En un trámite plagado de decisiones controvertidas, el juez de Garantías, Luis Kubicek, decidió rechazar el hábeas corpus colectivo, correctivo y preventivo interpuesto por el defensor oficial Matías Jachesky, que buscaba ponerle un alto a los operativos policiales de detenciones masivas y arbitrarias de jóvenes de barrios vulnerables de Quitilipi.
En su escrito, el magistrado respaldó a su vez al Ministerio de Seguridad provincial y a la Policía del Chaco al encomendarles que continúen con las «medidas necesarias y conducentes para evitar actos de violencia, preservar la seguridad y el orden público», pero recordándoles que en ese accionar se deben «respetar, proteger y hacer cumplir los derechos de los ciudadanos», sin obstaculizarlos «de manera arbitraria».
Como para compensar su rechazo a la medida de protección pedida por el defensor oficial, el magistrado corrió vista a la fiscala adjunta de Derechos Humanos, Silvia Sluzar, solicitando que investigue la posible comisión de delitos de acción pública por parte de los policías involucrados en el operativo observado, publicado por el portal Ligitio.
EL INICIO
La presentación de Jachesky se originó en base a la publicación realizada a inicios de este mes donde se alertó sobre una detención arbitraria de al menos diez jóvenes, entre ellos algunos menores de edad, en lo que se conoce en la jerga jurídica y policial como razia.
Se llama razia a los operativos policiales sorpresivos que tienen por objeto rodear un predio, impedir los movimientos de las personas que quedan atrapadas, obligarlas a subir a móviles policiales y conducirlas a comisarías. Todo esto de manera arbitraria, con el fin de hostigar y amedrentar a un grupo en particular, violando derechos humanos fundamentales como los de la presunción de inocencia, a la libertad personal ambulatoria y a la existencia de orden judicial para detener (salvo en hipótesis de flagrancia).
Estos operativos son inconstitucionales, violan pactos internacionales de derechos humanos e incumple lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Bulacio versus Argentina, según Litigio.
Las fotos de la razia que desataron opiniones encontradas fueron compartidas por el propio jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, en un grupo de WhatsApp, con periodistas locales.
El comisario no sólo se limitó a mostrar las fotos, sino que además se jactó del operativo, nombrándolo como lo que es. «Razia en Quitilipi, el que no porta DNI y no justifica presencia (a) altas horas de la madrugada, a la jaula», fue el brutal comentario de la máxima autoridad de la policía provincial.
INUSUAL
El trámite del hábeas corpus (procedimiento que protege la libertad física de un grupo de personas cuando se ve amenazada de forma ilegal por una autoridad) tuvo un tratamiento más que inusual.
En primer lugar, el magistrado no quiso proveer las pruebas que solicitó el defensor Jachesky, tales como el secuestro del libro de guardia donde queda registro de las detenciones (se sospecha que en aquella razia ocurrida entre el lunes 29 y el martes 30 de abril se detuvo a un niño de 13 años) ni tampoco de las cámaras de la comisaría (que mostrarían cómo alojan a los contraventores junto a los detenidos comunes).
En segundo lugar, el juez decidió rechazar la participación del Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco en carácter de tercero interesado de la causa utilizando un fundamento extremadamente restrictivo hacia la labor del organismo de derechos humanos.
Sostuvo que la competencia del Comité es acotada a los lugares de detención, de acuerdo a la Ley 3264-B, y, teniendo en cuenta que esta causa se originó con hechos ocurridos «en la vía pública» y actualmente los involucrados no están detenidos, su intervención no corresponde.