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    Policiales

    Tiso otra vez noticia policial: ahora por presunta trata de personas

    27 de febrero de 2026
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    Tras el pedido que el fiscal federal Patricio Sabadini solicitó a la jueza de Garantías, Zunilda Niremperger, fue detenido ayer el referente de la organización No al Gatillo Fácil, Raúl Tiso Talavera y de su pareja, Andrea Eugenia L., acusados de captar a una mujer en situación de calle, someterla a trabajo forzoso y vaciar sus cuentas bancarias.

    ENTREGA
    VOLUNTARIA
    Talavera (63) y su pareja (32) se presentaron ayer en el Departamento de Investigaciones Complejas y quedaron inmediatamente detenidos.
    Ambos arribaron cerca de las 15.20 para consultar si existían pedidos de captura hacia ellos, tras haber tomado conocimiento de publicaciones en portales digitales.
    Tras la consulta con el Juzgado Federal interviniente, se dispuso su inmediata detención en el marco de una causa por presunta infracción a los artículos 145 bis y 145 ter del Código Penal, vinculados a la Ley 26842 de Trata de Personas.
    Luego de ser notificados formalmente de la causa, fueron examinados por Medicina Legal y puestos a disposición de la Justicia Federal.
    En el procedimiento intervino el Departamento de Lucha contra la Trata de Personas, con colaboración de Gendarmería Nacional.

    EL CASO
    Una denuncia anónima realizada a fines de septiembre de 2025 ante la Línea 145 destapó un presunto caso de trata de personas con fines de explotación laboral en pleno centro de la capital chaqueña.
    Según pudo saber el portal judicial Litigio, el Ministerio Público Fiscal Federal requirió formalmente ayer la apertura de la instrucción y la inmediata detención de Talavera y L., a quienes acusan de haber mantenido en condiciones de servidumbre a una mujer de 36 años, la que presenta un retraso madurativo.
    De acuerdo con la investigación, la situación se inició hace cuatro años en la plaza 25 de Mayo. Allí, mientras se encontraba en situación de calle la mujer que fue abordada por la pareja, que bajo la promesa de brindarle ayuda, la trasladó a una vivienda ubicada sobre la avenida Nicaragua al 1300, en Resistencia.
    Lo que comenzó como un supuesto gesto solidario -publicó este portal-, sostiene la fiscalía, derivó en un esquema de explotación. Según el requerimiento, la víctima era obligada a realizar tareas domésticas -cocinar, lavar y limpiar- para los habitantes del domicilio, sin percibir remuneración.
    Durante la entrevista mantenida con profesionales del Punto Focal de la Subsecretaría de Género del Chaco, la supuesta víctima expresó que durante su permanencia en la vivienda de los Talavera se encontraba en «buenas condiciones de habitabilidad e higiene», que «no recibía malos tratos», tampoco estaba encerrada y que «podía salir cuando deseaba».
    A fines de septiembre de 2025, según la denuncia, la pareja le habría avisado que próximamente sería trasladada a un campo para convivir con un desconocido a cambio de dinero que supuestamente recibiría Talavera. Frente a esa situación, decidió huir de la casa del matrimonio sin llevarse sus pertenencias.
    Los acusados también habrían retenido su tarjeta de débito para cobrar una pensión provincial y gestionaron préstamos bancarios a su nombre sin su consentimiento, de acuerdo a la denuncia.
    El dictamen fiscal se apoya en informes del Departamento de Lucha contra la Trata de Personas y en peritajes bancarios que confirmarían el vaciamiento de sus fondos. Entre enero y noviembre de 2025, se registraron transferencias desde la cuenta de la víctima hacia la de L. por un total de $1.023.521,98.
    «No existe explicación lógica que permita justificar por qué una persona que trabajaba realizando tareas domésticas debería transferir dinero a sus supuestos empleadores, en vez de recibir un pago», señala el requerimento fiscal.
    La fiscalía imputó a Talavera y a L. del delito de trata de personas con fines de explotación laboral, agravado por el abuso de una situación de vulnerabilidad y por haberse concretado la explotación.
    Junto con el pedido de detención, el fiscal solicitó el allanamiento del domicilio de la avenida Nicaragua, con el objetivo de secuestrar documentación y tarjetas de cobro que pertenecerían a la víctima y que, según la investigación, aún estarían en poder de los acusados.
    En octubre del año pasado, tras conocerse la denuncia de la mujer, Talavera brindó una entrevista al canal estatal «Somos uno» donde negó las imputaciones en su contra. Aseguró que la mujer convivía con él por voluntad propia. «Ella vivía con nosotros porque quería. No tenía dónde ir, por eso estaba en casa», afirmó.

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