La Cámara de Diputados de la Nación aprobó el jueves la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei con 135 votos a favor y 115 en contra, tras más de trece horas de debate parlamentario atravesado por fuertes cruces políticos entre oficialismo y oposición, un paro nacional convocado por la CGT y movilizaciones registradas en las inmediaciones del Congreso que acompañaron el tratamiento legislativo de la iniciativa.
La votación representó un momento clave dentro del proceso de reformas estructurales promovidas por el Poder Ejecutivo, al tratarse de un proyecto que introduce modificaciones en la legislación laboral vigente y que ya había sido tratado previamente por el Senado, aunque posteriormente sufrió cambios durante su paso por la Cámara baja que obligarán a una nueva revisión por parte de la Cámara alta.
El respaldo parlamentario provino de los bloques de La Libertad Avanza (LLA), el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y legisladores pertenecientes a fuerzas provinciales, mientras que el proyecto fue rechazado por el Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y otros espacios opositores.
El debate parlamentario giró en torno a los alcances de la norma, que desde el oficialismo fue defendida como una herramienta de «modernización» del sistema laboral destinada a incentivar la formalización del empleo, mientras que desde sectores opositores fue caracterizada como una reforma «regresiva», particularmente por su impacto potencial sobre derechos laborales establecidos en convenios colectivos históricos.
En este contexto de confrontación política, la votación dejó expuesta una división significativa tanto a nivel nacional como en las representaciones provinciales, donde el posicionamiento de los legisladores replicó mayoritariamente la orientación asumida por sus respectivos bloques políticos dentro del Congreso.
POSICIONAMIENTO DE LA REPRESENTACIÓN CHAQUEÑA
Los siete diputados nacionales que representan al Chaco participaron de la votación alineándose con las decisiones adoptadas por sus espacios partidarios, lo que derivó en una división interna dentro de la delegación legislativa provincial respecto del acompañamiento o rechazo de la reforma laboral.
En ese sentido, votaron a favor del proyecto Guillermo Agüero y Gerardo Cipolini, ambos pertenecientes a la UCR, junto con Carlos García y Rosario Goitía, representantes de LLA, conformando así el bloque mayoritario de apoyo a la iniciativa dentro de la representación chaqueña.
Por el contrario, manifestaron su rechazo al proyecto los diputados Julieta Campo, Sergio Dolce y Aldo Leiva, integrantes del bloque Unión por la Patria, quienes mantuvieron la postura de oposición adoptada por su espacio político a nivel nacional durante el tratamiento de la reforma.
El resultado final en la provincia reflejó así un esquema de cuatro votos afirmativos y tres negativos, reproduciendo en términos locales la fragmentación política que caracterizó el desarrollo del debate legislativo en la Cámara baja.
CONTENIDO DE LA REFORMA Y PRINCIPALES MODIFICACIONES
El proyecto aprobado introduce transformaciones en el sistema de convenios colectivos, modificaciones en la legislación sindical, límites al derecho de huelga en servicios públicos y cambios en el esquema de indemnizaciones por desvinculación laboral.
Asimismo, contempla la creación de un fondo destinado a financiar desvinculaciones laborales y la implementación de un banco de horas que permitiría reorganizar jornadas laborales sin el pago de horas extras, uno de los aspectos más debatidos durante el tratamiento parlamentario.
Entre los puntos que generaron mayores cuestionamientos se encuentra la eliminación de convenios colectivos históricos, entre ellos el Estatuto del Periodista Profesional, así como el diseño del Fondo de Asistencia Laboral previsto por el nuevo régimen normativo.
Durante la sesión, legisladores opositores señalaron que estas modificaciones podrían afectar derechos adquiridos en distintos sectores laborales, mientras que desde el oficialismo se sostuvo que la reforma apunta a reducir la informalidad y dinamizar el mercado de trabajo.
El capítulo vinculado al régimen de licencias por enfermedad y accidentes fue uno de los ejes centrales de la discusión, dado que introducía cambios respecto del sistema actualmente establecido por la Ley de Contrato de Trabajo.
Cambios en el régimen de licencias
El texto aprobado inicialmente por el Senado indicaba que «en caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo, y que impida esta prestación», el trabajador tendría derecho a percibir el 50% del salario durante tres meses si no tenía personas a cargo, o durante seis meses en caso de tenerlas.
Además, si la imposibilidad de trabajar no derivaba de una conducta voluntaria y riesgosa, el empleado cobraría el 75% del sueldo durante los mismos plazos establecidos en la normativa propuesta.
El proyecto también establecía la obligación de presentar un certificado médico emitido por un profesional habilitado que incluyera diagnóstico, tratamiento y días de reposo indicados, como requisito para acceder al beneficio correspondiente.
A su vez, disponía que el trabajador debía someterse al control del médico designado por el empleador y, ante eventuales discrepancias, recurrir a una junta médica en una institución oficial o a dictámenes emitidos por entidades públicas o privadas de reconocida trayectoria.
Actualmente, las licencias por enfermedad se encuentran reguladas por la Ley de Contrato de Trabajo, cuyo artículo 208 establece que cada accidente o enfermedad inculpable que impida prestar servicios no afecta el derecho a percibir la remuneración durante tres meses si la antigüedad es menor a cinco años, o durante seis meses si la supera.
Cuando el trabajador posee cargas de familia, esos plazos se extienden a 6 y 12 meses respectivamente, garantizando la normativa vigente el cobro del 100% del salario durante ese período, incluidos los aumentos que correspondan a la categoría mientras dure la licencia.
En contraste, el artículo cuestionado introducía una reducción al cincuenta o al 65% de la remuneración según el caso, lo que generó resistencias entre bloques aliados y obligó al oficialismo a negociar modificaciones durante su tratamiento en Diputados.
Como consecuencia de los cambios introducidos, especialmente en el capítulo vinculado a las licencias por enfermedad, el proyecto deberá regresar al Senado para su revisión definitiva por parte de los legisladores de la Cámara alta.