El gobierno de Suiza ordenó el bloqueo «con efecto inmediato» de los posibles activos en su territorio pertenecientes al depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, en una decisión adoptada por el Consejo Federal con el objetivo explícito de «impedir cualquier fuga de capitales». La resolución se inscribe en el marco de las competencias legales del Estado suizo para actuar preventivamente ante la eventual existencia de bienes de origen ilícito depositados en su sistema financiero.
La medida no se limita exclusivamente a Nicolás Maduro, sino que alcanza también a «otras personas vinculadas a él», según precisó el Consejo Federal en un comunicado oficial. No obstante, el gobierno suizo aclaró de manera expresa que «ningún miembro del gobierno venezolano en funciones está implicado» en esta disposición, delimitando así el alcance personal del bloqueo patrimonial.
El Ejecutivo suizo subrayó que la orden tiene carácter preventivo y administrativo, y no constituye una sentencia judicial ni una determinación definitiva sobre la legalidad del origen de los fondos. En este sentido, explicó que el objetivo central es garantizar que eventuales activos adquiridos de forma ilícita no puedan ser transferidos fuera del país en el contexto actual.
La resolución establece que el bloqueo de los bienes patrimoniales entra en vigor «con efecto inmediato» y tendrá validez «hasta nuevo aviso» por un período de cuatro años. Este plazo permite a las autoridades competentes evaluar la situación, facilitar eventuales procesos judiciales internacionales y evitar movimientos financieros que dificulten futuras investigaciones.
En su fundamentación, el Consejo Federal indicó que con esta decisión busca «asegurarse de que los posibles valores patrimoniales adquiridos de forma ilícita no puedan salir de Suiza en la situación actual».
MARCO LEGAL Y RELACIÓN CON SANCIONES VIGENTES
El bloqueo dispuesto por Suiza se suma a las sanciones ya vigentes contra Venezuela, aplicables desde 2018, que incluyen distintas medidas restrictivas, entre ellas el congelamiento de activos. Según el gobierno, esta nueva resolución no reemplaza las sanciones existentes, sino que las complementa dentro de un marco legal más amplio de prevención financiera.
Las autoridades suizas precisaron que «los nuevos bloqueos apuntan a personas que no han sido sancionadas en Suiza hasta ahora», lo que indica una ampliación del espectro de individuos alcanzados por este tipo de medidas.
En determinadas circunstancias, la legislación suiza permite adoptar medidas para impedir la retirada de activos de origen ilícito depositados en el país. Estas disposiciones están orientadas a proteger la integridad del sistema financiero y a evitar que Suiza sea utilizada como refugio de capitales de procedencia ilegal.
Con el bloqueo de los activos, Suiza habilita además a que las autoridades judiciales de los Estados afectados puedan solicitar asistencia judicial en el marco de sus investigaciones penales.
Sin embargo, el gobierno suizo remarcó que son las autoridades judiciales del Estado en cuestión las que deben iniciar los trámites penales necesarios y aportar las pruebas que demuestren el origen ilícito de los fondos. Suiza, en este esquema, actúa como garante de la preservación de los bienes mientras se desarrollan los procesos correspondientes.
Maduro niega los cargos
El depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se declaró no culpable este lunes ante un tribunal federal de Nueva York, en su primera comparecencia judicial tras ser capturado en Caracas durante una operación militar de Estados Unidos. Ante el juez Alvin Hellerstein, del Distrito Sur de Nueva York, Maduro, de 63 años, sostuvo que continúa siendo el presidente venezolano y afirmó desconocer previamente los cargos en su contra y sus derechos procesales. En la audiencia, declaró en español que se considera inocente y negó las acusaciones vinculadas al tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, causa en la que también está imputada su esposa, Cilia Flores, quien se declaró igualmente no culpable.
Durante la audiencia, el abogado defensor Barry Pollack informó que, por el momento, no solicitará la libertad bajo fianza para su defendido, aunque dejó abierta esa posibilidad para una etapa posterior del proceso. La nueva acta de inculpación incluye además a Nicolás Maduro Guerra, hijo del exmandatario, al ministro venezolano del Interior, Diosdado Cabello, y a un presunto narcotraficante prófugo. La instancia judicial coincidió con la instalación del nuevo Parlamento en Caracas, que expresó su respaldo a Maduro, y con una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York dedicada a la situación en Venezuela.
Validación de acciones
La decisión del Consejo Federal se produce en un contexto internacional marcado por la reciente captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, ambos acusados de «narcoterrorismo» en Nueva York. Según se informó, Estados Unidos concretó la detención tras meses de ataques a embarcaciones acusadas de narcotráfico, en una acción presentada por Washington como una «operación policial».
La intervención estadounidense generó cuestionamientos por parte de numerosos países, que pusieron en duda su legalidad y el alcance jurisdiccional de la operación. Este escenario de controversia internacional aporta un marco de alta sensibilidad política y jurídica a las decisiones adoptadas por terceros Estados, como Suiza.
En su comunicado, el gobierno suizo aclaró que el bloqueo de activos no está condicionado a la validación de las acciones judiciales emprendidas por otros países, sino que responde a su propia normativa interna y a los principios de prevención del delito financiero.
El Consejo Federal fue explícito al señalar que, «en el caso de que procedimientos judiciales posteriores revelen que estos fondos son de origen ilegal, Suiza se asegurará de que sean restituidos en beneficio de la población venezolana», remarcando que el principio de restitución es la finalidad última de la medida.
De este modo, la resolución no solo busca impedir la fuga de capitales, sino también preservar la posibilidad de que, si se comprueba su origen ilícito, los activos puedan ser devueltos conforme a los mecanismos legales internacionales, con un destino orientado a la población del país afectado.