Daniel Vera, el jubilado chaqueño investigado por presuntas amenazas contra Javier Milei, cumplió el domingo pasado cuatro meses privado de su libertad. Actualmente con prisión domiciliaria, fue notificado recientemente de que el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires será el encargado de juzgarlo.
Por el momento, no cuenta con mayores precisiones respecto del proceso: no sabe si deberá presentarse de manera presencial en la audiencia o si podrá hacerlo de forma remota, ni tampoco la fecha exacta del juicio, que estima será recién el año próximo. Consultado por el portal judicial Litigio, sobre la posibilidad de un juicio abreviado u otra medida alternativa, Vera señaló que es una opción. “Lo está viendo el abogado”, respondió.
Vera fue detenido el pasado 2 de julio en su casa de Resistencia por personal de la Sección de Relevamiento en Investigaciones Complejas, dependiente de la División de Delitos Tecnológicos Complejos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, tras tareas de “ciberprevención”.
La orden fue dictada por el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 4, a cargo de Ariel Lijo. Días más tarde fue procesado por los delitos de “amenazas anónimas e incitación al odio”.
Durante el operativo incautaron cinco armas de aire comprimido, varios cuchillos, dos computadoras, dos discos externos y dos pendrives. Aunque no contaban con una orden judicial que lo autorizara, integrantes de la Policía Caminera del Chaco se sumaron al procedimiento para revisar doce motos que estaban en el garaje de Vera: todas estaban en regla.
LA INVESTIGACION
La investigación contra el jubilado comenzó en febrero, a partir de publicaciones que habría realizado en un grupo de Facebook vinculado a la causa palestina. A través del usuario “Elpidio Sánchez”, habría compartido una serie de imágenes en las que se veía al presidente Milei, al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, al diputado José Luis Espert y a los periodistas Luis Majul, Jonatan Viale y Eduardo Feinmann con un punto rojo en la frente, simulando una mira de francotirador.
En el marco de una serie de publicaciones donde denunciaba el genocidio israelí en la Franja de Gaza, se lo acusa de ser el autor del mensaje “como a ratas hay que cazarlos y eliminarlos”, que acompañaba el enlace a un video compartido desde su presunto usuario. El material mostraba que algunos soldados israelíes comenzaban a ser acusados de crímenes de guerra en Gaza al viajar al extranjero.
Tras su detención, fue alojado en una oficina de la Comisaría Tercera de Resistencia, sin cama, colchón, elementos básicos ni acceso a sanitarios. No contaba con defensa legal y desconocía los cargos en su contra.
Ante esta situación, el Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco presentó un hábeas corpus correctivo ante la jueza Zunilda Niremperger. El organismo solicitó el cese del agravamiento en sus condiciones de detención y que el imputado compareciera con urgencia ante el juez de la causa para conocer formalmente la imputación.
La magistrada hizo lugar al pedido y ordenó una serie de medidas: instruyó a la Policía del Chaco a garantizar condiciones básicas de habitabilidad (cama, colchón, baño e higiene), brindar atención médica inmediata por su hipertensión crónica, permitir el contacto irrestricto con su defensa y evitar toda exposición mediática indebida que pudiera vulnerar su dignidad e integridad.
Luego de esta resolución, y tras ser indagado por el juzgado de Lijo —con el dictado de la prisión preventiva en tiempo récord—,Vera fue trasladado a la sede que la Policía Federal posee en el centro de Resistencia. Allí su situación mejoró: recibió atención médica, accedió a su medicación, pudo dormir en una cama y recibir visitas familiares. Si bien se dictó una orden de traslado a una cárcel federal, la misma no se concretó.
DOMICILIARIA
Tras casi diez días detenido, el viernes 11 de julio pudo regresar a su casa, aunque aún no se encuentra en libertad. Si bien la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones porteña ratificó el rechazo al pedido de excarcelación presentado por la defensa, sí accedió a otorgarle la prisión domiciliaria.
Los camaristas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia impusieron una serie de restricciones adicionales para “garantizar los fines del proceso”: prohibieron su salida del país, ordenaron la retención del pasaporte y dispusieron la instalación de un sistema de rastreo para controlar su ubicación de forma continua.
Desde ese momento, sólo puede salir por razones de emergencia o salud. Una de las últimas novedades de la causa fue la inclusión del periodista Eduardo Feinmann como querellante particular.
Para el abogado Ignacio Funes Peralta, la imputación carece de sustento. “Las conductas que llevó adelante no configuran un delito. Son publicaciones en redes sociales, algo que hacemos muchos. No fueron dirigidas a las personas que supuestamente recibieron la amenaza. Esto es un claro error”, explicó.