El director de la consultora Politikon Chaco, Alejandro Pegoraro, analizó las controversias en torno a las mediciones oficiales de inflación y pobreza, a partir de los cuestionamientos metodológicos planteados por la Universidad Católica Argentina (UCA), y sostuvo que el principal problema del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) radica en la desactualización de los parámetros utilizados para elaborar sus indicadores.
El economista aclaró que no existen elementos para afirmar que el organismo manipula los resultados, sino que trabaja con una estructura de medición que dejó de representar adecuadamente los hábitos de consumo de los hogares argentinos.
En declaraciones al programa 7AM, explicó que «la metodología que tiene actualmente el INDEC funciona perfecto, el problema es que tiene un grado de desactualización; lo que mide lo mide bien, el tema es que está midiendo algo distinto a lo que debería medir».
Pegoraro señaló que la metodología vigente se apoya en una canasta de consumo construida sobre parámetros correspondientes a los años 2004 y 2005, una referencia que presenta diferencias significativas respecto de la composición actual de los gastos familiares.
En ese período, la distribución del presupuesto de los hogares respondía a condiciones económicas y sociales distintas de las actuales, mientras que en la actualidad adquirieron mayor incidencia rubros como los alquileres, las tarifas de los servicios públicos y el acceso a internet.
Pegoraro remarcó que esta transformación modifica la proporción de los ingresos que las familias destinan a cada necesidad y plantea la necesidad de revisar las ponderaciones utilizadas para calcular la evolución del costo de vida.
LA POSTERGACIÓN DE LA NUEVA FÓRMULA
En relación con la decisión del Gobierno nacional de postergar la implementación de una nueva metodología para medir la inflación, basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017-2018, el titular de Politikon identificó razones económicas y políticas que podrían explicar la demora.
Según su análisis, la actualización de la estructura de ponderaciones tendría consecuencias sobre determinados compromisos financieros del Estado, particularmente aquellos vinculados con instrumentos de deuda cuyos rendimientos se encuentran asociados al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).
Pegoraro remarcó que una modificación del índice podría incrementar los montos que el Gobierno debe afrontar por los bonos y las letras ajustados mediante ese mecanismo, por lo que la decisión también estaría relacionada con el impacto fiscal de actualizar la medición.
El consultor agregó que existe otro componente vinculado con las consecuencias públicas de modificar la serie estadística y revisar retrospectivamente los registros de inflación.
Explicó que un empalme de las mediciones anteriores con la nueva metodología podría mostrar valores históricos superiores a los difundidos oportunamente, lo que modificaría la percepción sobre la evolución de los precios durante períodos precedentes.
En ese sentido, consideró que la postergación constituye un error de comunicación institucional, porque alimenta las sospechas sobre la confiabilidad de las estadísticas oficiales, pese a que su cuestionamiento se concentra en la antigüedad de los parámetros utilizados.
Al respecto, afirmó que «terminan de alguna manera robusteciendo el argumento de que es un número dibujado, cuando la realidad es que no hay ningún dibujo, lo que hay es una medición que quedó vieja».
» Escenario económico y político
Consultado sobre las perspectivas políticas de cara a las elecciones de 2027, Pegoraro consideró que el Gobierno nacional buscará sostener su estrategia económica sin recurrir a las políticas expansivas tradicionales que suelen utilizarse para estimular el consumo y la actividad antes de una contienda electoral.
El consultor opinó que la administración nacional intentará consolidar la estabilidad macroeconómica y presentar sus resultados como principal argumento de gestión, en un escenario en el que la oposición todavía no habría logrado consolidar liderazgos capaces de articular una alternativa política competitiva. Esta estrategia supondría mantener los lineamientos económicos centrales y apostar a que la evolución de las variables generales alcance para sostener el respaldo electoral.
Sin embargo, el consultor advirtió que el escenario presenta un desafío diferente al que caracterizó las etapas anteriores del programa económico, porque la preocupación por el empleo desplazó a la inflación como principal inquietud social.
Pegoraro remarcó que la pérdida de puestos de trabajo, las dificultades para conseguir nuevas oportunidades laborales y el deterioro de los ingresos constituyen factores que pueden condicionar la evaluación ciudadana sobre la marcha de la economía.
En ese contexto, recalcó que la estabilidad financiera y la desaceleración de los precios conviven con situaciones de incertidumbre en amplios sectores de la población, cuya experiencia cotidiana está determinada por las posibilidades concretas de acceder a un empleo y sostener sus ingresos.
Precios y poder adquisitivo
Al abordar la percepción social sobre la evolución del costo de vida, Pegoraro distinguió entre los resultados macroeconómicos que exhibe el Gobierno nacional y las dificultades que enfrentan diariamente los hogares para sostener sus gastos.
Señaló que la desaceleración del índice general de precios constituye un indicador relevante para evaluar la dinámica económica, pero advirtió que su impacto no se distribuye de manera uniforme entre los distintos sectores sociales.
El consultor remarcó que las familias de menores ingresos destinan una proporción considerable de sus recursos a la compra de alimentos y al pago de servicios esenciales, componentes que pueden registrar aumentos superiores al promedio general y afectar con mayor intensidad sus presupuestos.
En ese sentido, indicó que una reducción de la inflación agregada no necesariamente se traduce en una mejora inmediata de las condiciones materiales de vida.
El director de Politikon también vinculó esa diferencia con la evolución de los salarios y la capacidad de recuperación de los ingresos familiares.
Pegoraro consideró que la desaceleración de los precios necesita estar acompañada por una recomposición salarial que permita recuperar el poder adquisitivo perdido durante el proceso inflacionario.
Pegoraro subrayó que la estabilidad de los indicadores macroeconómicos resulta insuficiente si los ingresos laborales permanecen estancados o avanzan por debajo del costo de los bienes y servicios que integran el consumo cotidiano.
En ese marco, planteó que «el éxito de la desinflación tiene que venir necesariamente de la mano de una recomposición salarial que esté de mínima a la par», al establecer una relación directa entre la política de estabilización de precios y la recuperación de los ingresos.
La economía como factor electoral
Pegoraro sostuvo que la evolución de la economía real tendrá una incidencia determinante en la evaluación política de la gestión nacional y en la definición del escenario electoral de 2027.
En ese sentido, subrayó que la diferencia entre los resultados macroeconómicos que pueda exhibir el Ejecutivo y las condiciones laborales y salariales de la población representa, desde su perspectiva, uno de los principales puntos de tensión del proceso económico.
Del mismo modo, remarcó que si la desaceleración inflacionaria no se traduce en una recuperación de los ingresos, una mejora del empleo y una mayor capacidad de consumo, los indicadores generales podrían encontrar dificultades para convertirse en respaldo social. «Lo que sucede con la economía real es lo que va a terminar configurando el resultado electoral», sentenció.

