Por la doctora Magda Ayala
Intendenta de Barranqueras
Presidenta del PJ de Barranqueras
La deuda contraída por Mauricio Macri por 100.000 millones de dólares fue sin dudas uno de los hechos más nefastos de los que tengamos registro en los últimos años, por la condena que eso implicó en materia de crecimiento y previsibilidad de nuestra economía. A nivel internacional, nos colocó en una posición volátil, y con el FMI nos entregó por completo, como la historia misma lo indica: la deuda con el FMI implica el riesgo de pagarlo con la propia soberanía de nuestra Patria.
Sin embargo, a pesar de los especuladores, del “mejor equipo de los últimos 50 años” que no se hizo cargo de nada, sino que aún peor, especulan con volver al poder en el 2023, a pesar del terrorismo mediático que ha soportado el gobierno de nuestro presidente Alberto Fernández, hemos llegado a un acuerdo que fue ratificado por el mismo Fondo Monetario Internacional y que garantiza que la deuda será pagada pero con la gente adentro, sin tocar los intereses de un pueblo que sufre que hayan endeudado a la Argentina a espaldas de la Justicia y de la Constitución.
Las negociaciones que se llevaron adelante por parte del gobierno nacional consiguieron que, este préstamo que fue político, se pague sin ajustar el salario de los trabajadores, sin expropiar empresas, ni reformar jubilaciones. Un préstamo en moneda extranjera que Mauricio Macri y sus cómplices, fugaron en más de un 70% de manera completamente impune.
Renegociar la deuda con el FMI implica para nosotros, un nuevo camino por transitar, un camino que contempla un crecimiento sostenido, estabilidad monetaria, previsibilidad económica, lo que conlleva marcar un perfil seguro para nuevos puestos de trabajo, para fortalecer industrias, y lograr la Argentina que todos soñamos.
Este acuerdo, que es el final de una larga lucha que buscó cumplir con la responsabilidad de una deuda que tomaron de forma maliciosa quienes conducían el gobierno que nos precedió, con las garantías de no ajustar la economía de los trabajadores y los jubilados, garantizando que todos los derechos adquiridos se sostengan, es una clara muestra de voluntad política, de convicción y conciencia de justicia social y que nos enorgullece como actores que forman parte de este gobierno que no promete, sino que cumple con lo prometido: pagar la deuda con el FMI pero no a costo del bienestar de nuestro pueblo ni rifando el futuro de nuestras próximas generaciones.