El cuestionado proceder de la Policía de Quitilipi sumó otro capítulo y esta vez al pedido de medidas contra el jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, solicitado por la defensora general Alicia Alcalá y la adjunta Gisela Gaúna Wirz, se acopla el de la legisladora del Frente Grande Tere Cubells que insiste en que el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, interpele a la máxima autoridad de la fuerza del orden por sus expresiones a favor de los operativos denominados como razias.
«Razia en Quitilipi, el que no porta DNI y no justifica presencia (a) altas horas de la madrugada, a la jaula», fue el brutal comentario de la máxima autoridad de la Policía provincial en un grupo de WhatsApp, el cual fue publicado por el portal Litigio. El hecho ocurrió los primeros días del mes y aún sigue dando que hablar, habida cuenta del silencio oficial respecto al tema.
Si bien las redadas policiales o razias son expresamente condenadas por los organismos internacionales de derechos humanos y constan claramente en nuestra Constitución, ninguna persona puede ser detenida si no es encontrada en flagrante delito o con la orden de un juez competente, el juez de Garantías, Luis Kubicek, rechazó el hábeas corpus interpuesto por el defensor oficial Matías Jachesky, quien buscaba ponerle un alto a las detenciones masivas y arbitrarias de jóvenes de barrios vulnerables de Quitilipi.
Sin embargo, el lunes la legisladora del Frente Grande, Teresa Cubells, presentó el proyecto 1335/24 de acompañamiento al pedido realizado por la defensora general Alicia Alcalá y la adjunta Gisela Gaúna Wirz, al ministro de Seguridad de la Provincia, Hugo Matkovich, «para que tome medidas contra el jefe de Policía, Fernando Romero, por el operativo de razia realizado en Quitilipi, al detener a jóvenes, por no portar el Documento Nacional de Identidad».
LOS CONSIDERANDOS
En los considerandos, la diputada sostiene que desde que este «desafortunado evento acontecido en Quitilipi tomó estado público hemos expresado en la Legislatura y a través de diferentes iniciativas que el comportamiento de la Policía del Chaco no es acorde con una fuerza de la democracia». Y agrega que si bien se pueden entender las preocupaciones de vecinas y vecinos respecto de la inseguridad, «una fuerza policial de la democracia debe mejorar su capacidad investigativa, desarrollar mecanismos de prevención y disuasión acordes con las garantías constitucionales y desplegar, con el uso de la ciencia, la academia y el pensamiento procedimientos acordes a tales garantías».
Cita además los fundamentos vertidos en la carta de la Defensoría enviada al ministro de Seguridad, «demuestra que la policía prefiere el estado de sitio ilegal a la Constitución» y reparando en que las declaraciones de Romero «promueven el odio y hasta podrían ser pasibles de alguna imputación».
Por este motivo, entienden que «el mensaje que se transmita a la ciudadanía debe ser ejemplificador, siendo los funcionarios policiales los primeros en respetar las normas; y a su vez pacificador, en el sentido de no crear categorías diferenciadas de ciudadanos, lo que termina conduciendo al odio, la violencia y la justicia por mano propia».