El director de la consultora Politikón, Alejandro Pegoraro, entrevistado por Radio Natagalá, analizó el impacto de las pequeñas y medianas empresas y de la obra pública en la dinámica de la economía chaqueña, subrayando que ambos sectores resultan centrales para comprender el funcionamiento del entramado productivo provincial. Según explicó, se trata de actividades con fuerte presencia territorial y con capacidad de influir de manera directa e indirecta sobre el empleo y el consumo.
En relación con las PYMES, Pegoraro afirmó que constituyen el principal núcleo generador de empleo formal, al concentrar aproximadamente el 75% de los puestos registrados. Destacó además que su importancia no reside únicamente en el volumen de trabajadores que emplean, sino en la interconexión de bienes y servicios que las vincula entre sí, lo que genera un efecto multiplicador cuando se activa el ecosistema productivo.
El economista remarcó que la dinámica pyme no funciona de manera aislada, sino como una red integrada en la que la actividad de una empresa impacta sobre muchas otras. En ese sentido, señaló que cuando se moviliza una parte del sector, se genera un arrastre sobre proveedores, comercios, transportistas y prestadores de servicios, ampliando el alcance del crecimiento económico.
Respecto de la construcción y la obra pública, Pegoraro precisó que, si bien no es el sector con mayor volumen de empleo directo, cumple un rol estratégico como dinamizador de otras actividades. A modo de ejemplo, indicó que hace dos años el Chaco contaba con cerca de 80.000 empleos formales privados, de los cuales alrededor de 12.000 correspondían a la construcción.
Explicó que, aunque ese número es menor en comparación con el comercio o la industria, la construcción tiene un impacto transversal que se extiende a rubros como la venta de materiales, el transporte, la logística y diversos servicios asociados. Según afirmó, la paralización de la obra pública «te tira para abajo muchos otros rubros de servicios, sobre todo que están conexos».
LIMITACIONES FINANCIERAS Y OPCIONES DE INTERVENCIÓN
Pegoraro sostuvo que la intervención del Estado para fomentar la actividad económica puede adoptar formas directas o indirectas, dependiendo del sector al que se apunte. En el caso de las PYMES, consideró necesario pensar en legislación específica o en programas de fomento y apoyo al desarrollo productivo.
En cuanto a la obra pública, señaló que los gobiernos locales pueden impulsar programas de infraestructura, aunque advirtió que el principal obstáculo radica en la financiación. Según explicó, el contexto actual se caracteriza por una fuerte restricción de ingresos y por un gasto provincial rígido que limita la reasignación de partidas presupuestarias.
El director de Politikón indicó que, ante ese escenario, una de las alternativas disponibles es la toma de deuda, una herramienta utilizada recientemente por provincias como Chubut, Córdoba, Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires para movilizar la infraestructura. Sin embargo, aclaró que la situación del Chaco es más compleja debido a su nivel de endeudamiento de corto plazo.
Pegoraro afirmó que, en provincias con cuentas ordenadas, la toma de crédito puede impulsar la actividad económica y generar un círculo virtuoso que facilite su repago. No obstante, remarcó que el Chaco «no tiene la posibilidad todavía de eso», lo que dificulta la adopción de decisiones similares.
En este marco, también se refirió a los programas de estímulo al consumo mediante promociones y financiamiento, los cuales consideró de impacto limitado. Según expresó, se trata de medidas aisladas y de corta duración, cuyo efecto suele concentrarse en fechas puntuales como la Navidad, sin constituir una solución estructural.
Bono de consolidación y deuda flotante
Al referirse a la posibilidad de emitir bonos de consolidación, Pegoraro explicó que este instrumento no está vinculado a la deuda financiera tradicional del Estado, sino a la denominada deuda flotante. Definió esta última como la deuda operativa derivada de bienes y servicios ya prestados y aún no pagados.
Indicó que el gobierno provincial estima esa deuda en aproximadamente 130 mil millones de pesos en el ámbito del Poder Ejecutivo, cifra que se incrementaría al sumar organismos como INSEP y municipios, alcanzando unos 300 mil millones de pesos. Se trata, según explicó, de compromisos con proveedores que reclaman pagos atrasados.
Pegoraro detalló que la emisión del bono implica registrar esa deuda y entregar títulos a los acreedores, quienes pueden optar por esperar el cronograma de pago con intereses o venderlos en el mercado secundario con una quita. Señaló que este mecanismo permite ofrecer una alternativa a quienes necesitan liquidez inmediata.
Afirmó que el bono persigue dos objetivos principales: brindar una salida financiera a los proveedores y evitar judicializaciones y cortes de servicios esenciales. En ese sentido, sostuvo que la herramienta es «muy buena porque es la única factible», aunque aclaró que no constituye una solución estructural.
Desde el punto de vista fiscal, explicó que el bono permitiría reducir la presión de la deuda pasada y liberar recursos para gastos corrientes futuros, como la compra de insumos o el avance en certificados de obra. No obstante, advirtió que no resuelve el problema del elevado gasto provincial frente a ingresos en retroceso.
Crédito, banca y restricciones
Pegoraro planteó que la banca pública tiene un rol protagónico en provincias como el Chaco, donde más de la mitad de los trabajadores dependen del Estado. A su criterio, el sistema financiero provincial podría aportar dinamismo a la economía, aunque advirtió que ese impulso tiene un costo que debe ser financiado.
Señaló que entidades como el Banco del Chaco pueden llevar adelante algunas iniciativas, pero no la totalidad de las políticas necesarias para una reactivación sostenida. Entre las principales limitaciones, mencionó la necesidad de subsidiar tasas de interés y los problemas de morosidad que enfrentan los bancos cuando aumenta el endeudamiento de los clientes.
Según explicó, estas restricciones evidencian la distancia entre las propuestas generales de política económica y su implementación concreta. En ese sentido, subrayó que impulsar el crédito y el consumo requiere definir con claridad cómo se financian esas medidas y quién asume los costos asociados.
El economista remarcó que, sin un esquema de financiamiento sostenible, los programas de estímulo terminan siendo temporales y con efectos acotados. Afirmó que el comercio suele recibirlos positivamente, pero que no resuelven los problemas de fondo de la economía provincial.
Pegoraro insistió en que el desafío central radica en la falta de recursos estructurales para sostener políticas expansivas de manera constante, lo que limita el margen de acción del Estado y de la banca pública en contextos de alta fragilidad fiscal.