El Gobierno nacional volvió a poner en marcha las negociaciones con los gobernadores para destrabar la Reforma Laboral, uno de los proyectos centrales de la agenda del presidente Javier Milei. Con ese objetivo, el ministro del Interior, Diego Santilli, iniciará esta semana una serie de viajes al interior del país para reforzar acuerdos políticos y legislativos.
El primer destino será Chubut, donde Santilli se reunirá el próximo miércoles con el gobernador Ignacio Torres. La visita forma parte de un cronograma más amplio que prevé recorridas por al menos diez provincias durante enero, en la antesala de una eventual prórroga de las sesiones extraordinarias, que comenzarían el 2 de febrero.
La iniciativa, denominada oficialmente “Modernización Laboral”, es considerada prioritaria por el Ejecutivo, que busca acelerar su tratamiento y lograr su aprobación durante el receso legislativo. En la Casa Rosada confían en que la mesa política encargada de la estrategia parlamentaria pueda repetir el esquema de negociación que permitió sancionar el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal.
En paralelo a la gira de Santilli, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reactivó los contactos del equipo legislativo que actúa como interlocutor directo de Javier y Karina Milei. Ese armado incluye a Patricia Bullrich en el Senado y a Martín Menem en Diputados, junto con el propio Santilli, el operador político Eduardo “Lule” Menem y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.
El encuentro con Torres se da en un contexto delicado. El gobernador de Chubut mantiene una relación tensa con el Gobierno nacional y recientemente anticipó que recurrirá a la Corte Suprema por los fondos que la Nación adeuda a la provincia en concepto de caja previsional. Desde el Ejecutivo provincial aseguran que el reclamo supera los 51.000 millones de pesos.
Desde el Ministerio del Interior señalaron que el objetivo de las reuniones será escuchar los reclamos de cada distrito y evaluar posibles soluciones dentro del margen que habilite el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo. “La idea es avanzar en los acuerdos necesarios para que la ley de reforma laboral pueda ser sancionada”, explicaron fuentes oficiales.
El secretario de Trabajo confirmó que la reforma laboral solo se aplicará para los nuevos empleos
Mientras tanto, Bullrich y Menem continuarán las conversaciones con los bloques aliados para reducir las diferencias que persisten sobre distintos artículos del proyecto y consolidar los apoyos antes de que el Congreso retome formalmente la actividad.
Con esta ofensiva política, el Gobierno busca acelerar los tiempos y convertir la reforma laboral en uno de los hitos legislativos del inicio de 2026.
Estrategia en el Congreso
Mientras se ultiman los detalles del segundo tramo de sesiones extraordinarias, el Gobierno nacional puso además en marcha las negociaciones políticas para intentar sancionar la reforma laboral en febrero. Aunque las instancias formales comenzarán en los próximos días, los contactos informales ya están en marcha y se concentran en asegurar el respaldo de gobernadores y legisladores provinciales, considerados determinantes para alcanzar los números necesarios en ambas cámaras del Congreso.
La estrategia oficial combina reuniones políticas y análisis técnicos. Está previsto que la mesa política defina el esquema legislativo, mientras una comisión especializada en el Senado evalúe las observaciones realizadas por la CGT y las entidades empresarias. Desde el Ejecutivo reconocen que el dictamen aprobado a fines del año pasado podría sufrir modificaciones, especialmente para destrabar apoyos y facilitar el tratamiento parlamentario.
En paralelo, funcionarios nacionales iniciaron una ronda de encuentros con mandatarios provinciales. El objetivo es medir el clima político y negociar respaldos, tanto en el Senado como en Diputados. El oficialismo parte de una base ajustada de votos en la Cámara alta y necesita sumar voluntades entre el radicalismo y los bloques que responden a los gobernadores. En ese esquema, pesan los antecedentes recientes, como el acompañamiento al Presupuesto 2026 y a otras leyes impulsadas por el Ejecutivo.
En el Senado, los libertarios cuentan con 21 votos propios y deben alcanzar el quórum de 37. El foco está puesto en senadores radicales y legisladores alineados con mandatarios provinciales, muchos de los cuales ya mostraron disposición a negociar. Provincias como Corrientes, Santa Fe, Mendoza y Chaco aparecen dentro del radar oficial, al igual que Chubut, donde los contactos iniciales buscaron asegurar respaldos de fuerzas locales y del PRO.
El escenario se complejiza por el impacto fiscal del proyecto. Las principales objeciones de los gobernadores giran en torno a la pérdida de recursos coparticipables derivada de la reducción de alícuotas del impuesto a las Ganancias y de la eliminación de otros tributos. Las provincias estiman que el costo superaría el billón de pesos, con un fuerte impacto en distritos como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Desde sectores opositores sostienen que el capítulo tributario funciona como una reforma impositiva encubierta que afecta las finanzas provinciales.
En la Cámara de Diputados, el oficialismo parte de un piso de 109 votos, sumando aliados directos, pero necesita alcanzar los 129 para el quórum. Allí también resultan decisivos los bloques provinciales y el radicalismo, que ya había presentado propuestas propias de reforma laboral durante el debate de la Ley Bases. El respaldo final dependerá, en gran medida, de las concesiones que el Gobierno esté dispuesto a hacer en materia tributaria, un punto que aparece como el principal factor de negociación y que terminará de definir el resultado parlamentario.