La Cámara de Diputados del Chaco ratificó en su sesión ordinaria 5 la prórroga de la Emergencia Económica y Financiera Provincial. La decisión se formalizó mediante la sanción de una ley que convalida el decreto 203/25 del Poder Ejecutivo, firmado por el gobernador Leandro Zdero.
La Declaración de Emergencia Económica y Financiera fue originalmente dispuesta con el objetivo de otorgar al Ejecutivo provincial herramientas extraordinarias para afrontar desequilibrios fiscales y garantizar la continuidad de los servicios esenciales. La prórroga ahora aprobada busca sostener esas condiciones en un contexto económico complejo.
La medida contempla la posibilidad de redireccionar partidas presupuestarias, suspender temporalmente ciertos gastos y renegociar compromisos financieros con proveedores. Estas facultades excepcionales ya habían sido utilizadas en años anteriores para asegurar el funcionamiento del aparato estatal.
Durante la sesión, se destacó la necesidad de mantener mecanismos de flexibilidad administrativa para evitar un colapso financiero.
Por su parte, sectores de la oposición solicitaron mayor transparencia en la ejecución presupuestaria bajo el régimen de emergencia.
NUEVAS ASESORÍAS PARA NIÑEZ Y FAMILIA
Además de la ratificación del decreto económico, la Legislatura chaqueña avanzó en materia judicial con la creación de nuevas asesorías de Niñez, Adolescencia y Familia. Se trata de órganos especializados que brindarán asistencia y representación legal en situaciones de vulnerabilidad.
Una de las normas sancionadas establece la creación de la Asesoría 3 en la Segunda Circunscripción Judicial, con sede en Sáenz Peña. Esta tendrá competencia en los fueros Civil, Socioasistencial y Penal, lo que le otorga un alcance integral en la protección de derechos.
Asimismo, se dispuso la creación de la Asesoría 7 en la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en Resistencia.
En este caso, la competencia será específicamente en materia civil, enfocada en la atención de conflictos familiares y situaciones de riesgo para niños, niñas y adolescentes.
Desde la Legislatura se valoró el avance normativo como parte de una política de fortalecimiento institucional.
Estas nuevas oficinas permitirían descomprimir el trabajo de las asesorías existentes y garantizar una mayor cobertura territorial en zonas de alta densidad poblacional, donde las problemáticas vinculadas a la infancia y la familia son crecientes.
Debate orientado a garantizar derechos
La jornada legislativa, la primera luego del escenario electoral, se centró en la administración de la crisis económica y en la ampliación de derechos.
Las iniciativas aprobadas muestran un doble eje de acción estatal: contención financiera por un lado y fortalecimiento del sistema de justicia por otro.
Se recuerda que la ratificación del decreto de emergencia responde a una coyuntura donde la inflación, la caída de la recaudación y las dificultades para el financiamiento provincial continúan condicionando la gestión pública. En ese marco, se estima que la medida permitirá preservar el funcionamiento básico de los servicios.
En paralelo, la creación de nuevas asesorías responde a un enfoque de justicia con perspectiva de derechos, que prioriza la atención a sectores especialmente vulnerables, como la niñez y las familias en conflicto.
Las comisiones debatieron sobre memoria, servicios públicos y pueblos originarios
La Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura chaqueña llevó adelante su reunión ordinaria bajo la presidencia del diputado Samuel Vargas. Contó con la presencia de los legisladores Zulma Galeano, Laura Bisonni, Andrea Charole, Pía Chiacchio Cavanna, Mariela Quirós y Juan Carlos Ayala.
Durante el encuentro, se trataron diversos temas vinculados a la memoria, los derechos fundamentales y el fortalecimiento democrático.
Uno de los puntos centrales fue el despacho unánime de la expresión de beneplácito por la resolución 1448/25.
Esta medida dispone la creación de una comisión especializada para la recopilación y sistematización de los legajos de personas detenidas-desaparecidas o perjudicadas en su ámbito laboral o académico en universidades, entre marzo de 1976 y diciembre de 1983. El objetivo es avanzar en políticas de memoria, verdad y justicia.
Además, los legisladores expresaron su repudio al homenaje brindado en el Senado de la Nación a Horacio Losito, militar condenado por crímenes de lesa humanidad.
En palabras del cuerpo legislativo, se manifestó «preocupación y rechazo por actos que significan retrocesos en la construcción de una memoria democrática».
RECLAMOS POR SERVICIOS
La Comisión de Obras y Servicios Públicos, presidida por el diputado Carlos Salom, sesionó con la participación de Juan José Bergia, Patricio Pavón, Gladys González, Gricelda Ojeda y Zulma Galeano. En el encuentro, se abordó un proyecto de resolución vinculado a la prestación de servicios básicos en el interior provincial.
El proyecto tratado propone expresar preocupación institucional ante la falta de provisión de agua potable en los barrios 100 viviendas, 50 viviendas y 25 viviendas (Escalada), de Villa Ángela.
Los legisladores resolvieron emitir despacho favorable, sumado al compromiso de solicitar informes al actual presidente de Sameep Chaco, Nicolás Diez, a fin de esclarecer el estado de situación y evaluar medidas concretas.
PARTICIPACIÓN Y GARANTÍAS
La Comisión de Pueblos Indígenas llevó adelante su cuarta reunión ordinaria, presidida por la diputada Andrea Charole, con la participación de los legisladores Zulma Galeano, Gladys González y Rodolfo Schwartz.
En la oportunidad, se debatieron proyectos vinculados al fortalecimiento de derechos y la institucionalización de protocolos de atención.
Uno de los proyectos destacados fue el 2820/18, que establece procedimientos de participación y garantías del ejercicio del derecho al Consentimiento Previo, Libre e Informado por parte de las comunidades originarias.
A fin de avanzar en su análisis, se decidió solicitar informes al Instituto del Aborigen Chaqueño (Idach).
Asimismo, se evaluó el proyecto 3583/22, que propone la creación de un protocolo de actuación para atender demandas de pueblos indígenas.