La próxima reunión entre funcionarios nacionales y gobernadores, programada para el 4 de abril, enfrenta un nuevo punto de conflicto: la eliminación mediante Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de los fondos que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) destinaba a 13 cajas de jubilaciones provinciales no transferidas. Chaco es una de las provincias perjudicadas.
Desde la llegada del presidente Javier Milei al poder, estas transferencias fueron suspendidas, a pesar de los reclamos persistentes de las provincias. Esta decisión está generando nuevas acciones legales, con algunos distritos incluso recurriendo a la Corte Suprema de Justicia en ocasiones anteriores.
Los fondos para estas cajas no transferidas estaban contemplados en el presupuesto nacional y se destinaban a provincias de diversas orientaciones políticas, entre las que se encuentran Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Corrientes.
Hasta diciembre del año pasado, estas provincias venían recibiendo fondos sin actualización, lo cual constituía un incumplimiento de la ley. Sin embargo, desde enero, el gobierno de la Casa Rosada dejó de girarles dinero, ni siquiera a los montos históricos, lo que generó una deuda acumulada respaldada por legislación vigente. Los líderes de estas jurisdicciones están considerando recurrir a la Justicia para abordar esta situación.
Estos fondos para las cajas de jubilaciones no transferidas estaban previstos en el presupuesto nacional durante la gestión de Mauricio Macri, como parte de un acuerdo entre el gobierno central y las provincias. A partir de 2023, se acordó que estos fondos se ajustarían de acuerdo con la movilidad jubilatoria, algo que nunca se materializó. Sin embargo, el miércoles, un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado en el Boletín Oficial eliminó varios artículos de la Ley de Presupuesto (27.701) de 2023, que había sido prorrogada para este año, lo que también afectó este esquema de transferencias.
Desde la asunción de Milei, estas transferencias se suspendieron de facto. No solo dejaron de actualizarse, sino que directamente se interrumpieron por completo. Esta situación tuvo un impacto significativo en las finanzas provinciales, ya que los fondos que el gobierno nacional no proporciona deben ser cubiertos por los presupuestos provinciales.
Inicialmente, al comienzo de la gestión libertaria, los gobernadores plantearon la necesidad de resolver el pago de la deuda acumulada debido a la falta de actualización como una medida para aliviar tensiones, pero esta propuesta no fue aceptada.