Durante el tratamiento legislativo de la reforma laboral en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, el diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA), Lisandro Almirón, intervino en su carácter de miembro informante por el dictamen de mayoría, en una exposición orientada a fundamentar los lineamientos centrales del proyecto sometido a consideración parlamentaria.
Almirón vinculó el debate con principios históricos del orden constitucional argentino remarcando que el proceso legislativo actual remite a la necesidad de «constituir la unión nacional», y destacó que existen dos conceptos en la Constitución asociados a esa finalidad que se relacionan con el objetivo de «promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad».
El diputado sostuvo que dichos principios sintetizan conflictos abordados en el recinto durante décadas, remarcando que las «normas no fueron para verse bonitas en un papel y mantener el status quo incuestionable sino que sirven tanto y en cuanto sean efectivas para proteger los derechos de los ciudadanos», en alusión al sentido práctico que deben tener los marcos regulatorios.
En ese marco argumental, subrayó que las regulaciones laborales se legitiman únicamente en la medida en que resulten eficaces para cumplir los fines propuestos, y manifestó que la legislación vigente tiene como función «proteger a los trabajadores y tutelar las relaciones de trabajo».
DIAGNÓSTICO SOBRE EL EMPLEO Y LA INFORMALIDAD
El legislador afirmó que «hace décadas que nuestro país tiene un problema de fondo grave que es la incapacidad de generar empleo genuino», situando el debate en torno a una problemática estructural vinculada a la evolución del mercado laboral argentino.
Asimismo, remarcó que «la realidad es que hoy el 50% de los trabajadores de nuestro país están en la informalidad y que en la informalidad no hay protección real», describiendo una situación que, según su interpretación, limita el alcance efectivo de los derechos laborales previstos en la normativa vigente.
En ese sentido, sostuvo que «millones de argentinos trabajan por afuera del encuadre de las leyes actuales sin aportes sin obra social», al tiempo que remarcó que «el empleo registrado en la Argentina no crece hace ya demasiado tiempo», lo que configura el punto de partida desde el cual se analiza el proyecto de modernización laboral.
El diputado indicó que el contexto no responde a supuestos ideales sino a condiciones concretas del funcionamiento del mercado de trabajo, señalando que «no damos este debate desde un lugar imaginario ni situados en el mundo ideal», sino sobre la base de indicadores persistentes de informalidad.
Desde esa perspectiva, expresó que la experiencia «demostró que nuestra legislación laboral vigente rígida y anacrónica funciona como una barrera inflanqueable para la registración de empleo formal», atribuyendo a las características regulatorias actuales efectos restrictivos sobre la formalización laboral.
MARCO NORMATIVO
Y ACTUALIZACIÓN LEGISLATIVA
Almirón añadió que las leyes del régimen vigente «fueron pensadas para un mundo analógico que ya no existe», enfatizando que el desarrollo tecnológico y la expansión de las plataformas digitales no se encuentran contemplados por el régimen normativo vigente.
En esa línea, sostuvo que el desfasaje entre legislación y transformaciones productivas «no hacen otra cosa que dejar a miles de trabajadores en un limbo legal y las empresas sin reglas claras para poder llevar adelante sus actividades».
El proyecto en tratamiento, explicó, propone modificaciones destinadas a «actualizar nuestra legislación de trabajo vigente remover las distorsiones que afectan la creación de empleo formal garantizar la seguridad jurídica tanto de los empleadores como de los trabajadores».
Según detalló, la iniciativa introduce cambios en la Ley de Contrato de Trabajo con el objetivo de «asegurar un régimen que fomente la creación de empleo registrado», además de habilitar acuerdos entre partes «siempre tutelando los derechos del trabajador».
Entre las medidas previstas, mencionó la simplificación y digitalización de obligaciones de registración laboral, así como la redefinición de los conceptos que integran la base de cálculo para las indemnizaciones «a efecto de reducir la conflictividad y brindar seguridad jurídica».
Mecanismos
El legislador señaló que se habilita la posibilidad de incorporar componentes remunerativos adicionales mediante negociación colectiva o individual orientados a reconocer «el mérito individual o las características propias de la organización siempre respetando el principio de no discriminación».
Asimismo, indicó que estos componentes podrán abonarse «tanto en moneda nacional como en moneda extranjera conforme a las condiciones libremente pactadas por las partes», en el marco de acuerdos contractuales.
En relación con la jornada lacaboral, explicó que el proyecto faculta a las partes a acordar regímenes de compensación de horas extraordinarias dentro del esquema de protección vigente.
Respecto de las licencias por accidentes o enfermedades, informó que «el artículo 44 del proyecto será eliminado del texto y el artículo 208 de la ley 20.744 permanecerá sin alteraciones», tras considerar aportes formulados por distintos bloques.
También indicó que la iniciativa precisa el alcance de los supuestos de solidaridad y establece un régimen para la actualización de créditos laborales «independientemente de la jurisdicción donde se dirima el conflicto».
Incentivos
Almirón sostuvo que el proyecto contempla, en distintos títulos, regímenes de incentivo destinados a revertir la informalidad y promover el empleo registrado mediante beneficios asociados a la formalización laboral.
En particular, explicó que se implementa un mecanismo basado en reducciones a las contribuciones patronales para quienes regularicen trabajadores o incorporen nuevos empleados, con el objetivo de combatir el empleo no registrado.
En ese sentido, afirmó que «es necesario reducir las cargas para que las pymes puedan contratar y registrar sus empleados», vinculando la política de incentivos con el desempeño del sector productivo.
En materia de inversión, el título correspondiente crea un régimen orientado a las medianas inversiones, que incorpora beneficios fiscales y amortización acelerada para proyectos productivos.
El diputado sintetizó este enfoque remarcando que «sin inversión no hay empresas y sin empresas no hay trabajadores».
Protección y libertad
En el tramo final de su intervención, sostuvo que las modificaciones propuestas tienen como finalidad «la creación de empleo actualizar la legislación de los tiempos que corren y garantizar el máximo grado de protección y libertad de todos los argentinos y trabajadores».
Además, enfatizó que el debate no debe considerarse exclusivamente técnico ni abstracto, al señalar que «de poco sirve la más hermosa declaración de derechos si únicamente queda colgada en un cuadro o perdida disposiciones muertas de la ley que no moldean la realidad».
En esa línea, afirmó que «un verdadero derecho laboral es el derecho a tener trabajo», estableciendo el acceso al empleo como eje central del enfoque planteado por el proyecto.
Finalmente, manifestó que el contexto político actual constituye «un momento especial» y señaló que sectores de la ciudadanía «están cansados de los intermediarios en todo sentido», en referencia a demandas sociales vinculadas al funcionamiento del mercado laboral.
También sostuvo que existe una oportunidad histórica para avanzar en reformas estructurales desde el marco del constitucionalismo social, en el contexto de la discusión legislativa vigente.