La Unión Tranviarios Automotor (UTA) definió un paro de colectivos por 24 horas en todo el país para el próximo martes 6 de mayo debido al fracaso de la negociación paritaria con las empresas del sector y el vencimiento del período de conciliación obligatoria dictado por el Gobierno nacional.
“Los empresarios han ofrecido por los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio un incremento remunerativo de menos del 6% a pagarse a partir del mes de junio. Con ello se ofrecen sumas no remunerativas de $40.000 para el 26 de mayo; $50.000 el 16 de junio y $70.000 el 15 de julio. Una falta de respeto», expresó la UTA a través de un comunicado.
La audiencia de este miércoles entre las partes concluyó sin una definición que permita desactivar la medida de fuerza.
“Pese a las gestiones realizadas por este Consejo Directivo Nacional, hasta el momento no se ha podido mejorar el ofrecimiento empresarial y se ha agotado el periodo de Conciliación Laboral Obligatoria. Conforme ello, como primera medida, se ha resuelto un paro de actividades por 24 horas para el día martes 06 de mayo del corriente, a partir de las 00:00 hs. a nivel nacional, en empresas de transporte de pasajeros de corta y media distancia», anunció la UTA.
En representación de los trabajadores estuvieron en la reunión Roberto Fernández, Jorge Kiener, Luis Arcando y Francisco Valdez, quienes remarcaron que el gremio reclama llevar el salario básico de los choferes desde los 1.200.000 pesos actuales a 1.700.000 pesos.
La discusión salarial quedó estancada desde el 7 de marzo, cuando el Estado activó la conciliación obligatoria ante la falta de avances. Desde entonces, la UTA participó de diversas reuniones sin lograr compromisos formales por parte de las empresas. En la última audiencia, los empresarios no presentaron ninguna oferta concreta ante el Ministerio de Capital Humano, lo que generó un fuerte rechazo por parte de los sindicalistas.
Las cámaras empresariales argumentaron que el esquema vigente de tarifas y subsidios los deja en una posición de desfinanciamiento estructural. El secretario de FATAP, Gustavo Larrea, afirmó durante la audiencia que el sector “no puede formular ninguna propuesta” por carecer de los fondos necesarios. Además, señaló que el déficit operativo alcanza el 40%, teniendo en cuenta la diferencia entre los costos reales y los ingresos provenientes de tarifas y subsidios estatales.
La UTA ya había rechazado una propuesta de bonos no remunerativos presentada por las empresas en reuniones anteriores. Esa oferta contemplaba pagos de $40.000 el 26 de mayo, $50.000 el 16 de junio y $70.000 el 15 de julio, además de establecer un salario básico de $1.270.000. Para el gremio, ese esquema equivale a menos del 1% de aumento mensual frente a una inflación que ronda el 3% o 4%, y calificó la propuesta como un “avasallamiento a la dignidad” de los trabajadores.
El conflicto se inscribe en un contexto de deterioro del sistema de transporte urbano. Según el Índice Bondi, elaborado por la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), el precio real del boleto sin subsidios fue de $1.596,40 en marzo, pero los usuarios pagaron un mínimo de $371,13, con un promedio aún menor por efecto de los descuentos aplicados al acumular viajes. En ese escenario, las empresas recibieron $973,76 por boleto, muy por debajo del valor técnico que reclaman.
El congelamiento tarifario impuesto desde agosto para las líneas nacionales también constituye un factor central en el desequilibrio del sector. Las cámaras empresariales actúan como intermediarias entre los usuarios y el Estado, pero aseguran que no tienen margen para solventar mejoras salariales. El Ministerio de Economía y la Secretaría de Transporte deben definir si autorizan un aumento del boleto o una suba en los subsidios para destrabar el conflicto.
Durante las negociaciones, las autoridades de la Secretaría de Trabajo, bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, intentaron mediar sin éxito. El secretario de conciliación, Guido Arocco, fue quien encabezó las audiencias y certificó que las partes no lograron acercar posiciones. Desde el Gobierno nacional, sin embargo, se mantiene una postura de no intervención directa, al considerar que se trata de una paritaria entre privados, a pesar de que el Estado define tanto los valores tarifarios como el esquema de subsidios.