El economista Alejandro Pegoraro, director general de la consultora Politikon Chaco, entrevistado por Radio Natagalá, analizó la evolución reciente de la inflación en la Argentina y destacó que el índice acumulado anual cerró en 31,5%, el nivel más bajo registrado desde 2017.
Pegoraro explicó que «la suba de precios acumulada de todo el año terminó en 31,5%, que es la más baja desde el año 2017, cuando había sido de 24,8», y subrayó que este resultado adquiere mayor relevancia cuando se lo analiza en perspectiva temporal. En ese sentido, sostuvo que el dato permite observar una tendencia de desaceleración significativa tras varios años de registros excepcionalmente altos.
El economista recordó que el año 2023 finalizó con una inflación de 211%, mientras que en 2024 el índice se redujo a 118%, para luego descender hasta el 31% en el último período anual. Según afirmó, «desde una mirada de largo plazo, es un buen número si se considera la trayectoria de los últimos años», ya que implica una reducción sustancial en la velocidad de aumento de los precios.
En ese marco, Pegoraro señaló que este proceso representa «un sendero muy positivo y un regreso a niveles más aceptables para la Argentina», aunque aclaró que dichos valores aún se encuentran por encima de los parámetros habituales en economías más estables. La comparación internacional, indicó, permite dimensionar que la normalización aún no se ha completado.
Finalmente, el análisis inicial plantea que la desaceleración inflacionaria constituye una señal relevante para el ordenamiento macroeconómico, pero no implica la resolución definitiva del problema. La reducción del ritmo inflacionario se inscribe dentro de un proceso gradual que todavía presenta desafíos estructurales y tensiones latentes.
ALERTA POR LA ACELERACIÓN
EN LOS ÚLTIMOS MESES
A pesar del resultado anual, Pegoraro advirtió sobre un cambio en la dinámica inflacionaria durante los últimos meses del período analizado. En particular, remarcó que diciembre registró una suba de precios del 2,8%, el valor mensual más alto desde abril del año anterior, lo que encendió señales de alerta entre los analistas.
El economista señaló que «desde mayo se observa una aceleración mes a mes», detallando que el índice pasó de registros cercanos al 1,5% a superar el 2% en el último trimestre del año. Este comportamiento, explicó, interrumpió la tendencia descendente que se había consolidado durante la primera parte del período previo.
En ese sentido, sostuvo que «se rompió el sendero de desinflación de la primera etapa del año anterior», lo que implica un cambio de tendencia que condiciona las perspectivas futuras. La aceleración mensual acumulada genera un efecto arrastre que impacta directamente sobre las proyecciones para el año siguiente.
Pegoraro remarcó que esta dinámica deja «un arrastre muy alto para 2026», lo que dificulta alcanzar objetivos inflacionarios ambiciosos. Según explicó, el presupuesto nacional había proyectado una inflación del 10% para este año, una meta que ya se consideraba poco realista al momento de su presentación.
En ese contexto, afirmó que «hay proyecciones privadas que ubican la inflación anual en torno al 20% o 22%», lo que representaría una mejora respecto al 31% previo, aunque con una velocidad de desaceleración menor a la esperada meses atrás. La aceleración reciente, concluyó, obliga a recalibrar expectativas.
Inflación y costo de vida: una diferencia clave
Pegoraro enfatizó las diferencias entre medir inflación y costo de vida, conceptos que suelen confundirse en el debate público. Al respecto, señaló que «durante muchos años se utilizó a la inflación como sinónimo del costo de vida, y eso es incorrecto», marcando una diferencia fundamental para comprender la percepción social.
El economista explicó que cada hogar posee una estructura de gastos propia, determinada por su nivel de ingresos, composición familiar y condiciones habitacionales. En consecuencia, el impacto de la inflación no es homogéneo y puede diferir significativamente del promedio que refleja el Índice de Precios al Consumidor.
En ese marco, indicó que existen rubros con un peso relevante en el IPC, como restaurantes y hoteles, recreación y cultura o educación privada, que no forman parte central del consumo cotidiano de amplios sectores de la población. Esta situación genera una brecha entre el dato estadístico y la experiencia concreta de muchos hogares.
Pegoraro remarcó que esta distorsión es más visible en los sectores de menores ingresos, donde la mayor parte del gasto se concentra en alimentos, vivienda y servicios básicos, subrayando que cuando estos rubros aumentan por encima del promedio, la percepción de encarecimiento del costo de vida se intensifica, aun cuando la inflación general se desacelere.
Cambios en el índice de precios al consumidor
Otro aspecto destacado por Pegoraro fue la actualización metodológica del Índice de Precios al Consumidor, que comenzará a regir a partir de enero. El economista explicó que «el índice de precios estaba desactualizado en sus ponderaciones», lo que hacía necesaria una revisión integral de su estructura.
Según detalló, la nueva medición incorpora servicios que no estaban contemplados anteriormente y modifica el peso relativo de distintos rubros. Entre los cambios más relevantes, señaló que vivienda y servicios públicos tendrán una mayor ponderación dentro del índice, en línea con su importancia real en el gasto de los hogares.
Asimismo, indicó que se incorporan servicios como plataformas digitales, internet y telefonía móvil, reflejando transformaciones en los hábitos de consumo. En paralelo, se reduce el peso de rubros como restaurantes y hoteles, que pasa «de alrededor del 7% al 3%», sin ser eliminados del cálculo.
Pegoraro aclaró que el objetivo de estos ajustes es lograr un índice más representativo del consumo actual, sin alterar la estructura general del indicador. La revisión busca corregir distorsiones acumuladas a lo largo del tiempo y adecuar la medición a nuevas realidades económicas y sociales.
No obstante, advirtió que aun con estas modificaciones, el índice seguirá presentando limitaciones inherentes a su carácter promedio. La heterogeneidad social y económica de los hogares argentinos continúa siendo un desafío para cualquier medición agregada del nivel de precios.
El caso Nea
En relación con las disparidades regionales, Pegoraro explicó que la menor inflación registrada en el NEA se vincula principalmente con los tiempos de actualización de precios. En esta región, señaló, los aumentos en servicios como la energía eléctrica se aplicaron de manera más frecuente a lo largo de los años.
El economista sostuvo que «en el NEA, los aumentos a lo largo de los años siempre fueron mucho más rápidos» que en el AMBA y el centro del país, donde los subsidios y congelamientos de tarifas fueron más persistentes. Esto redujo el atraso relativo de los precios en el nordeste.
Como consecuencia, cuando se produjeron las actualizaciones más recientes, los incrementos fueron significativos pero menores que en otras regiones. Pegoraro explicó que esta dinámica permitió que el impacto acumulado resultara más moderado en comparación con zonas donde el retraso tarifario era mayor.
Finalmente, señaló que también influyen factores como el comercio de frontera y la estructura de gasto de los hogares, aunque la explicación principal radica en «la distinta velocidad de actualización de precios a lo largo del tiempo». En términos acumulados, concluyó, las regiones muestran resultados más similares de lo que sugieren los datos de corto plazo.