El Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco (CPTCH) presentó una denuncia para que se investigue por incumplimiento de deberes de funcionario público, en concurso ideal con encubrimiento agravado por su calidad de funcionario público, al médico forense Hugo Rodríguez, perteneciente a la IV Circunscripción Judicial.
La presentación se realizó por inconsistencias detectadas entre la primera y la segunda autopsia de Leandro Bravo.
El escrito del CPTCH se sustenta en que, ante un inadecuado procedimiento médico-legal, se pudo haber puesto en riesgo la investigación penal por una muerte en custodia.
En este sentido, se adjuntó el informe de la autopsia del 2 de marzo de 2022, del doctor Hugo Adolfo Rodríguez, el preliminar de la re-autopsia realizada por la doctora Virginia Creimer, dictamen 43 – TA2022, suscripto por la doctora Gabriela Lamparelli y el médico-legal elaborado por el doctor Juan Basilio Ramírez (médico de parte del Comité).
El pedido de investigación se basa en lo informado por la doctora Virginia Creimer, perito de parte de la familia Bravo, en el cual se deja constancia que ciertos procedimientos forenses que habían sido informados como cumplidos en la primera autopsia, en realidad no se habrían realizado.
Al respecto, ya hubo una presentación similar luego de conocidos los resultados de la re-autopsia ante la Fiscalía Especial en Derechos Humanos, que investiga la muerte de Bravo.
No obstante, para poder avanzar con la investigación de esta irregularidad de manera más eficiente, se realizó una nueva presentación ante la Fiscalía Penal – Mesa Única de Intervención Temprana de Charata.
AMPLIACIÓN
DE IMPUTACIÓN
Respecto al personal policial interviniente en la detención de Leandro Bravo, quienes actualmente están bajo prisión preventiva por tortura, seguida de muerte, desde el Comité se solicitó que se amplíe la imputación al delito de detención ilegal, debido a que con el avance de la investigación se pudo comprobar que no había motivo válido para proceder a la aprehensión de Leandro.
EL CASO
Leandro Bravo (37) el 26 de febrero de 2022 murió bajo custodia policial, luego de haber sido detenido en la calle, sin ofrecer resistencia y recibir una golpiza en el suelo por parte de tres policías.
Llegó al hospital sin vida, con lesiones en la cara, hombros, marcas en las muñecas y lesiones en las piernas.
Por el hecho, están detenidos los funcionarios policiales de Charata, Alexis Fleitas, Franco Sosa, Agustín Díaz y Enzo Gómez.