obra llegue a todos los municipios y que el ajuste no lo paguen otra vez los trabajadores”, concluyó Pérez Pons.