La Liga de Gobernadores del PJ concretó ayer un enfático pedido al gobierno nacional para que trabaje en bajar la inflación, problema al que identificaron que como una de las principales restricciones que padece el país.
El planteo surgió de una reunión que los mandatarios, entre ellos Jorge Capitanich, mantuvieron en La Plata, Provincia de Buenos Aires.
«Es esencial unir esfuerzos y voluntades porque nos animan las mismas cosas, nos une una sola bandera, la argentina», sostuvo Capitanich, en consonancia con el documento luego publicado.
De la reunión tomaron parte otros doce jefes provinciales entre ellos Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Uñac (San Juan) y Alberto Rodríguez Saá (San Luis).
Los mandatarios analizaron ayer las recientes medidas económicas anunciadas y adoptadas por el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, pero advirtieron que serán necesarias más acciones para combatir la suba de precios, que en julio pasado marcó el mayor índice en 30 años.
Los gobernadores trabajaron en una agenda federal de cinco puntos para combatir la inflación y promover el desarrollo productivo, las que quedaron plasmadas en el texto que resultó del encuentro.
Los jefes territoriales plantearon la necesidad de implementar «una serie de medidas y acciones concretas»: la primera consiste em propiciar un «amplio consenso» para obtener la sanción del presupuesto 2023.
Bajo los principios de «unidad nacional, federalismo real y desarrollo económico con justicia social», el bloque que nuclea a mandatarios oficialistas contó con las presencias de Kicillof, Rodríguez Saá, Uñac, Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Sergio Ziliotto (La Pampa); Gildo Insfrán (Formosa); Gustavo Bordet (Entre Ríos); Osvaldo Jaldo (Tucumán); Ricardo Quintela (La Rioja); en representación de Catamarca el vicegobernador Rubén Dusso; por Santa Cruz, el vicegobernador Eugenio Quiroga; y por Tierra del Fuego, el diputado Federico Greve.
«Creemos que los gobernadores y gobernadoras de las provincias argentinas estamos enfocados en generar todas las condiciones necesarias para reducir la inflación, promover el empleo, la industrialización con valor agregado en origen, la generación de una mejora sustancial en el ingreso de las familias y en esa inteligencia estamos trabajando», puntualizó Capitanich tras el encuentro.
Cinco puntos
El primer punto que establece el documento se basa en propiciar un amplio consenso para obtener la sanción del presupuesto 2023 con criterio federal e inclusivo, «a los efectos de evitar que la Ley Fundamental de la Nación no sea objeto, una vez más, de disputas sectoriales ni especulaciones electorales», expresa el documento.
En este punto, Capitanich consideró que «es esencial porque se trata de la ley fundamental de la Nación y es imprescindible que la misma tenga el consenso y la asignación de recursos para la distribución de los mismos y que sea compatible a las necesidades populares».
En segundo lugar, apuntaron a la necesidad de «garantizar la continuidad de los programas de obras públicas y viviendas con el objeto de dinamizar la actividad económica y facilitar el acceso de los derechos sociales de nuestra comunidad».
Como tercer punto se refirieron a la necesidad de «promover la disponibilidad para nuestro pueblo de la producción de alimentos de buena calidad y precios accesibles, coordinando acciones entre los distintos niveles estatales (Nación, provincias y municipios) a través de redes de proveedores locales y mercados populares».
Como cuarto ítem hicieron foco en el fortalecimiento de la articulación entre las 16 provincias de una red federal de laboratorios públicos y proveedores locales, con el objetivo de «reducir el precio de insumos y medicamentos genéricos».
Finalmente, insistieron en desarrollar mayores esfuerzos de coordinación «para transformar planes sociales en empleos genuinos, y al mismo tiempo proteger el ingreso de las familias mediante políticas tarifarias que contemplen principios esenciales de equidad y accesibilidad, en el sentido de observar la estructura de ingresos y consumos».
En esa línea, plantearon a su vez, la urgencia de «resolver las asimetrías en materia de subsidios de transporte público y ratificar un sendero de tarifas energéticas compatibles con el mayor consumo en zonas específicas del país».