El referente de la Cooperativa de Motomandados, Fabio Zerpa, cuestionó la reforma laboral que contempla a repartidores y trabajadores de plataformas digitales, al considerar que no introduce modificaciones sustanciales en las condiciones del sector ni garantiza el reconocimiento pleno de derechos laborales.
La iniciativa, que incorpora disposiciones específicas para quienes prestan servicios a través de aplicaciones, fue evaluada por el dirigente como insuficiente para revertir una situación de precariedad que, según describió, se mantiene inalterable desde hace décadas.
Zerpa sostuvo que la realidad laboral de los motomandados continúa marcada por la informalidad estructural. «En el Chaco vamos a cumplir 30 años en la misma situación, con el 100% de los trabajadores en negro. Y así en todo el país», afirmó, al señalar que la problemática no se limita a una jurisdicción determinada sino que se replica a escala nacional.
En ese marco, planteó que la reforma no modifica de manera concreta el estatus jurídico ni las condiciones materiales de quienes desempeñan tareas de reparto.
Según expresó, la propuesta legislativa constituye «un placebo» que no implica avances reales en materia de reivindicación laboral.
Desde su perspectiva, el encuadre normativo que reconoce a los repartidores como «prestadores independientes» consolida un esquema que desnaturaliza la relación laboral efectiva, al excluir la figura del trabajador en relación de dependencia y los derechos asociados a esa condición, como aportes previsionales, cobertura de salud y estabilidad.
El dirigente explicó que la categorización como trabajadores independientes no se corresponde con las condiciones bajo las cuales se presta el servicio. «No es trabajo independiente», afirmó, al introducir su argumento central sobre la existencia de elementos propios de una relación de dependencia que, a su entender, quedan invisibilizados bajo la actual regulación.
En ese sentido, precisó: «Si fuera un trabajo independiente, uno debería fijar sus horarios y tarifas. Pero las aplicaciones establecen cuánto se cobra y en qué condiciones se trabaja».
ANTECEDENTES JUDICIALES Y SEGURO DE ACCIDENTES
El referente recordó que en la provincia existen antecedentes judiciales favorables a trabajadores que reclamaron el reconocimiento del vínculo laboral con las plataformas.
Si bien no detalló casos específicos, señaló que esos fallos evidencian la controversia existente en torno a la naturaleza jurídica de la actividad y abren el debate sobre la necesidad de una regulación que contemple las particularidades del sector sin desconocer derechos básicos.
Uno de los puntos incorporados por la reforma es la obligatoriedad de un seguro de accidentes personales para quienes realizan tareas de reparto. Este aspecto fue considerado por Zerpa como el único elemento rescatable del nuevo esquema normativo, aunque relativizó su alcance efectivo.
«Lo único que se puede rescatar es el seguro, pero tiene muchos requisitos a la hora de reclamar», afirmó, al advertir que las condiciones para acceder a la cobertura podrían limitar su aplicación práctica.
Ingresos, costos y sustentabilidad de la actividad
En relación con los ingresos, el dirigente desmintió versiones que indicaban que un repartidor podría alcanzar con facilidad $450 mil mensuales. Según detalló, la realidad económica dista de esas estimaciones y depende de una alta cantidad de servicios realizados, así como de la capacidad de sostener jornadas extensas de trabajo.
Zerpa explicó que actualmente un envío ronda en promedio los $1.500 y que, para alcanzar un ingreso que permita subsistir, un trabajador debería concretar alrededor de 600 envíos mensuales.
Esa cifra supone un volumen elevado de tareas, con una carga horaria considerable y una exposición constante a riesgos viales y climáticos.
A ese escenario se suman los costos que asume íntegramente el propio trabajador.
El referente estimó que el gasto mensual en combustible oscila entre $250 mil y $300 mil, a lo que deben añadirse el mantenimiento del vehículo, repuestos, seguro e indumentaria. «Todos los costos los paga el trabajador», remarcó, al enfatizar que el esquema actual traslada la totalidad de los riesgos y gastos operativos al repartidor.