Por Gustavo Adolfo Ríos
El estado de las rutas nacionales, la postergación en la construcción del segundo puente Chaco-Corrientes y el freno en la obra pública fueron algunos de los aspectos analizados en el balance efectuado por el presidente de la Cámara de la Construcción, delegación Chaco, Alejandro Salgado.
En diálogo con LA VOZ DEL CHACO, Salgado aseguró que el deterioro de las rutas es una de las principales preocupaciones. «Tramos de la ruta nacional 12 y la 14 presentan serias deficiencias que obligan a los conductores a maniobras peligrosas», explicó. Aclaró que las empresas constructoras, para evitar la quiebra, se han visto obligadas a reducir sus operaciones al mínimo.
-¿Cómo describiría la situación de la construcción en el último año?
2024 fue un año muy difícil para la construcción, especialmente en lo que respecta a la obra pública. Fue, sin dudas, uno de los peores años en términos de inversión pública.
De hecho, la inversión en obra pública representó menos del 0,5% del Producto Bruto Interno (PBI) de la nación, lo que es alarmante, considerando que en los últimos 10 a 20 años, ese porcentaje oscilaba entre el 2% y el 3%.
Esta drástica caída en la inversión no fue algo inesperado, sino que estuvo en gran medida motivada por el ajuste fiscal que el gobierno tuvo que implementar para enfrentar la crisis económica, provocada principalmente por la inflación desbordada.
Si bien la decisión de reducir la inversión pública fue necesaria en términos macroeconómicos, el impacto para la construcción fue profundo.
El retraso en los pagos y la incertidumbre en los proyectos públicos hicieron que muchas empresas enfrentaran dificultades económicas, lo que llevó a la parálisis de obras clave y una menor actividad. A pesar de este panorama, no todo es negativo, ya que las expectativas para el futuro, particularmente para 2025, son más positivas, con una posible mejora en la inversión y la reactivación de proyectos tanto públicos como privados.
«El impacto de la alta inflación»
-¿Cómo afectó la inflación a las empresas constructoras de la provincia?
-La inflación fue uno de los mayores obstáculos para las empresas constructoras. En nuestro sector, como en muchos otros, los pagos se suelen retrasar entre dos y tres meses debido a procesos burocráticos o falta de disponibilidad de fondos.
Sin embargo, la inflación agravó esta situación, ya que los retrasos en los pagos terminaron siendo insostenibles para muchas empresas. Si bien las constructoras suelen estar acostumbradas a estos tiempos de espera, los incrementos abruptos en los costos de materiales y la devaluación del peso complicaron aún más la situación.
Esto significó que muchas empresas no pudieron sostenerse financieramente, ya que los costos de las obras aumentaban a un ritmo mucho más rápido que el dinero disponible para llevar a cabo los proyectos.
Por lo tanto, muchas obras que ya estaban en marcha se suspendieron o se paralizaron, y las expectativas de crecimiento para este año se vieron severamente afectadas. Sin embargo, con la estabilización de la inflación y una mayor previsibilidad económica, las perspectivas de reactivación son más positivas.
-¿Cómo ve la situación de la obra pública para el próximo año?
-Lo que nos da esperanza es que los gobernadores parecen tener una gran vocación por retomar la obra pública. Están más cerca de las necesidades reales de la gente, y conocen de primera mano los problemas urgentes que deben abordarse.
Uno de los ejemplos más claros es el estado de las rutas, que es alarmante. La infraestructura vial está colapsada, y aunque algunas obras menores han sido iniciadas, la falta de fondos ha detenido muchas de ellas.
Esto debe ser prioritario, no solo por la seguridad, sino también para mejorar la conectividad y el transporte en la provincia.
Pero, además de las rutas, hay otros problemas igualmente críticos y menos visibles, como la falta de cloacas, un tema que resulta vergonzoso para una provincia en 2024. La falta de acceso a servicios básicos como el agua corriente y las cloacas no solo afecta la calidad de vida de los ciudadanos, sino que también es una cuestión de salud pública.
Estas son las áreas que los gobiernos deben priorizar, ya que son fundamentales para el bienestar de la población. Si bien la situación es compleja, la vocación de los gobernadores es un punto positivo que puede conducir a una reactivación de las obras públicas.
-¿Qué es lo que hace falta para que la obra pública en la provincia se reactive de manera efectiva?
-Lo principal es que los gobiernos provinciales tengan acceso a fondos suficientes y que los bancos retomen su rol de financiación. La expectativa que tenemos es que los bancos dejen de financiar exclusivamente al Estado y empiecen a financiar proyectos de obra privada a mediano y largo plazo. La reactivación de los créditos es clave, no solo para las grandes obras públicas, sino también para el sector privado, que también puede contribuir al desarrollo de la infraestructura.
Para lograr esto, es fundamental que las provincias reciban más recursos nacionales destinados a la obra pública, ya que la falta de estos fondos es uno de los mayores frenos al desarrollo.
Por otro lado, es importante que los gobiernos provinciales tengan la capacidad de decidir qué proyectos son prioritarios para sus territorios, en lugar de depender únicamente de los criterios nacionales. Las obras deben realizarse según las necesidades de cada región, y para eso, las provincias deben tener autonomía para definir esas prioridades.
-¿Cómo fue la actividad de la construcción privada en Resistencia y el resto de la provincia durante este año?
-La construcción privada también sufrió una disminución importante de actividad en comparación con otros años. Parte de esta caída se debe a que todo el sistema económico estaba en un proceso de reacomodamiento y los inversores estaban muy cautelosos debido a la incertidumbre económica.
Además, algunas empresas constructoras no actuaron de manera responsable, lo que generó desconfianza en los inversores y los compradores.
Esto afectó principalmente a los proyectos de «venta al pozo», donde las personas compran propiedades antes de que se construyan. La desconfianza de los compradores se intensificó al ver que algunos desarrolladores no cumplían con los plazos ni con los estándares de calidad prometidos.
Este tipo de situaciones, en las que las obras quedan paralizadas o no se terminan, generan un daño muy grande a la confianza de los ciudadanos, lo que afecta la inversión futura en el sector privado.
La irresponsabilidad de la empresa BH
-¿A qué casos específicos se refiere cuando habla de empresas irresponsables?
-Me refiero a la empresa BH, que dejó varios edificios inconclusos. Estamos hablando de entre siete y ocho proyectos que quedaron a medio hacer.
Algunos de estos proyectos están ubicados en la calle Corrientes, en la calle Pellegrini y en la avenida Rivadavia, que ahora están siendo rematados con la intención de ser terminados por otras manos. El problema es que la empresa vendió todos los departamentos de esos edificios antes de terminarlos, y luego no pudo continuar con la obra, lo que generó una situación crítica para los compradores.
Lo más grave de todo es que esas obras llevan más de una década abandonadas. Este tipo de casos deja en claro que la gente debe ser extremadamente cautelosa antes de invertir en propiedades que aún no están construidas.
La recomendación es que siempre se investigue a fondo los antecedentes de la empresa constructora antes de hacer una compra. Esto incluye verificar si la empresa tiene historial de cumplimiento de plazos y si tiene la capacidad financiera para llevar a cabo el proyecto de manera exitosa.
-¿Cree que hay voluntad política para mejorar la situación?
-Sí, definitivamente. El presidente del Instituto de Vivienda, junto con el gobernador Leandro Zdero, ha mostrado un gran interés en retomar las obras paralizadas y dar un impulso a la construcción en la provincia. Sin embargo, el principal obstáculo sigue siendo la burocracia nacional, que está retrasando la cesión de proyectos y la distribución de los fondos necesarios.
Esperamos que en los próximos meses se logre avanzar en este sentido, porque la reactivación del sector es fundamental para mejorar la infraestructura y la calidad de vida de los chaqueños. Si logramos superar esos obstáculos burocráticos, sin duda veremos un resurgir de la construcción en la provincia.
-¿Cómo es el tema de las rutas? ¿Están en buen estado? ¿En mal estado?
-Con respecto a las rutas, yo no tengo una cifra exacta para darte. Simplemente comento lo que la gente conocida que viaja me menciona. A mí me ha tocado viajar, por ejemplo, en la autopista de la Ruta 12 y la 14, que está prácticamente destruido el carril derecho.
El problema serio en cuanto a seguridad es que los camiones van por el carril izquierdo. Entonces, para adelantar a un camión, los conductores se ven obligados a usar el carril derecho, que está en pésimas condiciones. Esto es peligrosísimo. Los camiones no se mueven hacia el carril derecho por el mal estado de ese tramo.
También hay rutas que no son autopistas, de dos carriles comunes, que presentan baches enormes y que no están siendo reparadas. Esto representa un riesgo importante para la seguridad vial. Entendemos que este año ha sido excepcional, con mucho ajuste para frenar una inflación que era destructiva, pero la situación es preocupante.
-Ariel Ledesma, referente de la Uocra, mencionaba que hay entre 8 mil y 10 mil empleados del sector desocupados. ¿Cree que esto va a cambiar el año que viene?
-Quisiera creer que sí, pero cuesta pensar que el cambio sea tan fuerte como para pasar de menos de 4 mil empleados actuales a 12 mil el próximo año.
Además, hay mucha informalidad en el sector. Cuando hablamos de cantidad de empleados, nos referimos a aquellos registrados por las empresas constructoras. Sin embargo, muchos trabajan de manera informal y no entran en las estadísticas. Esto tiene consecuencias a largo plazo: no se aportan fondos para jubilaciones ni se cuenta con obra social.
-¿Cómo están las empresas en este contexto?
-No conozco empresas que hayan quebrado completamente. Lo que hicieron fue achicarse. Muchas empresas redujeron su administración y prácticamente no tienen obreros.
Algunas comenzaron a trabajar nuevamente con un equipo reducido. La estrategia ha sido sobrevivir y adaptarse, aprovechando la crisis para reinventarse y enfocarse en proyectos privados.
-¿Y el pago de certificaciones por parte del Gobierno?
-En ese aspecto, hay diálogo con el gobierno. Nos informan claramente qué se puede pagar y cuándo. A veces se puede comenzar una obra, pero el pago llega dos o tres meses después.
El problema principal sigue siendo la burocracia. Aunque los fondos estén disponibles, los expedientes pasan por demasiadas oficinas, lo que retrasa los pagos. Esto es algo que debería mejorar para agilizar el proceso.
-¿Y los trámites municipales? ¿Ha mejorado el tema de habilitaciones y permisos?
-Si yo creo que mejoró mucho, pero hay que continuar trabajando en eso, hay que continuar trabajando, siempre dialogando, siempre tratando de proponer soluciones, porque a veces también nosotros, por decirte, no entregamos la documentación completa.
Pero también tenemos un problema ahí que sería bueno que entre todos nos pongamos la camiseta y entendamos que si una obra se arranca dos o tres meses antes, mucha gente puede empezar a trabajar.
Olvidémonos de la empresa, porque lamentablemente hay un concepto bastante feo, de considerar que a la empresa lo único que le interesa es ganar dinero y también se habló mucho de la corrupción en el sector. Creo que se generalizó demasiado y se hizo mucho daño.
Si todos colaboramos, una obra podría comenzar dos o tres meses antes, lo que significaría empleo inmediato para muchas personas. Es necesario cambiar la percepción de que a las empresas solo les interesa ganar dinero. Hubo mucha estigmatización en torno a la corrupción en el sector, y eso hizo daño.
«La falta de financiamiento sigue siendo un gran obstáculo»
-¿Cuál es la situación actual de las empresas constructoras registradas en la Cámara?
-En la actualidad, ninguna de las empresas registradas en la Cámara está en ascenso. Algunas han comenzado a trabajar nuevamente, pero la falta de financiamiento sigue siendo uno de los mayores obstáculos.
La ausencia de fondos para obra pública y la falta de créditos accesibles para la construcción privada siguen limitando el crecimiento del sector.
Es fundamental que tanto los gobiernos provinciales como los bancos retomen su apoyo a las empresas constructoras para que podamos reactivar la economía y comenzar a resolver los problemas de infraestructura que afectan a la provincia.
-¿Qué sucede con los proyectos de viviendas en la provincia?
-El Instituto de Vivienda está trabajando arduamente para terminar algunas obras que quedaron inconclusas por la gestión anterior.
Además, se ha lanzado una línea de créditos para refacciones como el programa Manos a la Obra, lo que es muy positivo, pero los montos aún son bajos y no son suficientes para generar un verdadero dinamismo en el sector.
Todavía no hay un flujo importante de crédito; van saliendo como a cuenta gota y bueno, vamos despacio a ver cómo evoluciona esto.
Sin embargo, es un primer paso. Lo importante es que el Gobierno ha mostrado voluntad de reactivar las obras, y esperamos que se incrementen los fondos disponibles para viviendas, ya que esto es crucial para abordar la creciente demanda de hogares.
«El segundo puente es una necesidad urgente»
-Finalmente, ¿cuál es tu opinión sobre su importancia y el retraso en la ejecución del segundo puente?
-El puente actual ya tiene más de 50 años, y la estructura de hormigón armado está diseñada para esa cantidad de años. Después de ese período, se deben reducir las cargas o reforzar la estructura. Si bien todavía soporta camiones, no aguantaría una carga extrema como un tren de aplanadoras.
El hormigón sufre un proceso que se llama carbonatación, donde va penetrando, va atravesando la capa hormigón que recubre la armadura y luego empieza a atacar.
Construir un nuevo puente es una necesidad urgente, y no podemos darnos el lujo de seguir postergándolo. Ojalá en 2026 se incluya en el presupuesto, porque es fundamental para nuestra región.
El puente actual ya cumplió su ciclo de vida útil. Aunque aún se puede usar, eventualmente será necesario reemplazarlo. La construcción de un puente lleva al menos cinco años, si no más.
No incluirlo en el presupuesto 2025 significa postergar una obra fundamental. Ojalá pueda retomarse en 2026 porque su existencia es crucial para la región.