La Auditoría General de la Nación (AGN) incorporó a su Programa de Acción Anual correspondiente al ejercicio 2027 dos auditorías sobre concesiones estratégicas para el Gobierno de Javier Milei.
Una de ellas estará centrada en el controvertido proceso de licitación de la Vía Navegable Troncal, conocida como Hidrovía, mientras que la otra examinará la prórroga de la concesión de Aeropuertos Argentina, tramitada mediante tres actas secretas por el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna).
Ambas decisiones colocan bajo revisión procedimientos administrativos y contractuales de fuerte impacto económico, en un contexto atravesado por cuestionamientos sobre la transparencia de las decisiones oficiales y el control de los servicios concesionados.
La decisión fue aprobada por el Colegio de Auditores de la AGN, aunque todavía debe superar una instancia institucional para quedar definitivamente incorporada al programa. El paso pendiente corresponde a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, en el marco de las disposiciones de la Ley 24.156 de Administración Financiera.
La iniciativa se produce, además, mientras continúan las repercusiones por el último informe de la Auditoría General de la Nación sobre las operaciones del Banco Central vinculadas con los envíos de oro al exterior y las transacciones con instrumentos derivados.
Estas últimas habrían generado pérdidas superiores a los USD1.000 millones, según los datos consignados en el informe. En ese escenario, la AGN también podría presentar antes de finalizar el año un documento crítico sobre los movimientos de oro, luego de que el Banco Central, conducido por Santiago Bausili, agotara el plazo disponible y la prórroga correspondiente para responder a los requerimientos del organismo.
El Programa de Acción Anual 2027 contempla, además, una agenda de fiscalización sobre el sistema universitario y el sector público descentralizado.
La planificación incorpora ocho proyectos específicos de auditoría que alcanzarán a 12 universidades nacionales, junto con 27 informes destinados a examinar empresas públicas, fideicomisos y distintos entes estatales.
La amplitud de ese esquema muestra que la intervención de la AGN no estará limitada a las concesiones de infraestructura, sino que abarcará también organismos y estructuras administrativas con participación estatal.
DENUNCIAS
La licitación de la hidrovía quedó bajo cuestionamiento incluso después de que el Gobierno registrara como ganadora a la sociedad integrada por la compañía belga Jan De Nul y la argentina Servimagnus, agrupadas en la nueva firma Vía Navegable Argentina (VNA).
El procedimiento, destinado a definir la concesión de una de las infraestructuras logísticas más importantes del país, estuvo acompañado por controversias relacionadas con las condiciones del concurso, los mecanismos de evaluación de las propuestas y la posible participación de intereses empresariales que no aparecerían de manera directa en la estructura formal de los consorcios.
Entre las hipótesis mencionadas durante el proceso surgió la eventual vinculación con el Grupo Neuss, aunque el texto original no consigna una acreditación de esa participación.
En paralelo, el Ministerio Público Fiscal avanzó con una investigación sobre posibles irregularidades en el desarrollo del concurso, particularmente por la presunta omisión de etapas y eventuales modificaciones en aspectos concretos del procedimiento.
En una presentación firmada por el fiscal Sergio Leonardo Rodríguez, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) advirtió sobre las condiciones de evaluación de las propuestas técnicas.
El organismo constató «una grave vulneración al principio de transparencia debido a la carencia de parámetros objetivos para la calificación de ciertos aspectos de las ofertas técnicas».
A partir de ese diagnóstico, sostuvo que la «ausencia de reglas claras otorga a la Comisión Evaluadora un margen de discrecionalidad excesivo, habilitando la posibilidad de que los criterios de calificación sean adaptados de forma subjetiva o arbitraria con posterioridad a la apertura de los sobres, lo cual lesiona directamente la libre competencia».
Las controversias también incluyeron la circulación de un documento técnico que fue remitido oportunamente a uno de los consorcios participantes. Ese grupo estaba integrado por la compañía belga DEME NV, el fondo de inversión Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR), Clear Street y Great Lakes Dredge & Dock Company (GLDD), identificada como la mayor proveedora de servicios de dragado de Estados Unidos.
El documento circuló por distintos despachos internacionales y presentaba coincidencias con la denuncia judicial que había formalizado ante la PIA la empresa brasileña DTA Engenharia, otra de las firmas que quedó fuera del proceso.
EEUU, CHINA Y LOS
INTERESES ESTRATÉGICOS
La dimensión internacional del conflicto adquirió mayor relevancia a partir de los cuestionamientos expresados por Estados Unidos sobre el proceso licitatorio.
Desde ese país señalaron la existencia de presuntos vínculos indirectos con China que, según la información publicada, el gobierno argentino había negado.
Sin embargo, las objeciones estadounidenses apuntaron a la posibilidad de que existieran relaciones o canales de vinculación que no resultaban visibles en la estructura formal de las firmas participantes.
Los representantes republicanos estadounidenses señalaron presuntas reuniones entre emisarios de la embajada de China en Buenos Aires y funcionarios de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), organismo conducido por Iñaki Arreseygor.
Esos encuentros fueron mencionados como parte de las sospechas sobre posibles conexiones que podrían haber intervenido en el escenario de la concesión.