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    Salió a la luz la posible ruta de la corrupción

    28 de febrero de 2024
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    La interventora del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (Iafep), Clelia Ávila, anunció que se aportaron nuevas pruebas a la causa judicial que investiga hechos de corrupción en el organismo durante la gestión anterior.
    «Estamos encontrándonos con diferentes irregularidades y cada uno deberá responder ante la Justicia», indicó.
    Detalló que las autoridades anteriores entregaron, como herramienta de trabajo, un dispositivo electrónico -más precisamente una tablet- donde se encontró información que vincularía a dirigentes sociales y políticos con hechos de corrupción.
    El anuncio fue realizado en rueda de prensa, realizada en el salón Obligado de Casa de Gobierno. Ávila estuvo acompañada de los asesores Godofredo Pérez Dudiuk y Alejandro Varela.
    «Para mi sorpresa me encontré con datos que podrían conducir a la ruta de los hechos delictivos, señaló y agregó que el dispositivo ya fue entregado -el 20 de febrero- a la Justicia para su análisis y como resguardo de la prueba.

    MATRIZ DE CORRUPCIÓN
    Pérez Dudiuk explicó que la tarea que se realiza es en base al cumplimiento estricto de la ley.
    «En base de este principio fundamental se encontró una agenda que se puso a disposición de la Justicia, donde hay datos que podrían tener relación con causas que ya se encuentran abiertas e inclusive con algunas personas que ya están detenidas», comentó.
    Aseveró que se encontró información con nombres, fechas, montos de dinero, algunas tareas que tenían que realizar que la Justicia deberá determinar sin fueron pagos o funciones legítimas.
    Consideró que podría responder a una matriz de una corrupción sistemática, que es aquella que se vale de todo el procedimiento con fines que contraponen la ley.
    «Eso afecta a todos los estratos sociales y es lo que está interesado el gobierno del Chaco en investigar y llevar a la Justicia», resaltó.
    Varela consideró que, con los datos, se supone que mínimamente hay incumplimiento de la función pública. «Es la Justicia la que dirá cuál será la figura que se pueda adecuar a la denuncias que presentamos y que se irán haciendo, porque esto recién comienza», aseguró.

    Proyectan dar una recompensa a
    quienes informen este tipo de delitos

    El interbloque de Juntos por el Cambio presentó un proyecto de ley para crear un fondo permanente de recompensas, dependiente del Ministerio de Gobierno, con el cual se abone una compensación económica a personas o exfuncionarios que, sin haber intervenido en la comisión del delito, brinden datos útiles para obtener las pruebas necesarias para lograr el esclarecimiento de hechos de corrupción.
    El proyecto busca alentar las denuncias de todos los delitos que afecten al patrimonio de la provincia y que, ya sea por su gravedad o complejidad, justifiquen la recompensa por el suministro de la información.
    Se dejó en claro que no concibieron la iniciativa como una «caza de brujas», sino que la idea es motivar a quienes conozcan supuestos ilícitos que se cometen en la administración pública para que se animen a denunciarlos, sin quedar expuestos a represalias.

    EL ESCRITO
    La diputada Zulema Wannesson, en coautoría con el resto de legisladores de Juntos por el Cambio, informó que el Ministerio de Gobierno será el que aplique la ley, la cual, por iniciativa propia o a requerimiento del Ministerio Público Fiscal, hará el ofrecimiento de recompensas y tendrá a su cargo el pago de estas.
    El artículo 3 del proyecto 348/24 establece que el monto de la recompensa será fijado atendiendo a la complejidad del caso y a las dificultades que existan para la obtención de la información que permita su esclarecimiento, no pudiendo ser mayor al 10% del monto por el cual fue perjudicado el erario público en el hecho delictivo.
    Los diputados aclaran que la identidad de las personas que suministren la información será mantenida en secreto antes, durante el proceso judicial y después de finalizado.
    No obstante, podrán ser convocadas como testigos a la audiencia del juicio oral cuando el tribunal, de oficio o a petición de parte, por auto fundado, disponga que ello resulte imprescindible para la valoración de sus dichos en la sentencia.

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