Para una parte creciente de los vecinos de Resistencia, estacionar un vehículo en el microcentro puede convertirse en una situación cargada de tensión, temor e incomodidad. Las amenazas veladas, el cobro compulsivo de dinero y el riesgo de sufrir daños en autos y motos forman parte de una experiencia que, según relatan los automovilistas, se repite todos los días y en distintos puntos de la ciudad. En ese contexto, la figura de los denominados “trapitos” volvió a quedar en el centro del debate público, impulsada tanto por las denuncias vecinales como por recientes episodios de violencia.
“Uno ya no estaciona tranquilo”, resumió Leonardo, vecino de Resistencia, al describir lo que considera una situación normalizada. “Pagás el estacionamiento medido y además tenés que pagarle a alguien que se apropia de la cuadra. No es una colaboración, es un apriete”, afirmó. Según sostuvo, el problema no radica solo en el dinero, sino en el clima que se genera. “Siempre se te imponen de mala manera. Te hacen sentir que el auto queda bajo su control”, dijo.
En recorridas realizada por La Voz del Chaco por la ciudad, las opiniones recogidas coincidieron en un punto central: el pago dejó de ser voluntario. “No es que uno deja una propina si quiere. Acá te dicen cuánto tenés que pagar”, explicó Valeria, otra vecina consultada. “Y si no les das lo que piden, te amenazan o después encontrás el auto rayado, con un vidrio roto o una goma pinchada”, relató.
“Ese temor condiciona el comportamiento cotidiano de muchos trabajadores. “Hay docentes, empleados públicos, gente que todos los días estaciona en el mismo lugar y termina pagando por miedo”, señaló Leonardo.
Eso no es convivencia, eso es vivir extorsionado”, sostuvo.
Otros testimonios reforzaron esa percepción. Gustavo Lledro, motociclista habitual del centro, contó que en general no tuvo conflictos graves, pero reconoció que la situación es imprevisible. “Ellos siempre se acercan, te preguntan, te miran. Una vez tuve un problema con uno que no estaba en sus cabales, no sé si estaba drogado o alcoholizado. Fue una discusión, por suerte no pasó a mayores”, relató. Aun así, consideró que la regulación puede ser una salida. “Está bien que se regule, porque ellos también necesitan trabajar, pero con normas claras”, opinó.
La referencia al consumo de alcohol y otras sustancias aparece con frecuencia en los relatos vecinales. “El problema es que muchas veces están alcoholizados”, afirmó Valeria. “Ahí ya no sabés cómo reaccionar, po rque cualquier cosa puede terminar mal”, agregó. Esa percepción fue compartida por otros automovilistas, que señalaron que la violencia suele escalar en horarios nocturnos o durante fines de semana.“Esto no es solo pagar plata”, expresó Leonardo. “Es el trato, es la agresividad, es sentir que si decís que no, algo va a pasar”. Para él, el problema refleja una falla más profunda. “Entiendo que la marginalidad genera violencia, pero yo no tengo la culpa. Yo también trabajo, también pago impuestos”, sostuvo.
Las opiniones recogidas mostraron una mirada ambivalente: por un lado, un reclamo firme para que el Estado intervenga y ponga límites; por otro, cierta comprensión del trasfondo social. “En otra situación del país, quizás esto se podría organizar mejor”, reflexionó otro vecino consultado. “Pero hoy no es sostenible, porque todo está desbordado”, opinó.
Este malestar social volvió a quedar expuesto tras un nuevo episodio de violencia registrado en el microcentro, que derivó en la detención de un cuidacoches y reactivó el debate en el Concejo Municipal.
A partir de ese hecho, el cuerpo deliberativo retomó la discusión sobre el accionar de los trapitos, a quienes considera una actividad ilegal, y reclamó una mayor presencia del Estado en las zonas más afectadas.
El presidente del Concejo, Alejandro Aradas, explicó que el tema no es nuevo, pero que vuelve a instalarse cada vez que ocurre un hecho grave. “Este debate reaparece cuando hay violencia. No puede ser que para estacionar un auto en la ciudad, el vecino tenga que pagar estacionamiento medido y además un adicional por miedo a que le dañen el vehículo”, sostuvo en declaraciones radiales.
Aradas recordó que en 2024 se impulsó un proyecto de ordenanza para poner fin a esta práctica, acompañado por propuestas de contención social y capacitación en oficios para quienes ejercen la actividad. “Ese proyecto no prosperó por falta de consenso político y derivó en una resolución que hoy sigue vigente”, explicó.
Desde su mirada, el límite es claro. “La actividad del trapito, tal como se da hoy, es ilegal. El problema no es la propina voluntaria, sino cuando se fija una tarifa y se cobra bajo amenaza”, afirmó. En ese sentido, señaló que en distintos sectores del micro y macrocentro se detectaron prácticas como la ocupación del espacio público con conos, tachos u otros elementos. “Eso genera un control de facto de las cuadras”, dijo.
Las denuncias vecinales por daños a vehículos fueron otro de los puntos destacados por el titular del Concejo. “Hay relatos de rayaduras, pinchaduras de neumáticos y rotura de vidrios cuando alguien se niega a pagar”, sostuvo. Y agregó: “En muchos casos, estos hechos se dan porque las personas están alcoholizadas o bajo consumo de sustancias, lo que desata situaciones graves”.
Para Aradas, la clave está en la prevención. “Cuando hay presencia municipal o policial, estas situaciones no se dan”, afirmó. Por eso, reclamó controles rotativos y permanentes en las zonas más conflictivas. “No se puede actuar solo después de que pasa algo grave”, sostuvo.
Sin embargo, en la calle, muchos vecinos se muestran escépticos. “Acá el problema es que no hay controles sostenidos”, opinó Leonardo. “Un día aparecen y después desaparecen, y todo vuelve a ser igual”, agregó.
La posibilidad de incorporar a los trapitos a un sistema formal también genera debate. Aradas fue categórico al respecto. “El estacionamiento medido está institucionalizado. No es viable delegar su administración a personas que no forman parte del municipio”, sostuvo.
Las experiencias anteriores no funcionaron y generaron más informalidad”, agregó.
Para los vecinos, esa discusión parece lejana frente a la urgencia diaria. “Yo no quiero discutir modelos, quiero estacionar tranquilo”, expresó Valeria. “No quiero mirar el auto con miedo cuando vuelvo”, afirmó.
Si bien desde el Concejo se reconoce que muchas de las personas que realizan esta actividad lo hacen por necesidad económica, Aradas marcó límites claros. “La falta de trabajo no justifica la violencia ni la extorsión”, sostuvo. “Cuando el cuidado es voluntario, no hay discusión. El problema es cuando se exige un monto fijo y se amenaza”, afirmó.
En ese punto, las voces ciudadanas coinciden. “Nadie quiere pelearse”, dijo Gustavo. “Pero tampoco es justo vivir con miedo”, agregó. Para muchos, la solución debería contemplar ambas dimensiones: control estatal y políticas sociales. “Hay que buscar una salida para todos, pero sin que el vecino sea rehén”, resumió Leonardo.
El debate sobre los trapitos expone así una tensión más amplia entre informalidad, convivencia urbana y desigualdad social. Mientras los vecinos reclaman recuperar la tranquilidad al estacionar, el Estado enfrenta el desafío de intervenir sin agravar el conflicto social. En las calles de Resistencia, el reclamo es claro y se repite en cada testimonio: ordenar la ciudad para que el miedo deje de ser parte de la rutina cotidiana.
