Un informe del Grupo de Investigación sobre Conflictos Sociales de la Facultad de Humanidades de la Unne expuso que las políticas actuales no abordan las causas estructurales del hambre generando el incremento de la inseguridad alimentaria y sus consecuencias: el aumento de enfermedades crónicas no transmisibles y la desnutrición infantil.
Así sostiene un trabajo publicado recientemente, la magíster Silvia Sánchez que analiza los efectos de las políticas alimentarias del gobierno nacional sobre la población más vulnerable. Su análisis deja al descubierto un panorama preocupante, donde las medidas económicas están afectando la capacidad de las familias argentinas para acceder a una alimentación adecuada.
Silvia Sánchez es docente de la Licenciatura en Gestión y Desarrollo Cultural en la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura de la Unne. Becaria de posgrado por la Secretaría General de Ciencia y Técnica bajo la dirección del doctor Marcelo Graciosi. Actualmente se encuentra finalizando el Doctorado en Ciencias Sociales y Humanas (Universidad Nacional de Quilmes).
El informe cuyo título es «Cuando el hambre es la política», fue escrito en coautoría por la investigadora y por el doctor Marcelo Graciosi. Forma parte de un trabajo realizado dentro del Grupo de Investigación sobre Conflictos Sociales (Gricso-Facultad Humanidades Unne). En él se busca dar respuesta a la pregunta disparadora: ¿Cuáles son las políticas alimentarias o las medidas que impactan en la problemática alimentaria a partir del gobierno de Javier Milei?
Para los investigadores, la devaluación del peso, anunciada el 13 de diciembre de 2023 por el ministro de Economía, Luis Caputo, se posiciona como el golpe más significativo. Con una caída del 54% frente al dólar estadounidense. Esta medida ha provocado un aumento exponencial en los precios de los alimentos, empujando a miles de familias hacia niveles críticos de pobreza e indigencia.
Los números son contundentes. Según un informe de la Universidad Católica Argentina (UCA), la indigencia pasó del 9,6% en septiembre de 2023 al 15% en enero de 2024. La pobreza, por su parte, escaló del 44,7% al 57,4% en el mismo período. Según el último informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec, 2024), la mayor incidencia de pobreza en el primer semestre 2024 se registró en la región NEA: 62,9%. El Gran Resistencia posee el récord de 76,2% de personas pobres y 38,6% de personas indigentes.
Sánchez destaca que esta situación no es solo un problema de acceso a los alimentos, sino de calidad nutricional y de privaciones sociales estructurales (como acceso a vivienda, trabajo, educación, salud, etcétera).
Cuando los ingresos disminuyen, las familias se ven obligadas a optar por alimentos más baratos y menos nutritivos, lo que impacta directamente en la salud, especialmente de niños y adolescentes. Ante un contexto de crisis, los hogares con indigencia intensifican más sus niveles de privaciones y ello provoca que sea mucho más difícil revertir sus posibilidades de marginalidad estructural.
Las medidas en cuestión
Entre las medidas que afectan directamente la problemática alimentaria, la investigadora señala la derogación de varias leyes relacionadas con políticas sociales y la discontinuación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), que abastecía comedores comunitarios.
Como único paliativo, el gobierno ha aumentado el monto de la Tarjeta Alimentar, duplicado la Asignación Universal por Hijo y otorgado un bono para jubilados. Sin embargo, estas medidas resultan insuficientes ante la magnitud del problema.
«El aumento de la inseguridad alimentaria favorece en adultos el incremento de Enfermedades Crónicas no Transmisibles. En infantes y adolescentes, la malnutrición (por exceso: sobrepeso u obesidad; o, por carencia: desnutrición) lleva a retraso en el crecimiento, disminución de las capacidades cognitivas, mayor tasa y severidad de las infecciones, repercutiendo en la mortalidad.
Es claro que la falta de acceso a alimentos (adecuados) atenta contra la salud de las personas, de todas las personas, pero sobre todo de los sectores que ya eran vulnerables antes de las medidas del gobierno actual», explica la investigadora.
Un dato aportado en el trabajo, es el rol de los movimientos sociales. Solo el Movimiento de Trabajadores del Estado (MTE) mantiene 680 comedores que alimentan a 81.500 personas, demostrando que la capacidad de atención estatal está muy por debajo de las necesidades reales y las capacidades de llegada a los territorios.
Al respecto, hace unos días la Justicia Federal dio lugar a una denuncia presentada por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) exigiendo incorporar en los programas alimentarios vigentes a 66 comedores comunitarios.
«Es claro que la falta de acceso a alimentos (adecuados) atenta contra la salud de las personas, de todas las personas, pero sobre todo de los sectores que ya eran vulnerables antes de las medidas del gobierno actual», aseveró.
La investigación concluye que las políticas actuales no abordan las causas estructurales del hambre, sino que se limitan a intervenir sobre los síntomas de la desigualdad social, profundizando aún más la brecha entre sectores sociales.
En el último párrafo del informe y haciendo referencia a una investigación previa de la Dra. Ma. Victoria Sordini, el texto deja formulada esta idea: «nos preguntamos cuánto de la política alimentaria del mercado libre podrá soportar la sociedad argentina. En este contexto, ¿qué posibilidades de acción, qué reflexiones y qué desplazamientos sociales provocará la expropiación de energías desde la política alimentaria del libre mercado?». Considerar la desigualdad nutricional en la región NEA es prioritario no solo por el rol sustantivo que el acceso a alimentos posee en el desarrollo armónico del ser humano y su bienestar de vida, sino por su estrecha relación con el crecimiento socioeconómico del país.