Cerca de 90 personalidades de la política y la justicia chaqueña adhirieron a la marcha del 1F

A través de un comunicado, dirigentes políticos mostraron su adhesión a la marcha convocada contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Los firmantes son cercanos al kirchnerismo y en un largo escrito justificaron su postura para sumarse a la movilización del próximo 1 de febrero que tendrá su punto central frente al edificio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación pero se replicará en todo el país. Entre los que suscribieron el comunicado provincial resaltan algunos nombres, como los ex diputados Julio René Sotelo, Felipe Bittel y Gladis Cristaldo, la ex presidente del Colegio de Abogados de Resistencia Laura Tissembaum entre otros letrados, la actual secretaria de Derechos Humanos y Género de la provincia Silvana Pérez y el también ex funcionario de la secretaría de Derechos Humanos Julio César García. El documento se titula “Por qué nos movilizamos el 1F” y allí señalan que tras el golpe militar de 1955, “las reformas constitucionales posteriores no han modificado el status -quo delineado por el confeso liberal de Alberdi, y ha sido gran parte del Poder Judicial Argentino quien ha venido a través de sus fallos consolidando los poderes fácticos, que por su posición dominante en lo económico son el poder real en nuestro País”.
“La necesidad de un cambio constitucional llegará por propio peso de las circunstancias de un pueblo que no está dispuesto a seguir entregando su destino a una plutocracia que lo sojuzga”, manifestaron y agregaron que “es necesario, hasta que llegue ese momento, que los sectores del Poder Judicial no sigan siendo instrumento de los grupos económicos para impedir cambios estructurales y desconocer leyes del Congreso Nacional. Ni ser el ariete de estos intereses para perseguir a dirigentes o políticos opositores a sus mandantes. Un poder Judicial que ha mantenido en el tiempo ciertos privilegios, como ser su inamovilidad, intangibilidad de sus sueldos y excepción de pago de ganancias, y que incluso se ha perpetuado en el poder legitimando golpes de Estado en desmedro de la Constitución que juraron defender”. «El sesgo ideológico impreso en fallos que abiertamente favorecen a grupos económicos, (pública vinculación de 2 de ellos con el Grupo Clarín) o el no tratamiento de recursos de presos detenidos con fuerte componente político, no respetar la ley de género, aplicación ilegitima del 2×1 a genocidas, el desconocimiento de facultades propias del Congreso Nacional y rehabilitar una ley derogada hace 15 años para controlar el Consejo de la Magistratura, que se atribuyen funciones legislativas y coartan facultades del P.E., la aceptación de su designación irregular por D.N.U. de sus miembros Rosatti y Rosenkrantz, (mas allá de la subsanación posterior) nos ponen en grave riesgo institucional e inhabilitan moral y jurídicamente a sus actuales componentes para seguir detentando tan alta magistratura”, consideraron para justificar su adhesión a la marcha.