La Cámara de Diputados sancionó un proyecto presentado por el diputado provincial Ernesto Blasco, que declara la emergencia en salud mental en la provincia, en respuesta a una situación crítica que, según explico su propio autor, entrevistado por Radio Libertad, se arrastra desde hace más de tres décadas.
«La salud mental está en emergencia hace muchos años ya», afirmó en diálogo con el estudio, remarcando sobre el impacto del cambio de paradigmas en los tratamientos, que desplazaron el modelo de internación prolongada en neuropsiquiátricos hacia una lógica de integración comunitaria. El diputado, advirtió que, sin embargo, este cambio no fue acompañado de políticas públicas adecuadas para sostener esa transición.
Blasco destacó que los avances en farmacología permitieron mejorar la calidad de vida de muchas personas con diagnósticos graves como esquizofrenia, autismo y consumos problemáticos, pero remarcó que «no están dadas las condiciones para que el Estado se haga cargo» de quienes ya no pueden ser contenidos por sus familias.
Subrayó que este desfasaje estructural generó una deuda acumulada en infraestructura, recursos humanos y dispositivos intermedios que hoy se torna insostenible.
El legislador indicó que la situación es especialmente crítica en cuanto a la disponibilidad de plazas para internación. Según el diputado, «el Estado tiene solamente 40 camas», distribuidas entre los hospitales Perrando y 4 de Junio, lo cual resulta insuficiente para la demanda creciente.
Asimismo, remarcó que, además, muchos de esos cupos están ocupados por pacientes crónicos sin alternativas habitacionales.
UN PROYECTO CON IMPLICANCIAS PRESUPUESTARIAS
El proyecto impulsado por Blasco propone que la provincia asigne al menos el 10% del presupuesto de Salud Pública a la Salud Mental. Esta iniciativa busca, en palabras del legislador, «darle los recursos a Salud Pública para que se empiece a invertir a futuro». La ley también permitiría reorientar partidas presupuestarias mediante la declaración de emergencia.
La adhesión a la Ley Nacional de Salud Mental, si bien representa un marco normativo valioso, no se ha traducido aún en una ejecución presupuestaria concreta. «Hay una ley nacional, pero no se destinan los fondos que corresponden», advirtió Blasco.
La normativa que promueve contempla no solo atención médica, sino también la creación de dispositivos comunitarios, prevención, inclusión y tratamiento.
Además de las partidas generales, el articulado del proyecto contempla inversiones específicas. Una de ellas es la habilitación de una unidad de internación en el hospital pediátrico para niñas, niños y adolescentes con trastornos mentales severos.
«No los podés encuadrar en instituciones para adultos», explicó el legislador, resaltando la necesidad de adecuar la infraestructura a las características de cada grupo etario.
DÉFICIT DE PERSONAL Y CAPACITACIÓN especializada
El déficit de personal capacitado es otro de los ejes abordados en la ley. Blasco alertó que «en las salas de emergencia no hay personal de salud mental», lo que impide una atención adecuada de pacientes con brotes psicóticos o cuadros agudos derivados de consumos problemáticos. Este vacío se agrava frente al aumento de consultas en edades cada vez más tempranas.
El proyecto contempla la formación específica de profesionales en salud mental para cubrir guardias y emergencias hospitalarias. «Si vas a una guardia, hay un cardiólogo, un traumatólogo, pero no un psiquiatra ni un psicólogo clínico», ejemplificó Blasco.
La falta de personal entrenado puede derivar en diagnósticos erróneos, medicalización excesiva o incluso situaciones de riesgo para los pacientes.
El diputado señaló que se está elaborando un diagnóstico actualizado sobre la cantidad de personal disponible en el sistema público provincial, aunque reconoció que «es notoria la falta de psiquiatras y psicólogos en relación con la demanda».
La situación se agrava en zonas rurales o alejadas de los grandes centros urbanos, donde la presencia del Estado es aún más débil.
Consumos problemáticos y daño cognitivo
Uno de los temas más sensibles abordados por el diputado fue el de los consumos problemáticos. Blasco advirtió que, en muchos casos, el uso intenso de sustancias psicoactivas puede generar «daño cerebral severo y permanente». En esos casos, la persona adquiere una discapacidad mental que requiere atención específica y continua.
«Si uno llega a tiempo con la rehabilitación y la adherencia del paciente, se puede volver a una vida normal», explicó. Pero cuando el daño es irreversible, el Estado debe responder con dispositivos adecuados para asegurar la inclusión y el acompañamiento terapéutico de largo plazo.
En este sentido, la falta de centros comunitarios y casas intermedias representa un obstáculo estructural.
La ley proyectada prevé la creación de dispositivos diferenciados según los diagnósticos. «No podés mezclar a un adulto con autismo con una persona con esquizofrenia», indicó Blasco, subrayando la necesidad de discriminar por tipo de patología y nivel de autonomía.
Provincias como Tucumán ya han avanzado en este tipo de dispositivos, que permiten una convivencia más segura y terapéutica.
Esquizofrenia y sistema penitenciario
Otro punto alarmante es la presencia de personas con esquizofrenia en unidades penitenciarias. «En la provincia tenemos personas encarceladas con certificado único de discapacidad», denunció Blasco, subrayando que el encierro en cárceles, sin tratamiento adecuado, vulnera derechos humanos básicos y agrava los cuadros clínicos.
La alternativa, planteó el diputado, no es simplemente la libertad, sino la construcción de espacios de tratamiento protegidos.
El problema de fondo es la ausencia de instituciones que puedan contener de manera adecuada a personas que, por sus trastornos, representan un riesgo para sí mismas o para otros.
Blasco defendió la idea de que, en algunos casos, la cárcel termina funcionando como un contenedor que garantiza ciertas rutinas básicas, como la toma regular de medicación.
«La rutina es clave en estos cuadros», explicó. Sin embargo, dejó en claro que ese no es el lugar adecuado para personas con discapacidad mental.
Política de Estado y urgencia sanitaria
El diputado Blasco concluyó señalando la necesidad de una política de Estado sostenida en el tiempo. «Esto no es culpa de nadie, viene de hace 35 o 40 años», reflexionó.
Pero remarcó que es urgente comenzar a construir una red de dispositivos, recursos humanos y normativas que se mantengan más allá de los gobiernos de turno.
Una de las cifras que lo movilizó, contó, fue un dato de la Organización Mundial de la Salud (OMS): «Cada 200 personas, una tiene esquizofrenia». Para Blasco, esto demuestra que el problema ya está instalado en la sociedad y que postergarlo implicará mayores costos económicos y sociales.
Subrayó que el proyecto de ley de emergencia no resuelve todo, pero plantea un punto de partida. «Es un disparador», definió.