Los errores no forzados del Gobierno

Una vez más, miembros del gabinete presidencial discutieron eventuales medidas económicas a través de los medios de comunicación. Amén de ser una práctica desaconsejada para quienes gestionan el Estado, revela la dificultad que enfrenta el ministro del área específica a la hora de fijar un rumbo admitido por la administración en su conjunto. Rumbo necesario no solo para iluminar la situación a los distintos actores económicos locales sino también para argumentar en la mesa de negociación con los organismos multilaterales de crédito, como el Fondo Monetario Internacional.
La discusión giró de nuevo alrededor de supuestas medidas oportunamente desmentidas. La secretaria de Comercio Interior, Paula Español, aprovechó una entrevista radial para afirmar que se podrían cerrar las exportaciones de carne si continúan los aumentos, que para ella revelan una posición especulativa que hay que sancionar. En ese contexto, intimó a las grandes empresas productoras de alimentos a producir al máximo de su capacidad instalada, para «evitar situaciones de desabastecimiento». Aquí ya se aplica el esquema: se trata, según Español, de «prevenir estrategias de retención especulativa de productos».
La vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, tomó distancia. «No estamos en ese punto», dijo. Pero al explicitar la posición del Gobierno dejó abierta la posibilidad de que se tome alguna medida en ese sentido: «Lo que sí nosotros hemos dicho claramente es que tiene que estar normalmente abastecido el mercado interno, y a precios razonables».
Mientras tanto, Argentina registró el peor primer trimestre de consumo de carne de los últimos 18 años. No porque esté cara por razones especulativas, como parece creer la administración nacional, sino porque la inflación sigue ganándole a los salarios. Cuanto más crece esa brecha, los ingresos de los trabajadores alcanzan para menos cosas, aunque los productos no aumenten.
El problema de fondo es la macroeconomía. Inflación alta y crónica; déficit fiscal; recurrentes aumentos de la presión tributaria; medidas intervencionistas que impactan en toda la cadena, desde la producción hasta la comercialización, y salarios que pierden su poder adquisitivo. Nada de esto ocurre en otros países que, como Argentina, se destacan como productores de alimentos. Brasil, Chile, Australia, Estados Unidos tienen una macroeconomía ordenada, estable, con baja inflación y abierta al mundo. En cada uno de ellos se cumple, a su manera, la aspiración del ministro de Acción Social, Daniel Arroyo, de que comer resulte barato en un país que produce alimentos. No porque no haya especulación, sino porque los mismos productos que se exportan pueden adquirirse en el mercado local a precios razonables, dentro de una dinámica de creación de empleos y salarios que favorecen no solo una buena alimentación sino también la movilidad social.
Nuestros funcionarios debieran trabajar para que algo semejante sea posible aquí, en vez de estar pensando en sancionar a los productores por los aumentos de precios.