En medio del comienzo del debate en el Congreso de las modificaciones a la Ley de Alquileres, las más de 30 cámaras y colegios inmobiliarios de todo el país que agrupan a los corredores presentaron un documento dirigido al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.
En la carta, las entidades —que no suelen presentar documentos conjuntos— solicitaron al Congreso de la Nación el inmediato debate para modificar la Ley de Alquileres y calificaron como «nocivos» los proyectos que proponen el impuesto a la vivienda ociosa o la fijación de un tope a los valores de los alquileres.
«Esto profundizaría el retiro de una mayor cantidad de unidades del mercado y desincentivaría la inversión inmobiliaria», según los firmantes del documento. En el texto, las entidades plantean que es necesario reformar urgentemente los plazos de contrato y la actualización de los valores.
La actual Ley de Alquileres entró en vigencia en 2020 con el pie izquierdo: a los pocos meses, sus efectos no deseados hicieron que diversos sectores comenzaran a plantear cambios y fue uno de los lemas de de campaña de la oposición en las elecciones legislativas del año pasado.
La ley sanción introdujo dos cambios clave, que espantaron a los propietarios: extender la duración de los contratos de dos a tres años y convalidar una sola actualización anual del valor mensual del alquiler de acuerdo a un índice que combina la evolución de los salarios y la inflación. Desde su aprobación, según datos del mercado, se produjo una suba por encima de la inflación para los nuevos contratos, con dueños que buscaban cubrirse de sus efectos negativos y de la baja rentabilidad (los alquileres se pagan en pesos y las propiedades en dólares).
A fines del año pasado, el propio Gobierno reconoció la necesidad de modificaciones. En su momento, la norma tuvo amplio consenso: fue aprobada por la Cámara de Diputados en noviembre de 2019, durante el Gobierno de Mauricio Macri, pero terminó siendo sancionada por el Senado en junio de 2020, durante la gestión de Alberto Fernández.
Las cámaras inmobiliarias proponen retornar al sistema de contratos a dos años, y permitir la libertad contractual de las partes para definir plazos y formato de actualización de los valores. El documento presentado finaliza diciendo que hay que atender la crisis del sector inmobiliario nacional mediante el aumento de la oferta de inmuebles. Las propuestas del sector fueron implementar políticas de fomento a la inversión en unidades destinadas para uso exclusivo de alquiler y facilitar el acceso a la vivienda mediante créditos blandos.
El texto cuenta con la firma y el apoyo del la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA), la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios (CoFeCI), el Colegio Profesional Inmobiliario (CPI), entidad que agrupa a los corredores de la Ciudad de Buenos Aires, y cámaras sectoriales y colegios de corredores inmobiliarios de distintas provincias del país.
«Este es un hecho histórico para el sector. Las instituciones estamos unidas como nunca antes, y este documento es la prueba más clara de la unanimidad de criterios que hemos alcanzado en la búsqueda de soluciones para los inquilinos, propietarios y los profesionales inmobiliarios», destacó Marta Liotto, presidenta del CPI.
La presentación del texto se da en el marco del inicio del debate parlamentario de la reforma a la actual Ley de Alquileres. El 30 de marzo pasado, los distintos bloques de la Cámara de Diputados alcanzaron un acuerdo para constituir la Comisión de Legislación General e iniciar el tratamiento de la Ley de Alquileres a partir de mañana, 5 de abril y por un plazo de 30 días hábiles.
Por su parte, dos diputados del oficialismo presentaron recientemente proyectos de ley que contemplan impuestos a las viviendas sin alquiler y topes en los precios mensuales, entre otros puntos. Fueron presentados por el diputado José Luis Gioja y Gisela Marziotta.
La semana pasada, diputados del interbloque de Juntos por el Cambio recibieron a representantes de propietarios, inquilinos e inmobiliarias. Según fuentes que participaron de la reunión, hubo coincidencia en eliminar o cambiar los artículos que dispusieron que los contratos de locación sean de tres años de duración y que tengan un mecanismo de actualización cada doce meses, con un índice que combina inflación y salarios.