El Superior Tribunal de Justicia (STJ) resolvió por mayoría rechazar el planteo de inconstitucionalidad interpuesto contra la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, ratificando de este modo la plena vigencia y validez jurídica de la normativa sancionada oportunamente por la Legislatura provincial.
La decisión judicial confirma la constitucionalidad del marco legal que regula el uso del territorio y la protección del bosque nativo en la provincia, poniendo fin a un proceso de revisión institucional de alto impacto ambiental, productivo y social.
El fallo del máximo órgano judicial provincial constituye un pronunciamiento relevante en materia de política pública ambiental, ya que avala la potestad del Estado provincial para establecer criterios de ordenamiento del territorio conforme a los principios de desarrollo sostenible, conservación de los recursos naturales y planificación del uso del suelo. La resolución se inscribe en un contexto de debates prolongados sobre el equilibrio entre producción, conservación ambiental y derechos de las comunidades involucradas.
La Ley de Ordenamiento Territorial había sido objeto de cuestionamientos judiciales que planteaban presuntas vulneraciones constitucionales, especialmente en relación con el proceso de elaboración y el alcance de sus disposiciones.
Con esta resolución, el Superior Tribunal consideró válidos los mecanismos institucionales utilizados y desestimó los argumentos presentados en contra de la normativa.
Desde el Poder Ejecutivo provincial se había aportado documentación técnica, jurídica y administrativa para respaldar la constitucionalidad de la ley, la cual fue incorporada al análisis del Tribunal. El fallo reconoce la relevancia de esa información y la evaluación integral de los elementos puestos a consideración durante el proceso judicial.
Se remarca que la decisión judicial reafirma la vigencia de un instrumento central para la planificación territorial, que define zonas de conservación, uso sustentable y aprovechamiento productivo, en consonancia con la legislación ambiental nacional y los compromisos asumidos por la provincia en materia de protección del ambiente.
CONSTITUCIONALIDAD
Tras conocerse la resolución del STJ, el ministro de la Producción, Oscar Dudik, expresó públicamente su satisfacción por el resultado del fallo, destacando el valor institucional de la decisión y su impacto en la gestión del territorio provincial.
El funcionario subrayó la importancia de contar con un marco normativo claro y vigente que ordene el uso del suelo y brinde previsibilidad a las políticas públicas.
En ese sentido, Dudik afirmó: «La verdad es una satisfacción que se haya comprendido la importancia de tener un ordenamiento territorial vigente y se haya analizado cada uno de los puntos y aclaraciones que el Poder Ejecutivo provincial envió, para que el Tribunal cuente con todas las herramientas necesarias y pueda evaluar correctamente la constitucionalidad de las leyes que, en su momento, la Legislatura aprobó con la participación de todos los sectores políticos, instituciones, entidades y, sobre todo, de las comunidades involucradas».
El ministro resaltó que el fallo representa un reconocimiento al proceso de construcción colectiva que dio origen a la ley, remarcando la participación de diversos actores políticos, institucionales y sociales. Según señaló, ese abordaje plural fue un elemento central para garantizar la legitimidad del ordenamiento territorial y su adecuación a las necesidades del territorio.
En la misma línea, Dudik destacó el trabajo articulado entre los distintos organismos del Estado provincial, señalando que la resolución judicial valida el enfoque adoptado por el Gobierno.
Al respecto, sostuvo: «Mostramos nuestra satisfacción de que el Superior Tribunal de Justicia haya analizado detenidamente cada uno de los temas y toda la información que el Poder Ejecutivo provincial suministró».
El funcionario añadió que la decisión no solo confirma la constitucionalidad de la normativa, sino que también pone en valor las políticas ambientales desarrolladas en la provincia.
En ese marco, expresó que el fallo «no solo confirma que las leyes son constitucionales, sino que también pone en valor el gran trabajo que se viene realizando desde el gobierno provincial en la preservación del medio ambiente y del bosque nativo».
Política ambiental
La ratificación de la Ley de Ordenamiento Territorial consolida un instrumento clave para la gestión ambiental y productiva, al establecer criterios legales que orientan la toma de decisiones públicas y privadas.
El fallo aporta seguridad jurídica y fortalece la planificación a mediano y largo plazo en materia de uso del suelo y conservación de los recursos naturales.
Desde el punto de vista institucional, la resolución del Superior Tribunal de Justicia (STJ) refuerza el rol del Poder Legislativo en la sanción de normas ambientales y reconoce la facultad del Poder Ejecutivo para reglamentarlas y aplicarlas dentro del marco constitucional.
Asimismo, delimita el alcance de los cuestionamientos judiciales frente a políticas públicas definidas mediante procesos participativos.
El ordenamiento territorial se presenta como una herramienta estratégica para compatibilizar desarrollo económico, producción agropecuaria y protección ambiental, especialmente en regiones con alta presión sobre los ecosistemas.
La vigencia de la ley permite avanzar en ese equilibrio, incorporando criterios técnicos y ambientales en la planificación del territorio.
En el cierre de sus declaraciones, el ministro Dudik sintetizó el sentido político e institucional del fallo al señalar: «La decisión del STJ ratifica el marco legal vigente en materia de ordenamiento territorial y reafirma el compromiso del gobierno provincial con el desarrollo sostenible y el cuidado de los recursos naturales».
De este modo, la resolución judicial no solo zanja un debate jurídico, sino que también respalda una política pública orientada a la preservación del bosque nativo y al uso responsable del territorio, consolidando una línea de acción sostenida por el gobierno provincial.