En su discurso ante la Asamblea Legislativa, el presidente Alberto Fernández instó al Congreso Nacional a avanzar en la definición de una reforma de la ley de alquileres que «mejore» la norma actual y tenga en cuenta a todos los argentinos «que hoy son inquilinos». En una parte de su exposición, el presidente indicó que «hay problemas con el valor de los alquileres».
«Pensando en todos los argentinos que hoy son inquilinos, le pido al Congreso de la Nación que asuma la tarea de avanzar en los cambios que sean necesarios para mejorar la ley actual y generar un mejor acceso a la vivienda», manifestó el mandatario al inaugurar un nuevo período de sesiones ordinarias.
La actual normativa fue sancionada en junio de 2020 y estableció la extensión de los contratos de dos a tres años y la actualización anual de los valores, dejando de lado el esquema semestral que regía hasta la puesta en marcha de la nueva ley, a través de un indicador conformado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte).
En junio del año pasado se comenzó a aplicar la actualización de valores de los contratos bajo el índice elaborado por el Banco Central, que contempla la evolución de los salarios y la inflación anual.
Tras su instrumentación, se generaron una serie de dificultades que tienen que ver con el incremento anual de los montos de los contratos. En ese marco, las principales críticas provinieron desde el sector inmobiliario.
El mes pasado, desde la Secretaría de Comercio Interior se conformó una mesa de trabajo con representantes de inquilinos, inmobiliarias, desarrolladores urbanos, propietarios y organizaciones de la sociedad civil para analizar propuestas destinadas a dar una solución a la problemática de los alquileres en todo el país.
En noviembre de 2021, el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, había llamado a discutir en el Congreso una nueva ley de alquileres que brindara certezas al propietario y garantías y tranquilidad al inquilino, al considerar que la norma sancionada en 2020 había «fracasado».